Resiliencia burocrática y disrupción de la cooperación en defensa durante cinco transiciones electorales en América Latina

¿Qué está ocurriendo?

Cinco países de América Latina celebraron o celebrarán elecciones presidenciales entre febrero y octubre de 2026. Costa Rica eligió a su presidente en febrero, mientras que Perú celebró elecciones presidenciales en abril, con una segunda vuelta programada para junio. Colombia, Brasil y Haití también celebrarán elecciones presidenciales durante este período. En conjunto, estas contiendas configuran el período de transición democrática más concentrado del hemisferio occidental desde comienzos de la década de 2000 (Americas Society/Council of the Americas [AS/COA], 2026).

Este ciclo electoral plantea una pregunta crítica para los planificadores de defensa de Estados Unidos y los analistas regionales de seguridad: ¿hasta qué punto las transiciones presidenciales de 2026 producirán continuidad o disrupción en las alianzas de defensa entre Estados Unidos y América Latina, y qué factores institucionales determinarán esa trayectoria? La pregunta tiene una urgencia operativa inmediata. Las respuestas moldearán la manera en que los planificadores estadounidenses asignen recursos, calibren expectativas y sostengan el compromiso con las alianzas de seguridad más relevantes de la región.

La cooperación en seguridad abarca ejercicios militares bilaterales, financiamiento militar extranjero (Foreign Military Financing), intercambio de inteligencia y coordinación antinarcóticos. El Congressional Research Service (CRS, 2025a) documenta que estos programas siguen siendo una piedra angular del compromiso estadounidense en América Latina. Administraciones consecutivas han sostenido esta cooperación a través de divisiones partidistas. Aun así, las transiciones electorales han introducido históricamente incertidumbre, especialmente cuando los nuevos ejecutivos utilizan decisiones de adquisición, cambios de personal y posicionamientos retóricos para señalar preferencias estratégicas que divergen de las de sus predecesores.

El ciclo de 2026 presenta desafíos analíticos distintivos que lo diferencian de olas electorales anteriores. En primer lugar, Miller et al. (2025) explican que la captura militar estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026 reordenó de manera fundamental los cálculos de seguridad regional. La operación eliminó a un actor hostil, al tiempo que creó vacíos de poder que los Estados vecinos deben ahora gestionar. En segundo lugar, Ellis (2025) demuestra que la República Popular China ha ampliado la cooperación en defensa con fuerzas militares latinoamericanas. Pekín ahora ofrece alianzas alternativas mediante ventas de equipos, ejercicios conjuntos e intercambios institucionales, reduciendo la dependencia de la asistencia de seguridad estadounidense.

En tercer lugar, las preocupaciones de seguridad han aumentado como prioridad dominante para los votantes en toda la región. El Banco Mundial (2025) informa que el crimen organizado y la violencia asociada continúan expandiéndose en América Latina y el Caribe, reduciendo la calidad de vida de los ciudadanos, debilitando el crecimiento económico y socavando las instituciones públicas. Este cambio transformó las dinámicas de campaña en toda la región, situando la seguridad pública por encima de la gestión económica como prioridad electoral dominante por primera vez en años. Estas variables contextuales interactúan con las transiciones electorales de formas que los marcos teóricos existentes tienen dificultades para predecir.

Este análisis sostiene que los factores institucionales determinan si las alianzas de defensa muestran continuidad o disrupción durante las transiciones presidenciales. Cuatro factores son especialmente importantes: la profundidad de las estructuras de cooperación burocrática, el grado de formalidad de los marcos legales, la fortaleza de los mecanismos de supervisión legislativa y la magnitud de las dependencias económicas. Países con arquitecturas institucionales robustas, como Colombia, demuestran resiliencia incluso cuando surge fricción política a nivel ejecutivo. Países con fundamentos institucionales débiles, como Perú, experimentan disrupciones más pronunciadas, incluso cuando los compromisos formales sobreviven finalmente a través de canales burocráticos alternativos. Los gobiernos de transición con frecuencia resultan incapaces de sostener compromisos complejos en materia de defensa mediante canales ejecutivos convencionales, aunque las estructuras legislativas y militares pueden compensarlo parcialmente.

Brasil ocupa una posición intermedia. Sus restricciones institucionales limitan cambios drásticos pese a una significativa volatilidad política. Este análisis se desarrolla a través de tres estudios de caso que examinan Colombia, Brasil y Perú. Posteriormente, el análisis comparativo incorpora a Costa Rica y Haití. La evaluación examina variables externas antes de concluir con implicaciones de política pública para los planificadores de defensa estadounidenses que navegan el ciclo electoral de 2026. Habiendo establecido la pregunta de investigación y el marco analítico, el análisis pasa ahora a los factores que determinan las trayectorias de las alianzas durante las transiciones electorales.

