Investidura de Bernardo Arévalo en Guatemala continúa en confusión y controversia

Arévalo, sociólogo y escritor guatemalteco, de 64 años, resultó victorioso con 58% de los votos el pasado 20 de agosto, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con una campaña anticorrupción, al derrotar a la exprimera dama Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza.

Sin embargo, pese a su victoria, las dudas sobre el traspaso del poder y el respeto a la voluntad del pueblo en las urnas se ciernen sobre Guatemala. Puesto que luego de la segunda vuelta de las elecciones en ese país, la Fiscalía ha emprendido algunas acciones en torno al proceso electoral, que iniciaron durante la primera vuelta, y no prosperaron sino al finalizar la segunda jornada de votación. Entre estas, la cancelación del partido Semilla al que pertenece Arévalo, alegando un caso de supuestas firmas falsas utilizadas hace cuatro años para constituir la agrupación política.

Suspensión que responde a la orden que dictó el juez penal Fredy Orellana a pedido del fiscal Rafael Curruchiche, quien dirige varias investigaciones contra opositores y operadores de justicia anticorrupción en el exilio. Aunque es provisional, luego de que el Tribunal Electoral desactivara la suspensión de Semilla hasta el 31 de octubre, cuando concluye el proceso electoral.

El analista político guatemalteco, Manfredo Marroquín, fundador de la organización Acción Ciudadana, capítulo de transparencia de Guatemala señaló en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que “el objetivo de estos poderes es impedir que [Arévalo] tome posesión, cosa que veo difícil que logren. De lograrlo, prácticamente estaríamos entrando en una dictadura, o un Gobierno autoritario que violenta el proceso electoral, similar a lo que pasa en Nicaragua”.

En tal sentido, la periodista guatemalteca de France 24, experta en política, Aurore Bayoud, al ser consultada explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que las investigaciones en curso están dirigidas al partido Semilla, no a la persona de Bernardo Arévalo. “Por lo tanto, a quienes más afecta realmente es a los diputados de este movimiento, debido a que estas acciones les limita su función en el Congreso”.

“Golpe de Estado”

Arévalo denunció el pasado 1 de septiembre esta intención de un grupo de políticos y funcionarios de impedir la toma de posesión de las autoridades electas, lo cual calificó como un “golpe de Estado en marcha”, señalando a la fiscal general Consuelo Porras como principal ejecutora.

Marroquín enfatizó que a tres meses de que tome posesión el nuevo Gobierno, la situación sigue siendo bastante “tensa, convulsa y confusa”. “Dado los intentos de lo que en Guatemala llamamos el "Pacto de Corruptos", que es la alianza de los tres poderes que gobiernan el Estado, y tienen un plan para terminar con los resultados de las elecciones, utilizando la herramienta de montar casos falsos y perseguir a opositores, líderes de la sociedad civil y periodistas".

Retos

Al mismo tiempo, el presidente electo se enfrenta a grandes retos, tanto para llegar al traspaso de poderes el 14 de enero, como para gobernar después. Los ataques legales podrían continuar en 2023 y prolongarse hasta la asunción, e incluso persistir.

El analista político destacó que el presidente Arévalo “tomará posesión del poder en una situación muy compleja”, con una minoría en el Congreso con 23 diputados de 160, de los cuales 5 fueron declarados como “independientes". Además del desconocimiento de la bancada del Movimiento Semilla, que le impedirá la posibilidad de integrar comisiones legislativas y ocupar escaños en la directiva del legislativo.

Transición de poder

En medio de gran expectación en la nación suramericana, se dio inicio al proceso de transición de poder, con una reunión privada entre el presidente electo, Bernardo Arévalo y el presidente saliente, Alejandro Giammattei, que contó con la participación del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Donde se discutió el cronograma de transición y la metodología que se empleará para el proceso que durará al menos cuatro meses.

Protestas

Esta etapa ha estado antecedida de una serie de protestas en todo el país, que terminaron en un paro nacional indefinido iniciado este lunes 2 de octubre por líderes indígenas, para exigir la renuncia concretamente de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchinche y el juez Fredy Orellana, acusados de querer alterar los resultados de las elecciones presidenciales.

En relación con esto, Manfredo Marroquín expresó que “hoy en día, hay una presión y un descontento muy fuerte contra el Gobierno. La mayoría de las carreteras del país están bloqueadas por manifestantes originarios de pueblos indígenas, por lo que lo que sucederá en el país se va a definir en las manifestaciones y en las calles.”.

Apoyo de población e internacional

La periodista Aurore Bayoud resaltó que el presidente Arévalo tiene el apoyo de la población, "que se demostró en las urnas y con el paro nacional que inició en el país. Y aunque no sé si será suficiente para que se ratifique su estatus como presidente y sea respetada la decisión del pueblo, también tiene el respaldo de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, la OEA y muchos países que han manifestado su apoyo públicamente”.

Mientras que, Marroquín aseveró que, para lograr gobernar con cierta estabilidad, Arévalo tendrá que mantener el apoyo social y de la comunidad internacional que tiene en este momento, de lo contrario, se le dificultará mucho. "Sin embargo, esperamos que esa presión nacional e internacional que lo favorece provoque la salida de la fiscal que está actuando ilegal e inconstitucionalmente, usando el poder de Estado”, precisó.

@Lydr05

 NULL