Presidente de Honduras admite desvío de fondos públicos para su partido

Las protestas sociales en Honduras que emulan a la primavera árabe, provocaron que el presidente, Juan Orlando Hernández, reconociera que empresarios vinculados a un multimillonario desfalco al sistema de seguridad social del país, financiaron con parte de ese dinero su campaña política en 2013.

"Mi partido (el Partido Nacional) me ha informado que la suma es por unos 147,783 dólares. Fueron diez cheques, pero yo no tengo nada que ver con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)", dijo el mandatario.

Hernández ganó la presidencia de su país a finales de 2013 para el periodo 2014 – 2018, venciendo por estrecho margen a la candidata del Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, esposa del ex presidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009 por un golpe de estado.

Manifestantes piden su renuncia

El reconocimiento de este financiamiento ilícito lo hizo el mandatario mientras la ciudadanía arrecia las protestas pacíficas en las calles hondureñas, presionando por su renuncia; por lo que el propio Hernández instó a su partido a "devolver cuanto antes los fondos que recibió del desfalco de la seguridad social”.

"Las investigaciones deben continuar, caiga quien caiga”, insistió, al tiempo que aclaraba que “los cheques fueron aportados al Partido Nacional por ciertos empresarios, los que son responsables de la situación, no mi partido”.

Corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social

El millonario desfalco a la seguridad social involucra a una red dirigida por Mario Zelaya, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante el mandato del presidente Porfirio Lobo (2010-2014), en el gasto fraudulento de 320 millones de dólares destinados a la compra de medicamentos, insumos para el sistema sanitario y pago de pensiones de vejez e invalidez.

En Honduras se cree que esta corrupción habría dejado al menos 1,000 asegurados muertos debido a que no recibieron atención adecuada por falta de médicos y medicinas.

Antes del reconocimiento público del mandatario, la comisión multipartidaria del congreso denominada Consejo Nacional Anticorrupción, afirmó que parte de ese dinero había caído a las arcas del partido de gobierno.

Hernández señaló a su vicepresidente, Ricardo Álvarez, quien era el presidente del Partido Nacional cuando la agrupación recibió el dinero para financiar su campaña.

"Yo no sé en este momento si él ya ha rendido declaración. Todo el mundo tiene que hacerlo y el juzgado tiene que emitir su resolución. Aquí nadie ha comprado impunidad. Por eso he pedido al Ministerio Público y a los jueces que no les tiemble la mano para aplicar la ley", señaló.

Protestas en Guatemala provocaron renuncia de la vicepresidenta

Emulando a los guatemaltecos, donde las protestas ciudadanas provocaron la dimisión de la vicepresidente Roxana Baldetti, así como captura de funcionarios públicos acusados de formar parte de una red de defraudación aduanera; los hondureños hicieron lo mismo desde hace más de una semana.

"No me iré", desafió Hernández. "Gané las elecciones generales de noviembre de 2013 y seguiré en el puesto", sentenció.

#OposicionIndignada

El excandidato presidencial del Partido Anti Corrupción (PAC), Salvador Nasralla, también había asegurado que el Comité Central del Partido Nacional (CCPN), formó diez empresas para drenar con las arcas del IHSS.

Nasralla está siendo querellado por difamación y calumnias por dirigentes del Partido Nacional. Ante el escándalo y bajo el lema #OposicionIndignada, un grupo de jóvenes sin recursos económicos, han encontrado en las redes sociales una herramienta para convocar a vigilias y grandes concentraciones en las calles para protestar contra la corrupción y la impunidad.

En las manifestaciones los ciudadanos gritan “¡Fuera JOH (Juan Orlando Hernández)! ¡Fuera JOH!”, "que se vayan, que se vayan" y "¿Quién se robó el Seguro Social? el Partido Nacional".

Los manifestantes no solo piden renuncias y destituciones de funcionarios públicos, sino además crear una comisión internacional contra la impunidad que investigue y aclare los escándalos de corrupción, así como existe la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

A Hernández la ciudadanía le recrimina haber impulsado siendo presidente del congreso, la remoción de funcionarios en el Poder Judicial; militarizar la lucha contra la inseguridad y haber respaldado la reciente despenalización de la reelección presidencial.

Pero es el escándalo del IHSS el que amenaza la estabilidad de Hernández en el poder. Además de los cheques, toda la junta directiva del IHSS acusada del desfalco proviene del Partido Nacional, cuyo nombramiento fue por el otrora mandatario Porfirio Lobo, también de la misma agrupación política.

La red de testaferros liderada por Zelaya, incluida su esposa, dirigía empresas fantasmas que cobraban cheques millonarios por supuestas prestaciones de servicios y suministros médicos, sobrevaloraban los productos y servicios requeridos por la seguridad social hondureña, pagando comisiones a los funcionarios públicos.

Un total de 23 personas han sido acusadas por la fiscalía, 6 de ellas se mantienen en fuga. Entre los imputados están los 18 miembros de la otrora junta directiva de la entidad.

Zelaya fue capturado el año pasado en Nicaragua. Desde hace seis meses está preso en un batallón en las afueras de Tegucigalpa junto a un ex viceministro de Salud y otro de Trabajo.

En el desfalco también están implicadas dos modelos, la hondureña Ilsa Vanessa Molina, detenida en enero pasado en Estados Unidos por entrar ilegalmente en ese país, y la chilena Patricia Ciuffardi, examante del exdirector del Seguro Social.

El exfiscal del Ministerio Público, Roberto Ramírez Aldana, quien lideraba las investigaciones sobre este saqueo, salió del país junto con su familia por haber recibido amenazas de muerte.

Ramírez recurrió a la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario para ser enviado como embajador ante la Unesco.

El movimiento anticurrupción hondureño continuará con las protestas. El índice de impunidad en Honduras, según datos del Ministerio Público, supera el 90% de los delitos cometidos.

La crítica situación del país llamó la atención de la Iglesia Católica. “Honduras ha puesto el crimen y la corrupción en el lugar de Dios", criticó el Cardenal Andrés Rodríguez Maradiaga.

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