Hijo del expresidente de Ecuador, Abdala Bucaram, detenido por conspiración por traficar cocaína y armas ilícitas

NUEVA YORK- El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, anunciaron el 6 de noviembre de 2026 el desellado de cargos y la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos acusados de conspirar durante más de una década para importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.

Entre los acusados figura el hijo del expresidente de Ecuador, Abdala Bucaram, Jacobo Bucaram-Pulley, junto a un exmiembro de la Asamblea Nacional del Ecuador, un exalcalde y actual candidato a alcalde, y otros supuestos narcotraficantes de alto perfil.

Según la acusación, desempeñaron un papel clave en convertir a Ecuador en un importante centro de tránsito para aproximadamente el 70% de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa.

El expresidente Abdala Bucaram ha estado amenazando abiertamente, a través de la red social X, a aquellos que nombra sus "enemigos" por la detención de su hijo por parte de las autoridades estadounidenses.

Los cinco imputados, todos de Ecuador, son:

• Jaime Estrada Medranda, 41 años: exasambleísta por un distrito de la provincia de Manabí que incluye la ciudad costera de Manta, un centro de la industria del atún y sede de uno de los principales puertos del país.

• Jaime Estrada Bonilla, 71 años: padre de Medranda; exalcalde de Manta, actual candidato a esa alcaldía y expresidente de la Autoridad Portuaria de Manta.

• Jacobo Abdala Bucaram-Pulley, 48 años: hijo del expresidente Abdalá Bucaram e identificado como presunto traficante de drogas y armas.

• Geovanny Fernández Menéndez, 53 años.

• William José Briones López, 47 años.

Según el auto de acusación de la DEA, Medranda y Bonilla colaboraron durante años con algunos de los narcotraficantes más importantes y violentos de la región, incluidos líderes de organizaciones como Los Choneros y Los Lobos (designadas como organizaciones terroristas extranjeras), para enviar cantidades masivas de cocaína desde Ecuador. Gran parte de la droga procedía de grupos paramilitares que operan en las selvas de Colombia.

Los acusados presuntamente utilizaban su empresa de productos del mar para camuflar la cocaína en envíos de atún y otras mercancías. Para reducir el riesgo personal, recurrían a intermediarios de confianza que se reunían con narcotraficantes, recibían pagos y coordinaban la logística de recepción, embalaje y contrabando.

Un ejemplo citado en la acusación: alrededor de 2026, Medranda y Bonilla enviaron a Fernández Menéndez y Briones López a reunirse con Bucaram-Pulley para negociar la exportación de un supuesto cargamento de dos toneladas de cocaína desde Ecuador a México, con destino final a Estados Unidos.

Los cinco enfrentan cargos de:

• Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos (pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y máxima de cadena perpetua).

  • Posesión de ametralladoras (mínima obligatoria de 30 años y máxima de cadena perpetua).

  • Conspiración para poseer ametralladoras.

El fiscal McDonald elogió los esfuerzos de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, las oficinas de la DEA en Quito y Ciudad de Panamá, y el Departamento de Estado de EEUU.

McDonald afirmó: «Los cargos anunciados hoy representan un esfuerzo coordinado para desmantelar la corrupción política y el tráfico de estupefacientes que han causado estragos en el Ecuador y han asolado al país con una violencia creciente en los últimos años. Tal y como se alega en el auto de acusación, los acusados desempeñaron un papel fundamental a la hora de convertir al país en un importante centro de tránsito para el 70 % de la cocaína que llega a Estados Unidos y a Europa».

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, declaró: «La influencia política, los recursos financieros y las conexiones poderosas no sitúan a nadie fuera del alcance de la justicia estadounidense. Quienes se aprovechan de negocios legítimos para transportar cocaína hacia nuestras comunidades deben comprender que la DEA seguirá las pruebas, desenmascarará sus redes y colaborará con nuestros socios internacionales para llevarlos ante los tribunales».

Este caso ilustra, según las autoridades estadounidenses, las alianzas entre políticos y narcotraficantes a gran escala que han contribuido al deterioro de la seguridad interna de Ecuador y a la corrupción de sus sistemas políticos. La investigación y las detenciones se enmarcan en esfuerzos bilaterales de EEUU. y Ecuador contra el tráfico internacional de drogas

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