Piden anular acuerdo entre Maduro y la Plataforma Unitaria

Los solicitantes, encabezados por la abogado Adriana Vigilanza, consideran el precedente del “Memorándum de Entendimiento” firmado el pasado 15 de agosto de 2021 en la ciudad de México, en el que un emisario del régimen de Maduro dice representar al “Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela” y un grupo denominado “Plataforma Unitaria” se atribuyó “ilegal e ilegítimamente” la representación de la oposición venezolana.

En el Amparo, los solicitantes alegan que su derecho a la participación política no puede verse supeditado a que a Maduro se le permita abrir Consulados en los países que lo han desconocido, ni a que se les exija contar con residencia “legal” en el país donde habitan. Con ambas cosas han sido amenazados por los Rectores del Consejo Nacional Electoral nombrado por la Asamblea Nacional, producto de las elecciones fraudulentas de diciembre de 2020, desconocidas por más de 37 partidos políticos de oposición, incluyendo al partido del presidente encargado, Juan Guaidó, y a un importante número de países, incluido los Estados Unidos.

Asimismo, en el documento solicitan al alto TSJ en el exilio, que designe un ente electoral ad-hoc, que ofrezca “confianza a los venezolanos”, y “asuma la competencia reglamentaria para la organización de las elecciones o consultas pertinentes a los venezolanos, sin la interferencia y/o la mediatización de los actuales factores en pugna política, pues eso fue, precisamente, lo que el Constituyente quiso evitar al establecer el derecho a la participación política (…). “De un ente fraudulento no puede surgir una institución legítima”, alegan.

Asimismo, los solicitantes opinan que unas elecciones presidenciales en 2024, con el CNE ilícito que opera en Venezuela, es un gran revés a la durísima lucha del pueblo venezolano para restaurar la Democracia.

La referida Acción de Amparo Constitucional es avalado por los abogados: Adriana Vigilanza, José Luis Salas y Edgard Simón Rodríguez, actuando en nombre propio y asistiendo a los referidos ciudadanos, entre los que se suscriben Cristal Montañez, la Dra. Rosa Blanca Marmol de León (ex magistrada de la Corte Suprema de Venezuela), Aura Acevedo Carvajal, Nora Josefina Lara, Yamilet Saleh, Luís Manuel Aguana, Jean Pierre Chovet, Luis Genaro Mosquera, Raynell Martínez Mujica, Guillermo Prieto Ochoa, Lorent Saleh y el sacerdote Pedro Freitas.

El documento fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia que opera en el exilio, porque consideran que es la única institución legítima con la que cuentan, pues sus Magistrados fueron nombrados por un periodo de doce años por la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015.

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FUENTE: REDACCIÓN