Nicolás Maduro no tiene inmunidad en EEUU, podría encarar cadena perpetua

Sostiene hechos e operaciones criminales y violaciones de derechos humanos sin precedentes que se le atribuyen a ambos.

La pareja, durante su cuestionado mandato, se organizó para favorecer la exportación de cocaína, la posesión de armas de destrucción masiva y la corrupción en general con funcionarios cercanos. Además, para entronizarse en el poder, establecieron un régimen de terror con prácticas de tortura y asesinatos de disidentes, según se desprende del escrito fiscal llevado ante el juez federal Alvin Hellerstein.

Aun cuando los cargos pueden significar cadena perpetua para la pareja que encabezó el régimen autocrático, el documento encierra “varias lecturas” que sugieren otros escenarios en el contexto de la compleja relación entre Washington y Caracas, según el abogado Omar Estacio, experto en procesos penales estadounidenses.

El penalista evaluó si la acusación fiscal agrava aún más la complicada situación judicial de Maduro y Flores en EEUU, y si pudiera significar realmente una prisión por el resto de sus vidas, tras un proceso penal con nuevos cargos, que hora, puede prolongarse.

“Lo más seguro es que esto provoque una nueva dilación del proceso y se alargue. Es probable que la próxima audiencia ya no sea para junio de 2027 como había programado el juez Hellerstein”, anticipa.

El caso corre paralelo a la investigación judicial en Miami contra los empresarios colombianos Álex Saab y Álvaro Pulido (Germán Rubio es su nombre real), ambos oscuros operadores financistas del régimen de Maduro, por lavado de dinero.

La acusación contra Maduro y Flores

Maduro y Flores, encausados por la justicia estadounidense desde su captura en territorio venezolano —en enero pasado— por conspiración en narcotráfico, entre otros delitos federales, fueron nuevamente acusados el 8 de octubre.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, James M. McDonald, imputó al depuesto autócrata y a su esposa por conspiración para cometer torturas, según informó en conferencia de prensa al salir del tribunal de Nueva York, un nuevo cargo en la gruesa acusación.

Denunció que Maduro y Flores recurrieron al asesinato, a la tortura con descargas eléctricas, la asfixia, y abusos sistemáticos para "silenciar a la oposición política" durante más de dos décadas.

Aunque McDonald no dio detalles, en el expediente se citan los casos de varios de los 12 ciudadanos estadounidenses detenidos en forma arbitraria en Venezuela y luego liberados a través de un intercambio de prisioneros entre 2023 y 2025, quienes habrían sido torturados.

“Pasé 120 días detenido por ser ciudadano americano, 120 días sin ducharme, 120 días defecándome y orinándome encima, 120 días de hambre", dijo luego el americano Edgar Marval, que llevó su caso al Comité de Naciones Unidas contra la Tortura en Suiza. Y estaría citado en la acusación.

Marval junto a los otros estadounidenses liberados —Jerrel Kenemore y a Jason Saad— presentaron en 2025 una demanda civil en contra de Maduro y varios miembros de su régimen en Florida por haber sido secuestrados y torturados en 2023.

Además, se mencionan los asesinatos —sin sus nombres— del dirigente opositor venezolano Fernando Albán, quien fue lanzado del piso 11 del edificio del SEBIN donde se encontraba detenido, el 8 de octubre de 2018; y también de Oscar Pérez, exinspector de policía, que fue masacrado junto a siete miembros de su grupo, en una operación policial el 15 de enero de ese mismo año en El Junquito, Caracas.

También se hace “un retrato hablado” del caso del supuesto intento de magnicidio de Maduro con un dron en el que el régimen implicó a un diputado opositor detenido en agosto de 2018 y que fue presentado en un video semidesnudo y “drogado”, para amedrentar.

El expediente recoge casos de tortura como “política” de Maduro al frente del Estado venezolano.

La grave acusación también se amplía contra Flores por el delito de conspiración en narcoterrorismo, un cargo que era exclusivo de Maduro en las imputaciones fiscales desde 2021.

El Departamento de Justicia de EEUU lo define como la participación de organizaciones terroristas y grupos vinculados al tráfico de drogas que emplean dinero del narcotráfico para ejercer presión militar, política y económica, y lo considera un problema de grave implicación internacional.

Tortura contra estadounidenses

Estacio explica que los cargos de conspiración para la tortura contra Maduro y Flores tienen como “eje central que ellos ordenaron las prácticas de tortura directamente”, y cobran prioridad los casos de los estadounidenses.

Y en nada sugiere que el autócrata actuó como jefe de Estado o presidente, un argumento que la defensa podría aprovechar.

“EEUU es parte de la Convención Internacional contra la Tortura y, sobre todo, en los organismos que en Naciones Unidas se ocupan de ese tipo de delitos existe la figura de una autoría mediata cuando determinada persona tiene dominio de un aparato organizado de poder y esa tortura se produciría dentro de ese aparato que ella domina”.