De los apretones de manos a las restricciones duras: cómo las instituciones transforman las preferencias políticas en dependencias de trayectoria

Las alianzas de defensa entre Estados Unidos y los países de América Latina se sostienen mediante estructuras institucionales superpuestas que varían significativamente en profundidad, formalidad y durabilidad en toda la región. Como documenta Holsey (2025), la durabilidad de estas alianzas depende principalmente de la densidad de la arquitectura de cooperación burocrática que ambos países han construido con el tiempo. Esta arquitectura incluye el peso acumulado de programas conjuntos, procedimientos compartidos, redes personales y expectativas institucionales que continúan operando independientemente de quién ocupe el poder ejecutivo.

Las relaciones militares entre fuerzas armadas son especialmente importantes porque funcionan a través de canales regularizados como reuniones anuales de estado mayor, programas de entrenamiento conjunto, intercambios educativos para oficiales y consultas de planificación operativa. Con el tiempo, estos canales crean culturas organizacionales, redes personales y procedimientos estandarizados que sobreviven a cualquier administración individual. Holsey (2025) explica que estas estructuras generan presiones de continuidad independientes de las preferencias del poder ejecutivo.

El U.S. Southern Command refuerza aún más esta institucionalización mediante programas de Cooperación de Seguridad del Teatro (Theater Security Cooperation) con 31 países y 16 dependencias dentro de su área de responsabilidad (U.S. Army South, 2026). También apoya el compromiso en defensa mediante programas de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (International Military Education and Training – IMET). Según Holsey (2025), IMET llevó a 630 líderes militares internacionales a instituciones estadounidenses durante el año fiscal 2024. Estas formas acumuladas de impulso burocrático producen dependencias de trayectoria, redes informales, expectativas compartidas y procedimientos operativos establecidos que las nuevas administraciones encuentran costoso revertir.

Los marcos legales constituyen un segundo factor crítico en la durabilidad de la cooperación en defensa

Los marcos legales constituyen un segundo factor crítico en la durabilidad de la cooperación en defensa. Los acuerdos bilaterales formalizan compromisos de cooperación y crean barreras estructurales frente a cambios abruptos de política. El Departamento de Estado de Estados Unidos (2025) cataloga varios de estos marcos, incluidos los Defense Cooperation Agreements (Acuerdos de Cooperación en Defensa), que establecen estructuras fundamentales; los General Security of Military Information Agreements (Acuerdos Generales de Seguridad de la Información Militar), que regulan el intercambio de inteligencia; los Acquisition and Cross-Servicing Agreements (Acuerdos de Adquisición y Servicios Cruzados), que permiten la coordinación logística; y los Status of Forces Agreements (Acuerdos sobre el Estatus de las Fuerzas), que regulan la presencia de personal en territorio aliado. En conjunto, estos acuerdos forman un entramado legal que limita la capacidad de cualquier administración para redirigir abruptamente la política bilateral. Al crear canales formales de cooperación, reducen la volatilidad e insertan los vínculos de defensa dentro de procedimientos institucionales duraderos.

La designación de Aliado Principal Extra-OTAN (Major Non-NATO Ally – MNNA) representa uno de los niveles más altos de alianza formal. El CRS (2025a) explica que el estatus MNNA otorga elegibilidad para préstamos del Foreign Military Financing, prioridad en la entrega de artículos de defensa y acceso a programas cooperativos de investigación y desarrollo que de otro modo no estarían disponibles para socios no aliados. Colombia obtuvo esta designación en 2022, un hito que profundizó la arquitectura institucional que respalda su relación de defensa con Estados Unidos. El Departamento de Estado de EEUU. (2025) también señala que Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano en unirse a la OTAN como socio en 2017. En enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump designó a Perú como MNNA (Presidential Determination). Estas formas de cooperación institucionalizada van más allá de los vínculos bilaterales ordinarios porque están insertadas en estructuras legales y políticas que restringen la autonomía del poder ejecutivo. Dado que muchos marcos legales requieren aprobación legislativa en ambos países, la cooperación en defensa queda incorporada a los sistemas políticos domésticos, dificultando reversiones abruptas.

