CARACAS.- El voto convertido en un arma de la rebelión popular. El proyecto de Ley de Regulación del artículo 350 de la Constitución plantea como mecanismo para activar la desobediencia civil la convocatoria de un referendo consultivo sobre la continuidad del régimen con la finalidad de que el pueblo “decida su destino en ejercicio de su soberanía”.
La propuesta legislativa, que consta de tan solo siete disposiciones, está siendo promovida por el exmagistrado de la extinta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Perkins Rocha. “La enorme magnitud de la fuerza jurídica del artículo 350 le imprime una condición normativamente implosiva del restante ordenamiento, por lo que es aconsejable para el mantenimiento de la seguridad jurídica regular su implementación”, explica Rocha, actual vicepresidente del comité designado por el Parlamento para renovar el Tribunal Supremo de Justicia.
La iniciativa se sustenta en distintos artículos de la Carta Magna. El 70, que incluye el referendo entre los “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”. El 71, que establece que “las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo”. Y, por supuesto, el 5 que recalca: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.
De acuerdo con la Constitución, el referendo consultivo puede ser impulsado por el Presidente, la mayoría de la Asamblea Nacional o al menos 10% de los electores. Una vez se formalice la solicitud, el proyecto de ley estipula que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe organizar y celebrar la consulta en un plazo máximo de 35 días.
Los promotores de la norma redactaron la pregunta que debería hacerse a los votantes: “¿Desconoce usted el Régimen que actualmente preside el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, los Vicepresidentes, los Ministros que integran actualmente el Consejo de Ministros, Ministros de Estado, todos del Poder Ejecutivo Nacional?”.
El triunfo del Sí, legitimaría “cualquier acto pacífico de desconocimiento civil del pueblo venezolano a las ejecutorias del gobierno nacional” hasta que el mismo cese en sus funciones.
¿Pero qué pasaría si los poderes constituidos boicotean ese referendo, tal como ocurrió con el revocatorio que la oposición trató de sacar adelante en 2016? “La imposibilidad material o la obstaculización de la consulta al pueblo, para que decida el destino de la Nación, autoriza la protesta cívica y pacífica de los ciudadanos por medio de asambleas y/o cabildos abiertos, como fórmula democrática de lograr la transformación de una Nación basada en la paz social y el bienestar común, comenzando igualmente un temporal estado de resistencia civil de la sociedad venezolana”, estipula el texto.
Si esta iniciativa se transformara en ley de la República en este momento, su única disposición transitoria ofrece una ruta para el cambio de régimen en los siguientes términos: “De resultar por decisión mayoritaria del pueblo el desconocimiento del régimen que jefatura el actual Presidente de la República (Nicolás Maduro), asumirá inmediatamente como Presidente encargado el Presidente de la Asamblea Nacional”.
Contra el déspota
El artículo 350 de la Constitución es un invento de los golpistas de 1992 que ahora invocan los demócratas de 2017. “En el marco del debate del 350 en la pasada Asamblea Constituyente, principalmente intervinieron Guillermo García Ponce, Elías Jaua, Hermann Escarrá y el general Francisco Visconti”, recuerda Carlos Tablante, exgobernador del estado Aragua y corredactor de la Carta Magna de 1999.
“El ambiente que prevaleció en el debate fue el de una mayoría que consideraba necesario darle rango constitucional a una norma mediante la cual se ejerciera el derecho a la rebelión y a la desobediencia contra un déspota, un violador sistemático de los Derechos Humanos, en resumen, contra un usurpador de la vigencia de la Constitución”, apunta Tablante.
El antiguo líder del MAS sostiene que “el 350 y la desobediencia no es otra cosa que la fuerza de la mayoría democrática movilizada contra la tiranía, que se expresa a través de una amplia capacidad de generar eventos de manera inteligente y creativa a todo nivel hasta lograr el cambio político y el restablecimiento del orden constitucional”.
El proyecto de Ley de Regulación del artículo 350 de la Constitución, brinda una fórmula para llevar a la práctica esta polémica disposición. Sin embargo, el dirigente de Voluntad Popular (VP), Cipriano Heredia, destaca que ya en el terreno los venezolanos han venido aplicando esta norma. Cita como ejemplo la decisión del Parlamento de desconocer los fallos del TSJ, así como el desafío planteado por la Unidad contra la resolución que le prohíbe realizar manifestaciones públicas en el municipio Libertador de Caracas.
Heredia subraya que esta nueva fase de protestas, que se inició a principios de abril, también representa la materialización del 350, que ahora se refuerza con la creación de los comités de Rescate de la Democracia (CRD) en todas las comunidades del país. “La diferencia con el pasado reciente es que ahora el desconocimiento es total, no es nada más contra el TSJ, es contra el régimen, y no es solo un problema de los políticos, es un llamado a todos a no abandonar la calle, que es el gran escenario de la desobediencia”, concluye el vocero de (VP).
