Tamara Sujú: Cruz Roja y Casa Blanca, los que pueden mover auxilio para presos políticos

Las más recientes investigaciones desnudaron nuevos métodos “que nunca habíamos registrado” y que causan horror.

“En los últimos días nos hemos enterado de que la enfermería de la cárcel de El Rodeo I hay en una cámara de torturas. Allí entuban a presos políticos por el ano, la nariz y el pene para causar el sufrimiento de desgarre durante tres días. Esa tortura la ejecuta un médico o personas encapuchadas y ponen a otros presos políticos, que han dicho que se van a poner en huelga de hambre, a presenciar cómo entuban al compañero. Y otras cosas maquiavélicas de las cuales nos estamos enterando”, afirma.

A esto se suma las recientes denuncias de tortura física y psicológica a los encarcelados civiles y militares recluidos en los calabozos en el Fuerte Guaicaipuro, ubicado en las afueras de Caracas, las cuales van desde la suspensión prolongada de sus cuerpos hasta la privación “deliberada” de alimentos y de agua, que han dejado muchas consecuencias del horror, según detalla.

“Y no nos olvidemos que muchos de los detenidos excarcelados están saliendo de los centros de tortura con graves secuelas de las que quizás algún día se recuperen o quizás no”, acota. Por eso afirma no creer y descarta cualquier intento de reconciliación nacional, como la que plantea el proyecto de ley de amnistía que se discutía en la Asamblea Nacional.

“No hay convivencia nacional con criminales, eso no existe”, asevera al referirse al texto legal que define como “una cosa maquiavélica”.

“Tú no puedes convivir con personas que han sido altos responsables de la persecución sistemática contra la población civil y militar, y no solo de los crímenes de la inhumanidad, de los que están encarcelados, sino de todos los venezolanos que han huido del país por persecución, por crisis humanitaria. Cualquier venezolano en el mundo tiene hoy en día un pariente lejano o cercano que ha sido de alguna manera perseguido por el régimen”.

Llamado al gobierno de Trump

Sujú, asilada en la República Checa desde 2014 y con nueva orden de arresto desde hace dos años por una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro, insiste en urgir la atención de la comunidad internacional sobre la seria situación de los presos políticos en las cárceles de Venezuela.

Hasta la fecha, más de 600 detenidos en forma arbitraria todavía esperan tras las rejas, donde han permanecido por razones políticas, ser excarcelados a pesar de que ha transcurrido más de un mes que la medida fue anunciada por el régimen, el 7 de enero, en medio de presiones del gobierno de EEUU.

“Yo le he hecho un llamado a los organismos internacionales, como la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Venezolana, que no pueden lavarse la cara ante todo esto pues para eso existe, y también al gobierno de Trump. Ellos son los únicos que realmente pueden mover el auxilio necesario y urgente sobre estas personas”, indica.

Presos políticos sin derechos humanos

En su balance sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la abogada destaca que el panorama cambió después de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero. “Antes de esa fecha no nos hubiéramos imaginado la posibilidad del excarcelamiento de presos políticos y que ayudáramos a todos aquellos encarcelados cuyas familias no habían denunciado sus casos por miedo, amedrentamiento o por intimidación”.

Entre los presos políticos resalta a los militares que fueron involucrados en supuestas conspiraciones “sin ningún tipo de prueba”, por solo rebelarse contra el régimen. Y se refiere al “caso de los comandantes” que califica de “tétrico”.

“Todos los comandantes apresados en mayo de 2018, una época muy importante, todos cumplieron la pena, a pesar de que no eran culpables y los que la cumplieron en Ramo Verde, que dijeron que los iban a excarcelar, fueron trasladados todos, entre gallos de medianoche, al Fuerte Guaicaipuro, a la peor cárcel, en noviembre de 2024”, señala.

Cárceles del horror

Esta prisión militar, la cárcel del Rodeo I y Yare III las cataloga como “cárceles de la tortura y del horror”

“Son espantosas en este momento”, afirma.