Los mecanismos de supervisión legislativa introducen un tercer factor institucional. Los órganos legislativos autorizan presupuestos de defensa, aprueban acuerdos internacionales y realizan audiencias de supervisión, todos ellos elementos que configuran los parámetros de la cooperación bilateral. El CRS (2025a) informa que el Congreso de Estados Unidos asignó más de 90 millones de dólares en asistencia de seguridad a Colombia durante el año fiscal 2023. Estas líneas de financiamiento crean expectativas burocráticas y respaldan planes operativos que a menudo se extienden a través de múltiples ciclos fiscales.

El caso brasileño ilustra claramente esta dinámica. La aprobación del Congreso brasileño retrasó la ratificación del Acuerdo de Cooperación en Defensa de 2010 con Estados Unidos hasta 2015, demostrando cómo las legislaturas pueden amortiguar las preferencias del poder ejecutivo y ralentizar el cambio de políticas (CRS, 2025b). La participación legislativa, por tanto, introduce puntos de veto en la cooperación en defensa, obligando a las nuevas administraciones a navegar comités, audiencias, procesos de aprobación y negociaciones políticas antes de implementar cambios significativos. Estos mecanismos crean una fricción institucional que reduce la volatilidad.

Las dependencias económicas representan un cuarto gran factor de sostenimiento de las alianzas de defensa. Los contratos de adquisición militar, los flujos del Foreign Military Financing y los programas de cooperación industrial crean incentivos materiales para la continuidad. El Departamento de Defensa de EEUU (2023) documenta que Colombia opera más de 50 aeronaves C-130 Hercules fabricadas en Estados Unidos, las cuales requieren apoyo continuo de mantenimiento, adquisición de piezas de repuesto y capacitación técnica. Estos requerimientos consolidan la cooperación a largo plazo independientemente de las preferencias políticas de corto plazo.

Holsey (2025) señala de manera similar que Brasil anunció en noviembre de 2024 la adquisición de 12 helicópteros UH-60M Black Hawk como parte de un acuerdo de 950 millones de dólares, creando dependencias de sostenimiento a varios años entre las industrias de defensa brasileñas y estadounidenses.

Perú ofrece otro ejemplo de cómo las decisiones de adquisición pueden generar vínculos institucionales duraderos. The Rio Times (2026a) informa que Perú completó una adquisición políticamente controvertida de 24 aeronaves Lockheed Martin F-16 Block 70, valoradas en 3.500 millones de dólares, la mayor compra militar en la historia peruana. El acuerdo, confirmado en abril de 2026 pese a la oposición del poder ejecutivo, generará décadas de entrenamiento de pilotos, integración de armamento y contratos de mantenimiento que vincularán a los establecimientos de defensa peruanos y estadounidenses en el futuro previsible (Aerotime, 2026).

Estas dependencias económicas crean grupos de interés domésticos con incentivos directos para mantener la continuidad de las alianzas a través de sucesivos ciclos electorales. Una vez establecidos compromisos contractuales vinculantes, los servicios militares, contratistas de defensa y proveedores logísticos adquieren incentivos para resistir cambios drásticos de política. En conjunto, la cooperación burocrática, los marcos legales, la supervisión legislativa y las dependencias económicas proporcionan la base institucional para los estudios de caso comparativos que siguen.

Colombia: cómo una arquitectura institucional profunda protege la cooperación en defensa frente a la turbulencia política

Colombia presenta el caso más sólido de resiliencia institucional porque su alianza de defensa con Estados Unidos ha sobrevivido a fricciones políticas a nivel ejecutivo durante transiciones electorales. Según el CRS (2025a), la relación de defensa entre Estados Unidos y Colombia descansa sobre fundamentos institucionales excepcionalmente profundos construidos a lo largo de dos décadas de cooperación sostenida a través del Plan Colombia. La evolución del conflicto interno colombiano fortaleció esos vínculos, y los esfuerzos de estabilización posteriores al acuerdo de paz profundizaron aún más la cooperación.

Estados Unidos designó a Colombia como Aliado Principal Extra-OTAN (MNNA) en 2022, reforzando una relación de defensa ya madura. El Departamento de Estado de EEUU (2025) explica que esta designación amplió la asociación de Colombia con la OTAN, iniciada en 2017. El CRS (2025a) documenta que la asistencia anual estadounidense en materia de seguridad supera los 90 millones de dólares y respalda la profesionalización militar, la interoperabilidad conjunta, el desarrollo de capacidades de ciberseguridad y las estrategias antinarcóticos. Estos programas preservan los hábitos operativos, los canales de planificación y la confianza que han anclado la relación desde la era del Plan Colombia.

