A la lista del Instituto Casla hay que agregarle los cinco detenidos del jueves 9 de abril que manifestaban en la protesta de trabajadores por salarios dignos
El Instituto Casla critica la discreccionalidad de la Ley de Anmistía en Venezuela (Comité por la libertada de los presos políticos)
Comité por la Libertad de los Presos PolíticosMIAMI.- El Instituto Casla publicó, el miércoles 8 de abril, una carta sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, acompañada de una lista actualizada de presos políticos que contabiliza 635 personas detenidas y 748 excarceladas.
A esta cifra habría que agregarle los cincos detenidos el jueves 9 de abril que participaron en la manifestación que se dirigía a Miraflores (Palacio Presidencial), para exigir salarios dignos y que fue reprimida por los órganos policiales.
Estas personas están recluidas en la sede la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Maripérez (norte-centro de Caracas). Son ellos: Ort Betancourt; César Gómez; Adrián Balza; Tonny Zapata y un nombre que falta por confirmar.
En relación con la Ley de Amnistía, Casla advierte que presenta “profundas inconsistencias” y ha derivado en un mecanismo que, lejos de resolver la situación, administra de manera selectiva la persecución.
A juicio de Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, la aplicación discrecional por parte de los mismos órganos señalados de persecución política desvirtúa el propósito del instrumento legal.
En el texto se destaca que excluye los casos de militares y de personas acusadas por delitos como “terrorismo” o “incitación al odio”.
Sujú advirtió que esta situación evidencia la "continuidad de patrones de represión sistemática".
La abogada también expresó preocupación porque la amnistía no reconoce la existencia de los "crímenes ejecutados por la estructura criminal".
La carta sostiene que el instrumento promovido por el gobierno interino de Delcy Rodríguez no reconoce ni aborda los crímenes cometidos por estructuras estatales, incluidos aquellos que podrían calificarse como de lesa humanidad. En consecuencia, advierte sobre el riesgo de que causas relacionadas con violaciones graves, como la tortura, sean archivadas sin investigación.
"La amnistía fue dictada por un órgano carente de legitimidad de origen y ejercicio, por lo que las normas emanadas de dicho órgano, especialmente sobre derechos fundamentales, está seriamente comprometida", subrayó Sujú.
La lista presentada por la organización incluye al menos 635 presos políticos, entre ellos 11 abogados, como Perkins Rocha, integrante del equipo legal de la líder de la oposición María Corina Machado.
Asimismo, documenta la existencia de siete personas desaparecidas sin respuesta oficial por parte del Estado. Entre estos casos figuran el de Alcides Mora (2015), el del teniente coronel Juan Hurtado (2018), Hugo Marino (2019) y, más recientemente, Víctor Quero y Jorge Guanare.
El informe dedica especial atención a los militares detenidos. Señala que la lista está encabezada por seis generales (2 de división y cuatro de brigada), y recoge también 19 coroneles, 20 comandantes, además de oficiales de menor rango y tropa profesional.
La directora de Casla subraya que estos casos carecen de acceso a beneficios procesales, y en la práctica tampoco, son considerados para medidas de amnistía.
Entre los expedientes mencionados destaca el del general Edgar Bolívar, vinculado a los hechos de Plaza Altamira, quien tras haber sido beneficiado por la amnistía de 2007 fue detenido nuevamente en 2015. De acuerdo con el informe, permanece desde entonces en fase de juicio bajo arresto domiciliario, acumulando más de una década sin resolución definitiva.
El documento también evidencia la situación de las mujeres detenidas. De acuerdo con el reporte de Casla, al menos 15 militares privadas de libertad son mujeres.
En el total de casos se identifica a una menor de edad, Samantha Hernández, así como a tres mujeres de entre 69 y 72 años de edad, familiares de militares perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro.
El instituto recomienda la adopción de medidas urgentes que garanticen la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Asimismo, plantea el uso de mecanismos como el indulto para personas con sentencia firme y el sobreseimiento en los casos en proceso.
“La libertad de todos los presos políticos debe ser incondicional y primordial, antes de seguir avanzando en el cumplimiento de las etapas que deberían marcar el retorno de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”, expresó Sujú.
La publicación de la carta coincide con momentos de alta tensión política y social, cuando organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de revisar y modificar la Ley de Amnistía que, según denuncian, lejos de garantizar justicia, perpetúa mecanismos de control y exclusión.
FUENTE: Con información del Instituto Casla y El Nacional
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