A lo largo de esas décadas, los presos políticos han denunciado golpizas, asesinatos, períodos prolongados de confinamiento en solitario, privación de alimentos, denegación de atención médica y otros abusos documentados por organizaciones de derechos humanos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Pese a ello, el régimen cubano ha negado sistemáticamente la existencia del encarcelamiento político. El 1 de febrero de 1977, el entonces vicepresidente Carlos Rafael Rodríguez declaró a la BBC que en Cuba no había presos políticos, porque los «contrarrevolucionarios» encarcelados no podían ser considerados como tales.
Desde la represión masiva que siguió a las protestas prodemocráticas del 11 de julio de 2021, esta práctica histórica se ha hecho particularmente evidente. Los funcionarios cubanos han insistido reiteradamente en que en el país no existen presos políticos y en que las personas detenidas no son sometidas a torturas ni malos tratos. Grupos afines al régimen en el extranjero han reproducido este discurso, presentando a los presos como delincuentes, mercenarios o contrarrevolucionarios.
El encarcelamiento político acompañado de su negación no es un fenómeno exclusivo de Cuba. La junta militar argentina negó las denuncias de tortura y afirmó desconocer el paradero de las personas detenidas y posteriormente desaparecidas. Tras las controvertidas elecciones venezolanas de julio de 2024, el fiscal general Tarek William Saab negó que las personas detenidas después de los comicios fueran presos políticos, presentándolas, en cambio, como terroristas y delincuentes. De manera similar, Rusia e Irán han caracterizado a los presos políticos como delincuentes, extremistas o «personas encarceladas por motivos de seguridad nacional ».
Estos ejemplos reflejan una lógica autoritaria más amplia. En El poder de los sin poder, el disidente checoslovaco Václav Havel sostuvo que la falsedad era un elemento constitutivo del sistema comunista del bloque soviético. La ideología creaba un «mundo de apariencias» en el que la represión se convertía en legalidad y los gobiernos proclamaban su respeto por los derechos humanos mientras perseguían a sus opositores. Como el sistema era «prisionero de sus propias mentiras», escribió Havel, necesitaba falsificar continuamente la realidad.
El «mundo de apariencias» analizado por Havel encontró una reveladora expresión cubana en las propias palabras de Raúl Castro en 1989. Durante una intervención ante un auditorio militar, en medio del proceso contra el general Arnaldo Ochoa, Castro afirmó que, independientemente de lo que él les hubiera dicho, lo que en última instancia importaba era lo publicado en Granma, el periódico oficial del Partido Comunista: «Lo que sale en el periódico es el concepto oficial».
Esta separación entre la realidad y la verdad oficial resulta particularmente evidente en el trato que el Estado cubano dispensa a los presos políticos. Al criminalizar el ejercicio pacífico de derechos fundamentales, el régimen puede presentar a los presos políticos como delincuentes comunes y utilizar sus condenas judiciales como prueba de ello. La negación cumple así objetivos políticos concretos: proteger la legitimidad del régimen, ocultar la resistencia ciudadana, limitar los costos internacionales y blanquear la represión.
Proteger la legitimidad
El gobierno revolucionario construyó parte de su legitimidad sobre la condena de las torturas, los asesinatos y la represión política de la dictadura de Fulgencio Batista. Reconocer la existencia de presos políticos y los abusos cometidos contra ellos pondría al descubierto la contradicción entre la represión que la revolución condenó en su momento y las prácticas del Estado que posteriormente estableció. También perjudicaría la imagen humanitaria que Cuba ha cultivado en el ámbito internacional.
Ocultar la resistencia
Un preso político pone de manifiesto dos realidades que un gobierno autoritario preferiría ocultar: su disposición a reprimir y la voluntad de resistencia de los ciudadanos.
Los plantados cubanos, presos políticos que se negaron a aceptar la rehabilitación política y el sometimiento ideológico, encarnaron esa resistencia a pesar de los castigos más severos que debieron soportar. Décadas después, presos de conciencia como Félix y Saylí Navarro han resistido las presiones para aceptar el exilio como precio de su libertad. La represión nunca ha conseguido extinguir por completo la resistencia.
