Perú: ¿Por qué se investiga al presidente Pedro Castillo?

Castillo es el primer mandatario de origen campesino en 200 años de república de Perú y llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción, delito por el que casi todos los presidentes de las últimas dos décadas han sido investigados.

En paralelo a las investigaciones en su contra, por supuestamente encabezar una organización criminal para obtener beneficios personales, la Fiscalía de Perú también investiga a fondo el círculo íntimo del presidente.

Las autoridades señalan a la primera dama y a la hermana de ésta de ser parte del grupo que dirigiría Castillo, lo que el mandatario niega.

Autoridades ingresaron sorpresivamente hace dos semanas al palacio presidencial para detener a la cuñada del presidente, Yenifer Paredes. Buscaron incluso debajo de la cama del mandatario y en los armarios de la alcoba presidencial, según un acta de allanamiento a la que tuvo acceso The Associated Press.

La joven se entregó un día después y la investigación continúa.

La Fiscalía también pidió prohibir la salida del país de la esposa del mandatario.

¿Se puede investigar y detener a un presidente en funciones en Perú?

La constitución peruana no indica de manera específica si se puede investigar preliminarmente a un presidente en funciones, y hasta este gobierno no se había iniciado ninguna indagatoria contra el mandatario en turno.

El artículo 117 constitucional menciona que un mandatario “sólo puede ser acusado” ante un juez por traición a la Patria, cerrar el parlamento o impedir elecciones.

En las últimas dos décadas, varios fiscales generales —citando el artículo 117— archivaron cinco denuncias para investigar preliminarmente a tres presidentes en funciones.

Todo cambió en octubre de 2020 cuando una fiscal general abrió una investigación contra el entonces mandatario Martín Vizcarra, pero la congeló de inmediato hasta que finalizara su periodo presidencial. Vizcarra fue destituido por el Congreso un mes después. Tras dejar el poder, comenzó la investigación.

Con el presidente Castillo fue diferente. La nueva fiscal general de Perú, Patricia Benavides, dijo a inicios de julio que iría “tras la investigación de cualquier acto delictivo ya sea del más poderoso o cualquier ciudadano común” y que la justicia debe ser aplicada “caiga quien caiga”.

La fiscal añadió que las investigaciones se iban a desarrollar “respetando el debido proceso”.

¿De qué se investiga al presidente de Perú?

La Fiscalía sostiene que Castillo es el presunto líder de una organización criminal que cometió diversos delitos. Cinco investigaciones fiscales están ligadas a la presunta existencia de este clan, mientras una sexta apunta a un presunto plagio de su tesis universitaria de maestría.

Las autoridades ya habían iniciado investigaciones a funcionarios de Castillo a finales de 2021, pero no directamente contra el mandatario.

A continuación, un vistazo a las indagatorias:

• —La primera investigación señala a Castillo de tráfico de influencias y organización criminal. La Fiscalía de Perú lo considera el líder de un grupo que favorecía a empresarios de la mano de su exministro de Transportes, Juan Silva, actualmente prófugo. El caso se centra en una licitación que ganó un consorcio en 2021 para construir un puente en la Amazonía. Las autoridades dicen que su prueba principal es el testimonio de un delator que afirma que a fines de 2021 el exministro de Transportes le dijo que el presidente estaba “contento”, luego de que recibió 12.900 dólares en recompensa por entregar la licitación del puente.
• —La segunda indagatoria sostiene que Castillo habría cometido el delito de tráfico de influencias en la compra de biodiésel por 74 millones de dólares. La fiscalía ha señalado que existe la sospecha de que otorgó un contrato de manera irregular porque el presidente se reunió en octubre en el Palacio de Gobierno de Perú con un empresario local que cuatro días después fue favorecido con la adjudicación directa.
• —La tercera es sobre los ascensos en las cúpulas militar y policial, y también señalan al presidente de tráfico de influencias. La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa y su exsecretario personal, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y que habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos. Las pruebas cuentan con declaraciones del exjefe del Ejército, José Vizcarra, quien ha dicho a la fiscalía que recibió presiones para ascender a militares cercanos al gobierno. La televisora Panamericana afirma que el exsecretario personal habría entregado un papel a los fiscales donde Castillo pedía que nombren a un militar en una oficina presidencial, lo cual no ha sido confirmado públicamente por la Fiscalía, aunque la defensa del presidente afirma que falta analizar la caligrafía del presunto papel.
• —La cuarta investigación señala a Castillo de presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento, y está relacionada con el despido el 20 de julio de quien fuera ministro del Interior de Castillo, Mariano González. El exfuncionario dijo a la fiscalía que su salida se produjo porque al mandatario no le gustó que organizara un equipo policial para buscar a dos prófugos cercanos al propio Castillo: uno de sus sobrinos, Fray Vásquez, y al exministro de Transporte, Juan Silva, aún prófugos. Ambos están indagados por el presunto delito de organización criminal.
• —En el quinto caso, la Fiscalía considera a Castillo responsable del delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de organización criminal, como resultado de que el supuesto grupo dirigido por el mandatario peruano buscaba beneficiarse con una serie de licitaciones de obras públicas con dinero del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota. La Fiscalía analiza si un decreto firmado por Castillo para desembolsar más de ocho millones de dólares fue aprovechado por la presunta organización.
• —La sexta investigación aborda el caso que habría ocurrido antes del inicio de su gobierno. La Fiscalía plantea que Castillo y la primera dama plagiaron parte de su tesis de maestría en Educación en 2012. Ambos están investigados por los presuntos delitos de plagio y falsedad genérica. La indagatoria inició luego de que la televisora Panamericana indicara en mayo que el 54% del texto de la tesis de 121 páginas proviene de datos ddos por otros autores. La televisora afirmó que usó un programa computarizado, llamado Turnitin, para detectar plagios.

Si el presidente es finalmente hallado culpable, podría encarar serias condenas: los delitos de organización criminal y contra la tranquilidad pública se castigan con hasta 20 años de cárcel, el encubrimiento con hasta 15 años, el tráfico de influencias y el plagio con hasta ocho años. Las penas no se acumulan y se cumple la más extensa, según las leyes peruanas.

¿Qué pasaría cuando la Fiscalía de Perú termine sus investigaciones?

El artículo 117 de la constitución peruana es claro en este punto y menciona que un mandatario “sólo puede ser acusado” durante su periodo de gobierno ante un juez por los delitos de traición a la Patria, por cerrar el parlamento o por impedir elecciones.

Según dicen, como ninguna de las investigaciones actuales se refiere a traición a la Patria, la Fiscalía sólo podría acusar a Castillo una vez que termine su mandato.

La fiscal tendría que enviar las acusaciones ante una subcomisión del Parlamento y si son aprobadas, entonces un juez podría juzgar al investigado, aseguró la agencia de noticias AP.

El artículo 99 de la Constitución de Perú, establece que un funcionario, incluido el presidente, puede ser acusado de delitos inclusive cinco años después de haber dejado el cargo.

El mandato presidecnial de Pedro Castillo en Perú está previsto que termine el 29 de julio de 2026.

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FUENTE: Con información de AP