Caso Anna Bensi: la visita de Mike Hammer vuelve a poner el foco en la represión en Cuba

La representación estadounidense enfatizó que la libre manifestación de opiniones, las creencias religiosas y los valores cristianos no constituyen delito alguno bajo los estándares internacionales de derechos humanos.

La misión diplomática también cuestionó además el accionar de los agentes del Estado de la dictadura que operan sin uniforme e identidades visibles para amedrentar a los ciudadanos, contrapuesto al uso sistemático de grabaciones e informantes contra la población civil.

Al igual que otras misiones diplomáticas acreditadas en la isla, EEUU se mantiene tomando nota de los abusos cometidos contra miembros de la sociedad civil y defensores de libertades fundamentales.

La visita de Hammer a Benítez Silvente se suma a los gestos de fiscalización y acompañamiento directo a opositores, activistas y familias de presos políticos por parte de la diplomacia estadounidense en La Habana, reafirmando el compromiso de Washington con el respeto a los derechos civiles y las libertades individuales en la nación caribeña.

Régimen cubano condena a Anna Bensi y su madre a dos años de limitación de libertad

El Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este condenó este jueves 1 de octubre a Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en las redes sociales como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente Laffita, a dos años de limitación de libertad para cada una. La activista comunicó el resultado al salir de la sede judicial, en Cojímar, donde fueron juzgadas por grabar y divulgar la visita de un agente policial a su vivienda.

“Nos declararon culpables a mi mamá y a mí”, manifestó la joven, que calificó la decisión de “una injusticia”. El fallo fue anunciado oralmente y ambas esperan recibir la sentencia escrita.

La responsabilidad de esta persecución recae en el régimen cubano, cuyas instituciones convierten la documentación de una actuación policial en motivo de castigo y extienden la presión a familiares y personas solidarias. Cubalex ha señalado que esta es una práctica de criminalización destinada a silenciar las críticas y proteger de la fiscalización ciudadana a los agentes del Estado.

En declaraciones públicas al concluir la vista, que duró alrededor de cuatro horas, el abogado defensor Roberto Ortega Ortiz explicó que la resolución se notificará en unos 15 días. A partir de entonces, las sancionadas dispondrán de diez días hábiles para apelar. Presentar el recurso dependerá de lo que decidan ellas, precisó.

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