Fiscalía cubana pide hasta 30 años de prisión para 30 acusados de un presunto plan armado

La mayor sanción fue solicitada para Ardenys García Álvarez, quien permanece bajo prisión preventiva desde finales de octubre de 2023, cuando fue capturado tras arribar a la costa de Matanzas a bordo de una moto acuática. De acuerdo con la acusación, transportaba cinco pistolas, municiones, armas blancas y equipos de radiocomunicación que serían utilizados para establecer células clandestinas en Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas y Santiago de Cuba.

El documento sostiene que la operación respondía a una estrategia impulsada por la organización La Nueva Nación Cubana en Armas, encabezada desde Estados Unidos por William Cabrera González, incluido por el régimen en su lista de personas vinculadas al terrorismo. La investigación también relaciona con el caso a la agrupación Auto Defensa del Pueblo.

Según la versión de la Fiscalía, García Álvarez recibió entrenamiento militar en Florida antes de viajar a la isla. Asimismo, asegura que el grupo pretendía reclutar colaboradores, distribuir armamento y organizar una estructura con capacidad para actuar en diferentes territorios del país.

El escrito acusa a los procesados de planificar atentados contra integrantes del Ministerio del Interior (MININT) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), además de sabotajes contra cañaverales, instalaciones turísticas y otros objetivos considerados estratégicos. También les atribuye la recopilación de información sobre unidades militares y residencias de altos mandos, así como la obtención de recursos económicos para sostener la supuesta operación.

Los 30 encausados enfrentan cargos por terrorismo, delitos contra el orden constitucional, espionaje, portación y tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de divisas y salida ilegal del territorio nacional. Para varios de los señalados como principales colaboradores, el Ministerio Público pidió penas de entre 10 y 25 años de privación de libertad, además del decomiso de los bienes ocupados durante la investigación.

Aunque la acusación describe una estructura que, presuntamente, buscaba desarrollar acciones violentas dentro de Cuba, el expediente no precisa si alguno de los hechos atribuidos llegó a concretarse antes de la intervención de las autoridades.

El caso adquirió notoriedad pública en julio de 2024, cuando el régimen lo presentó en el programa oficialista Razones de Cuba, donde difundió imágenes del armamento ocupado y declaraciones del principal acusado. Esa exposición ocurrió antes de la celebración del juicio, cuya fecha aún no ha sido anunciada.

La petición conocida ahora constituye la solicitud formal de la Fiscalía y no representa una sentencia definitiva. Será el tribunal competente el encargado de valorar las pruebas, determinar la responsabilidad individual de cada acusado y decidir si acoge o modifica las sanciones propuestas por el Ministerio Público.

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