Con ello, queda descartado que Maduro operó como jefe de Estado y se reafirma que EEUU no lo reconoce como tal.

El gobierno de Trump ha vuelto a aclararlo. El 2 de octubre, Juan Pablo Segura, secretario asistente de Asuntos Hemisféricos, emitió un documento en el que ratifica la posición oficial categórica del Departamento de Estado desde 2019: Maduro no es reconocido como jefe de Estado venezolano, por lo cual carece de inmunidad, una prerrogativa que no hizo valer la sucesora Delcy Rodríguez.

Además, el delito de tortura no podría ser cuestionado procedimentalmente.

“Si Maduro hubiese sido entregado con un procedimiento de extradición, no podría ser juzgado por un delito diferente a aquellos por los cuales fue capturado. Él no fue extraditado ni entre los cargos estaba la conspiración para la tortura, entonces la justicia norteamericana puede afirmar su competencia, como lo está haciendo, cuando es un delito grave y cuando particularmente el autor del delito está en territorio americano”, explica Estacio.

Lecturas de la acusación

En este contexto, el penalista sostiene que la acusación fiscal puede tener varias lecturas a partir de posibles estrategias que emplea la Fiscalía para negociar en busca de objetivos.

“Una lectura puede ser que la nueva acusación sea un elemento de presión para que se den cuenta que ahora enfrentan otros cargos igualmente graves y que a lo mejor tienen una fortaleza aprobatoria más contundente, y se declaren culpables”.

“Quizá desde que Maduro y Flores están detenidos, los fiscales pueden haberle expresado legalmente a los defensores que, si llegan a aceptar la culpabilidad, puede celebrarse un acuerdo de aceptación de culpabilidad, y eso representaría una pena menos grave”, refiere.

Otra lectura, agrega el abogado, es que la Fiscalía considere que, ante la posibilidad de que Maduro y Flores van a obtener una sentencia de no culpabilidad, habría que agregar el nuevo delito “que evidentemente tiene pruebas distintas”.

“Por ejemplo, las declaraciones de los dos testigos que están colaborando con una supuesta posesión de hasta instrucciones escritas y órdenes directas, apunta a una certeza probatoria sólida. Cualquier deficiencia en las otras acusaciones puede subsanarse con esta nueva acusación”.

Explica que cuando hay dos tipos de delitos graves, como en este caso, la aplicación de la pena no es conjunta, no se permite la acumulación o el cumplimiento simultáneo de la sanción, lo que podría suponer una segura cadena perpetua.

“Seguro está el cielo”, ataja. “En EEUU la Fiscalía tiene amplios poderes acusatorios y también puede retirar la acusación, al contrario de otros sistemas jurídicos, y también puede hacerlo a veces como elemento de negociación, bien sea retirar un cargo para buscar la declaración de culpabilidad o buscar que la persona se declare culpable para reducir la pena”.

“Hay una cantidad de matices importantes”, agrega.

Estacio precisa que pueden no estar suficientemente probados, como se ha especulado, algunos de los hechos atribuidos a Maduro, Flores y sus funcionarios como el de la relación estrecha de estos con las guerrillas colombianas ELN y FARC, organizaciones que operan con el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana.

“Pero están alegados. Eso está muy claro”.

Los otros acusados

En la acusación ampliada contra Maduro y Flores participaron dos testigos quienes dicen poseer hasta de órdenes escritas de represión a opositores y, aunque no están identificados, Estacio estima que por “su narrativa” son los exjefes de inteligencia Hugo “Pollo” Carvajal y Clíver Alcalá, los dos condenados en EEUU por narcotráfico.

Carvajal, jefe del Cartel de los Soles según EEUU, ha dejado saber que puede colaborar con información detallada sobre operaciones del régimen de Maduro, para la justicia.

“Es una sospecha porque ellos no le ponen el nombre sino le ponen una sigla”.

También aparecen las siglas CC1, CC2 y CC3 como “co acusados” en el expediente. Y se trataría de los militares Diosdado Cabello, Iván Hernández Dala y Alexander Granko, según publicaciones basadas en fuentes de inteligencia americanas.

El escrito afirma que CC1 viajaba a pistas clandestinas controladas por el ELN para garantizar el paso de cocaína (a Venezuela), lo que coincide con una información del Departamento de justicia que identifica directamente a Cabello en ese mismo hecho.

Las siglas CC2 se usan para mencionar al general Hernández Dala, director de la temible DIGCIM desde 2014, señalada de torturas feroces a civiles y militares, y actual presidente de la estatal telefónica CANTV desde 2024.

A la CC3 se le atribuye la operación militar que mató al inspector de policía Óscar Pérez, mencionado como “Official-4” y miembros de su equipo, perseguidos y atrincherados en una casa en El Junquito, en Caracas, el 15 de enero de 2018. La acción estuvo dirigida por Granko, jefe de la DIGCIM.

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FUENTE: Entrevista al abogado penalista Omar Estacio, experto en procesos en EEUU; con información de bbc.com