Limitar los costos internacionales
El reconocimiento de la existencia de presos políticos puede acarrear condenas internacionales, investigaciones, presiones diplomáticas y sanciones.
Desde julio de 2021, en medio de una sostenida movilización de los familiares de presos políticos y de activistas de derechos humanos, el Parlamento Europeo ha aprobado varias resoluciones que abordan el encarcelamiento político y la represión en Cuba.
En junio de 2026, el Parlamento Europeo condenó la tortura y otros abusos, y pidió la imposición de sanciones individuales contra los funcionarios implicados en la represión. El Senado de Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han examinado casos individuales, poniendo de manifiesto los límites de la negación oficial ante un escrutinio internacional cada vez mayor.
Blanquear la represión (whitewashing)
Cuando la represión está tan ampliamente documentada que resulta difícil negarla, controlar la manera en que se percibe puede llegar a ser tan importante como negar los propios hechos. El blanqueamiento de la represión no siempre requiere fabricar hechos falsos; una verdad cuidadosamente administrada puede producir un efecto similar.
El abogado chino de derechos humanos Xie Yanyi permaneció detenido durante aproximadamente 18 meses, período en el que denunció haber sufrido golpizas, privación de alimentos, aislamiento y otros abusos. Tras su liberación en 2017, las autoridades lo mantuvieron bajo vigilancia en un hotel, donde recibió una alimentación adecuada y recuperó una cantidad considerable de peso antes de regresar a su hogar. La mejoría de sus condiciones fue real, pero también pudo atenuar las señales visibles de los abusos que había sufrido antes de su reaparición pública.
El artista cubano y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara constituye un paralelo significativo. Después de pasar buena parte de la etapa inicial de su encarcelamiento en régimen de aislamiento, posteriormente se le permitió crear obras de arte y recibir visitas familiares. Hacia el final de su encarcelamiento arbitrario, las autoridades lo trasladaron a una casa en la playa, donde permaneció once días antes de partir al exilio.
En ambos casos, las condiciones excepcionales concedidas hacia el final del cautiverio pudieron contribuir a proyectar una imagen más favorable de las autoridades, influyendo en la percepción pública y desviando la atención de los abusos cometidos anteriormente. La responsabilidad no recae en los presos, víctimas de la represión, cuyos testimonios pueden ser plenamente verídicos, sino en los sistemas que controlan tanto las condiciones de reclusión como la información que llega al mundo exterior.
Conclusión
Durante casi siete décadas, la negación del encarcelamiento político en Cuba ha contribuido a proteger la imagen cuidadosamente cultivada del régimen como una revolución comprometida con los pobres y los oprimidos. Sin embargo, la negación cumple una función que va más allá de la protección de esa imagen.
Al despojar al encarcelamiento de su significado político, el régimen invisibiliza a las víctimas de la represión. Al presentar a los presos políticos como delincuentes comunes, oculta su sufrimiento, sus ideales, su resistencia y la persecución política que los llevó a prisión.
Un gobierno que se niega a reconocer la naturaleza política de estos encarcelamientos difícilmente puede afrontar, y mucho menos poner fin, a las prácticas represivas que los sostienen.
La memoria histórica, sin embargo, no se construye únicamente a partir de los principios que proclaman los gobiernos, sino también de la manera en que tratan a sus ciudadanos, especialmente a quienes disienten.
Las prisiones políticas de Cuba plantean, por tanto, una pregunta que ninguna negación oficial puede borrar: ¿Cómo debería juzgar la historia a un sistema responsable de casi siete décadas de represión política?
Michael Lima Cuadra es investigador y director de Democratic Spaces, una organización no gubernamental dedicada a promover la solidaridad en Canadá con los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil cubana. Posee una maestría en Historia de América Latina por la Universidad de Toronto y ha publicado numerosos artículos sobre autoritarismo, derechos humanos y relaciones internacionales en medios de Canadá, Estados Unidos y América Latina. Es, además, coautor del informe Cuba and the Authoritarian Nexus: Internal Repression, External Aggression, and Illiberal Partnerships.
