Navidad con presos políticos en Nicaragua

A Maycol la Policía lo detuvo el 25 de diciembre de 2018, fue condenado a ocho años de prisión, es uno de los presos políticos que lleva más tiempo en la cárcel y no recibió el “beneficio” de la Ley de Amnistía que aprobó la dictadura de Ortega para proteger a funcionarios, policías y paramilitares con responsabilidad por los asesinatos cometidos durante la represión gubernamental que dejó un saldo de 325 muertos más de 2.000 heridos, más de 700 presos y 100 mil exiliados.

A Maycol el régimen lo acusa de “tentativa” de homicidio contra un agente de la policía y de “obstrucción” de funciones. Pero su madre, Maritza Arce, niega la versión, asegura que la policía acosaba a su hijo porque no aceptó ser paramilitar.

Jaime Navarrete también pasará por tercer año consecutivo preso en Navidad en una celda de máxima seguridad en el penal La Modelo. Navarrete es uno de los presos políticos que fue liberado el 10 de junio de 2019, a través de la llamada “ley de Amnistía”, pero fue encarcelado nuevamente un mes más tarde tras los constantes acosos de la policía que él logró documentar antes de ser detenido.

La primera vez la Policía lo acusó de “golpista”, así les llama a los opositores al régimen. En la segunda detención “le fabricaron una nueva causa: drogas y armas”, sostiene Margine Blandón, madre de Navarrete.

Esa es la estrategia del régimen, acusar por “drogas” a los presos políticos que recibieron “amnistía” para volverlos a encerrar. También para encarcelar a los exiliados que han retornado al país, afirmó la asesora legal del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, Yonarqui Martínez.

“No lo dejaron en paz desde que salió de la cárcel hasta que se lo volvieron a llevar preso”, relató Blandón, ciudadana estadounidense de origen nicaragüense.

Navarrete fue condenado a tres años y medio de cárcel. La primera vez fue sentenciado a ocho años de prisión, ha sido torturado con fuertes golpizas que le han deformado la nariz, Ha sido sometido a violencia sexual, una práctica que el régimen aplica de distintas formas a los presos políticos, revelan investigaciones periodísticas y organismos de derechos humanos.

Las organizaciones de familiares de presos políticos promueven la campaña “Navidad sin presos políticos” con el fin de lograr la libertad de los reos de conciencia, incluidos dos que padecen cáncer, pero el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se muestra indolente ante la súplica de los familiares de los privados de libertad.

En una reciente conferencia de prensa, las organizaciones por la libertad de los presos políticos revelaron que uno de los afectados con cáncer requiere de cirugía, mientras el segundo padece cáncer en los huesos.

“Mi hijo era el sostén económico”

A Maycol el régimen lo acusa de “tentativa de homicidio” en contra de un oficial y obstrucción a la justicia. “Cuando fue el oficial que golpeó a mi hijo y lo arrastró durante dos cuadras (calles), la casa de mi mamá la invadieron de policías y lo golpearon”, relató Maritza Arce, madre de Maycol.

Maritza dijo que la persecución contra su hijo inició cuando rehusó a ser contratado como paramilitar. “Mi hijo les dijo que él no iba a ir a matar estudiantes por 200 córdobas. De ahí vino todo porque él no aceptó andar matando a los estudiantes, de ahí vino esa rencilla contra mi hijo”, dijo con voz entrecortada.

La policía ha sido señalada de contratar a paramilitares afines al régimen que operaban en conjunto en la represión contra la población.

Pero no solo detuvieron a su hijo, también su hermano Julio Arce fue secuestrado por la policía. Julio fue condenado a tres años de prisión, mientras Maycol a 8 años. Julio fue liberado en junio de 2019 a través de la ley de Amnistía.

“En la cárcel de la policía de Tipitapa fue sometido a golpizas por el oficial Omar López. Él está enfermo, le fracturaron la mandíbula de los golpes y la policía nunca lo ha querido remitir a medicina legal, a él se le han ido aflojando los dientes de esa lesión que le hicieron”, sostiene.

Maycol es mecánico agrícola, es padre de dos menores de edad, una niña de 7 años y un niño de dos años que criaba solo, ahora están con su madre. Maycol era el sostén económico de su hogar. Maritza perdió su empleo como operaria en la Zona Franca producto de los recortes por causa de la pandemia. Ahora ella sobrevive de la ayuda que le dan algunas personas.

Sostiene que con dos niños es mucho más difícil sobrevivir porque a ellos no se les puede decir que no hay comida cuando el hambre aprieta.

La situación se hace más difícil para esta mujer cuando le toca visita en el penal a su hijo Maycol. Un par de veces ha ido a visitarlo con las manos vacías porque no tiene para comprar alimentos, ella prioriza la comida de los niños. El encarcelamiento de su hijo, la pérdida de su empleo, estar a cargo del sustento de dos niños y los gastos del hogar le mantienen bajo estrés constante.

“Pido que liberen a mi hijo, ya son tres fechas de Navidad en la cárcel, sus niños están pequeños y sufren por él, era el sustento de su casa, mi hijo no es ningún vago, es un hombre trabajador que no tiene ningún vicio, ni récord policial”.

Maritza, que reside en Tipitapa, asegura que Maycol ganaba bien y en su casa no había carencias. Ella pide ayuda a quienes puedan tenderle una mano en esta situación de crisis o con un empleo.

“El deseo de muchos niños esta navidad es tener a sus padres y madres en casa, familias separadas por la dictadura Ortega-Murillo que sufren y claman por justicia en esta Navidad”, publicó en las redes sociales la Unión de presas y presos políticos nicaragüenses.

EEUU más presión a Ortega

El subsecretario de Estado Interino para Asuntos del hemisferio occidental, Michael G. Kozak, dijo que EEUU está dispuesto y preparado para “incrementar la presión sobre el régimen de Ortega con el fin de propiciar las reformas electorales que merece el pueblo nicaragüense”.

Kozak mencionó que, hasta la fecha, las sanciones estadounidenses han bloqueado a 24 miembros del régimen de Ortega, así como a nueve entidades que ha usado el régimen para reprimir a sus ciudadanos y esconder ganancias de origen espurio, y entre estas entidades se incluye la Policía Nacional de Nicaragua.

“Seguiremos empleando estas y otras herramientas con las que contemos hasta que veamos que se promulgue una reforma electoral genuina para permitir elecciones libres y justas, el fin de la represión y la liberación incondicional de los presos políticos en Nicaragua”, dijo Kozak.

@FloresJudith7
Jflores@diariolasamericas.com

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