Policía boliviana dispersa grupo de cocaleros de la plaza de la Presidencia

El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, explicó a los medios que los agentes intervinieron en la madrugada la protesta porque "un cerco a la Plaza Murillo equivale a un secuestro del Palacio de Gobierno y de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que son los órganos de poder político del Estado".

Los cocaleros de los Yungas, una zona subtropical del departamento de La Paz, agrupados en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), protestan contra un proyecto de norma que instaura cupos para los cultivos legales de coca.

Los manifestantes acamparon el viernes en los alrededores de la plaza Murillo cortando casi todos los accesos al lugar.

Adepcoca alega que el proyecto está diseñado a la medida de las necesidades del Trópico de Cochabamba (centro), la otra región de cultivos de coca, donde están las bases del presidente Morales.

El proyecto plantea que haya 20.000 hectáreas legales de coca en el país, 8.000 más de las que ahora reconoce la ley del régimen de la Coca y Sustancias Controladas, vigente desde 1988.

Esa norma solo admite como legales 12.000 hectáreas de coca en el país en los Yungas (oeste), mientras que en el Chapare los cultivos fueron autorizados parcialmente por un decreto en 2004.

El plan del gobierno plantea que en los Yungas existan 13.000 hectáreas y en Cochabamba, unas 7.000 hectáreas.

Esto implicaría que en la segunda región podrían aumentar las plantaciones, ya que se calcula que existen alrededor de 6.000 hectáreas cultivadas, mientras que en los Yungas hay más de 13.000.

Dirigentes de Adepcoca, además, han puesto en duda que la hoja de coca cultivada en el Trópico de Cochabamba, una zona también conocida como Chapare, tenga por destino el mercado interno.

Las autoridades han reconocido varias veces que parte de la coca del Chapare es desviada al narcotráfico y allá son habituales las operaciones para destruir laboratorios de producción de cocaína.

Romero calificó la movilización en torno a plaza Murillo como "una acción de connotación política que resulta inaceptable".

El ministro acusó además a los campesinos cocaleros de haber detonado cartuchos de dinamita -una práctica bastante habitual en el país y que ha sido legalizada e ilegalizada en varias ocasiones los últimos años- y tirar piedras a vehículos y transeúntes.

Dijo que el Gobierno respeta las movilizaciones "mientras estas se enmarquen en el respeto a la institucionalidad y la normativa vigente", cosa que, según el ministro, ahora no se cumple.

Según el ministro, el proyecto de ley, aprobado en una comisión legislativa y que debe pasar a los plenos de Diputados y Senadores, cumple con la mayoría de peticiones de Adepcoca, incluidas el respeto de la hoja de coca como patrimonio cultural y la no aplicación de impuestos a su producción y comercialización.

 NULL

    

FUENTE: EFE