A los tratos crueles e inhumanos que describe en el Rodeo I, Sujú agrega la situación pavorosa de los militares llevados a este lugar llamado Centro de Procesados Militares Central (Cenapromil Central), ubicado en el Fuerte Guaicaipuro. Según explica, es un inmenso galpón a la intemperie, sostenido por columnas sin paredes, donde presos políticos civiles y militares, entre estos los inculpados en el caso Gedeón (2020), están en celdas que se encuentran debajo de la tierra “como si fuesen alcantarillas”.

Fue inaugurado por el ministro de Defensa Vladimir Padrino en septiembre de 2024.

La cárcel “se lleva todos los honores de la crueldad” y las familias de los reclusos no saben nada de ellos, dice.

“Parece una gran jaula de animales hasta con celdas de 2x3 y el techo es una reja por donde caminan los custodios que siempre están encapuchados. Les lanzan la comida desde la reja hacia el piso y eso está lleno de insectos que provocan llagas en la piel”, según lo describe.

Asegura que entre septiembre y octubre de 2024 se enteró de que varios presos presentaron graves enfermedades gastrointestinales y también hepatitis, pero sobre todo de severos casos de desnutrición.

“Supimos que estaban tan delgados, que nos dijeron desde adentro de la cárcel que había algunos que caminaban como simios, muy encorvados porque no podían enderezarse. Imagínate el grado de desnutrición. Por eso se pudo escuchar a madres decir, hace días, que durante las visitas no les permitían pararse, porque no podían sostenerse de pie, son hechos que no pueden ocultarse”.

Negociar con victimarios

En el contexto de la política de la administración de Donald Trump hacia Venezuela, que busca la estabilidad en medio de negociaciones petroleras, la abogada reconoce que son inevitables las conversaciones con el régimen.

“Entendemos que es necesario porque son los victimarios los que conocen esas redes de criminalidad que hay dentro de Venezuela y son los que tienen que desmontar todo el aparataje criminal. Eso no le corresponde a la oposición ni al presidente electo ni a María Corina, le corresponde a solo a ellos”, precisa. “Pero de ahí a que estos altos responsables de crímenes de lesa humanidad no deban ser castigados no es aceptable”.

Señala, además, una gruesa cadena de responsabilidad que va desde quien ejerce la presidencia, pasando por jefes de inteligencia y el sistema judicial que “se prestó para reprimir y castigar a víctimas con signos de tortura”, hasta los médicos forenses que firmaron órdenes de que las víctimas estaban sanas”.

“Toda esta estructura que influyó, que sumó y que formó parte de este horror tiene que ser presentada el día de mañana ante la justicia”, recalca.

Tras enfatizar en que todos los casos están documentados y son enviados a la Corte Penal Internacional, dice que las cárceles deben ser tomadas por funcionarios de la Cruz Roja y el gobierno de EEUU para impedir que sean borradas las huellas. En enero pasado, envió un listado actualizado de los presos políticos al secretario de Estado, Marco Rubio.

“Es importante que sepamos realmente qué ha pasado en esas cárceles del horror y que todos los detenidos salgan con vida, que aquellos que necesitan atención urgente sean atendidos en centros hospitalarios. Eso es lo que yo le pido al gobierno de Trump”.

Sujú se muestra convencida de que el gobierno norteamericano está haciendo lo necesario para que los regímenes autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua cambien y el entramado de este triángulo se acabe.

“Creo que Cuba es la que sigue y yo les deseo al pueblo cubano que sea así, que esta sea su ventana a la libertad, como la del 3 de enero para los venezolanos”, afirma la defensora de derechos humanos que anuncia que el Instituto Casla publicará su nuevo informe en mayo.

“Necesitamos documentar más el horror, pero también dejar un espacio para ver cómo avanzamos”, dice al referirse al proceso de transición que exige primero poner orden para que puedan regresar a su país los venezolanos.

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FUENTE: Entrevista a la abogada Tamara Sujú, defensora de derechos humanos