Puerto Rico: Al menos 7 órdenes de allanamiento se emitieron en caso de corrupción

Sin embargo El Nuevo Día, un diario de Puerto Rico, reseña que los agentes federales diligenciaron al menos siete órdenes de allanamiento contra cuentas electrónicas y teléfonos celulares personales de los acusados en el caso.

Este y otros detalles de la pesquisa se desprenden de documentos públicos radicados recientemente en el Tribunal federal, como parte del debate sobre si los investigadores habrían ocupado ilegalmente o no información protegida por el privilegio de abogado-cliente, señala el rotativo de la isla del Encanto.

Un gran jurado federal emitió el 3 de agosto pasado una acusación de siete cargos contra Wanda Vázquez Garced, Julio Herrera-Velutini y Mark Rossini. Los tres estarían expuestos a una condena de 20 años de prisión por cargos que incluyen conspiración, soborno y fraude.

En su moción más reciente, la fiscalía federal indicó que, después del FBI haber acumulado suficiente “causa probable”, las primeras cinco órdenes de allanamiento fueron firmadas por el juez federal Francisco Besosa entre el 20 de noviembre de 2020 y el 13 de enero de 2021. En parte de ese periodo, Vázquez todavía era gobernadora de Puerto Rico.

Se detalla que dos órdenes de allanamiento fueron para las cuentas de Yahoo y Apple de Herrera Velutini, dos para para las cuentas de Apple y Google de Rossini, y una para la cuenta de Apple de Vázquez, según reseña El Nuevo Día.

La sexta orden de allanamiento fue, nuevamente, para la cuenta de Apple de Herrera Velutini, emitida el 30 de julio de 2021.

La moción resalta que la orden buscaba “capturar cualquier comunicación que haya ocurrido desde que la primera orden de allanamiento fue ejecutada para esa cuenta en el noviembre anterior”, según el texto citado por el rotativo puertorriqueño.

Mientras, una moción presentada el martes 13 de diciembre del año actual, por la defensa de Herrera Velutini, según informa El Nuevo Día, incluye un desglose de información sobre cómo el material conseguido en el allanamiento de unas cuentas habría ayudado a las autoridades a obtener otras órdenes de allanamiento.

Indica que datos obtenidos de las cuentas de iCloud –de la empresa Apple– de Herrera Velutini y Rossini fueron “usadas en apoyo a la orden de allanamiento para la cuenta de Apple de Wanda Vázquez en enero de 2021 y luego la ocupación de su teléfono celular en enero de 2022.

Del desglose se desprende también que los investigadores usaron información de las cuentas de iCloud de Herrera Velutini y Rossini para “mostrarle a Rossini mensajes de WhatsApp intercambiados entre él y Herrera (Velutini)”.

“Finalmente, el 12 de enero de 2022, el FBI obtuvo una orden de allanamiento para el teléfono personal de Wanda Vázquez”, apuntó la moción de la fiscalía federal. Añadió que “un mes después, el 15 de febrero de 2022, el FBI entrevistó a Vázquez por segunda vez. Durante esa segunda entrevista, estuvo presente un abogado que se presentó como amigo de la familia de Vázquez”.

Sin embargo, los letrados argumentan que “sin inmutarse, el gobierno buscó activamente reclutar funcionarios bancarios y reguladores, consultores externos y otros, a través de tácticas altamente cuestionables y escandalosamente coercitivas, para construir un supuesto caso de soborno. En resumen, el gobierno orquestó su acusación de “soborno” aprovechando la información de una investigación anterior fallida. Cuando se ejecutaron las órdenes de allanamiento de 2020/2021, los agentes y abogados del gobierno sabían ampliamente que los funcionarios bancarios, como el Sr. Herrera-Velutini, se comunicaban con los abogados con respecto a cualquier responsabilidad de su parte o del banco”.

Una encuesta política preparada por la firma británica C|T Group habría sido el eje del proceso judicial que enfrentan en el Tribunal para el Distrito Federal de Puerto Rico, la exgobernadora Wanda Vázquez, el banquero Julio Herrera-Velutini y el exagente federal Mark Rosini, bajo cargos de conspiración y soborno, según un reporte publicado en la edición digital del diario puertorriqueño Metro, bajo la firma de la periodista Aiola Virella.

Unos $315.000 habría sido el monto de la contratación de la firma para el mencionado estudio político, refiere el artículo que se estima en la acusación federal.

El documento, que dio paso a la acusación, apunta a mensajes de texto y otras comunicaciones entre los acusados y terceras personas que establecerían que la ayuda política a la entonces gobernadora se daba a cambio de que destituyeran al entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner Kelly. En su lugar, se le pedía que nombrara a alguien recomendado por Herrera-Velutini, según alega la fiscalía federal.

Toda esta fase de lo que se presenta como una conspiración habría ocurrido entre diciembre de 2019 y mayo de 2020.

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FUENTE: Con información de El Nuevo Día