Según el Ejército de Estados Unidos (2025), los ejércitos de Estados Unidos y Colombia han realizado reuniones anuales de estado mayor entre fuerzas terrestres desde 2009. Estas conversaciones crean canales regulares para la planificación operativa, el desarrollo de capacidades y la coordinación institucional. Debido a que estos mecanismos funcionan por debajo del nivel presidencial, pueden continuar incluso cuando aumentan las tensiones diplomáticas.

Esta arquitectura institucional enfrentó su prueba de estrés más significativa entre febrero de 2025 y mayo de 2026 (CRS, 2025a). Las críticas del presidente Gustavo Petro a la política antinarcóticos de Estados Unidos, su acercamiento a las instituciones BRICS y su interacción diplomática con Venezuela generaron fricciones a nivel ejecutivo con Washington, especialmente después de que la administración Trump amenazara con aranceles y reducciones de ayuda (Associated Press, 2025; Medina, 2026). Sin embargo, esta fricción no detuvo la cooperación militar operativa, lo que sugiere que los canales institucionales tuvieron más peso que la retórica presidencial.

Las reuniones de estado mayor entre los ejércitos de Estados Unidos y Colombia celebradas en septiembre de 2025 proporcionan evidencia decisiva de resiliencia institucional a pesar de esta fricción política. El Ejército de Estados Unidos (2025) informa que el comandante del U.S. Army South, mayor general Phil Ryan, recibió al comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Luis Cardozo Santamaría, en Fort Sam Houston, Texas. Durante las XVI reuniones anuales de estado mayor, las delegaciones firmaron 47 acciones acordadas, organizadas en tres líneas de esfuerzo. Estas acciones abordaron la capacidad institucional, la transformación y modernización, así como la cooperación en defensa contra organizaciones criminales transnacionales.

Estas reuniones ocurrieron mientras el presidente Petro impulsaba compromisos diplomáticos y asistencia a Venezuela (The Guardian, 2025). Petro también mantuvo distancia retórica respecto a las prioridades regionales de la administración Trump. El contraste entre la tensión a nivel ejecutivo y la cooperación militar a nivel operativo demuestra cómo las estructuras burocráticas pueden aislar las alianzas de defensa de la volatilidad política. El Ejército de Estados Unidos (2025) cita al general Cardozo describiendo el diálogo como una reafirmación del papel de Colombia como socio confiable y disciplinado. Según el Ejército de EEUU (2025), Cardozo enfatizó la disposición de Colombia para integrar esfuerzos con Estados Unidos en defensa de la estabilidad y la paz regional. Su declaración señaló un compromiso institucional que trascendía las divergencias políticas temporales.

Los mecanismos de supervisión legislativa en ambos países también reforzaron la continuidad de la alianza al proteger los flujos de financiamiento y sostener compromisos de defensa. El CRS (2025a) documenta que el Congreso estadounidense mantuvo las asignaciones de asistencia de seguridad para Colombia hasta el año fiscal 2025. El Congreso preservó este apoyo incluso cuando las políticas de la administración Petro divergían de las preferencias de la administración Trump. Los cuerpos legislativos pueden amortiguar la cooperación bilateral frente a tensiones ejecutivas al preservar presupuestos, autoridades y supuestos de planificación a largo plazo. El Congreso colombiano aprobó presupuestos de defensa que respaldaron la adquisición continua de sistemas estadounidenses y mantuvieron marcos de cooperación bilateral a pesar de las tensiones a nivel ejecutivo (CRS, 2025a).

A lo largo de este período, los ejercicios bilaterales continuaron sin interrupción, mientras las plataformas existentes permanecieron en niveles operativos convencionales. Estas plataformas incluían aeronaves C-130 y helicópteros UH-60, que requieren piezas de repuesto estadounidenses, soporte técnico y experiencia de mantenimiento sostenidos (Departamento de Defensa de EEUU, 2023). Esa dependencia de equipos crea una lógica económica incorporada que limita reversiones abruptas. Si Colombia cancelara la cooperación, arriesgaría dejar inutilizados miles de millones de dólares en equipamiento ya en servicio. Las acciones legislativas en ambos países generaron expectativas burocráticas superpuestas y planes operativos plurianuales que futuras administraciones encontrarían costosos de deshacer. Los puntos de veto legislativos también reforzaron patrones de cooperación basados en el statu quo cuando las preferencias ejecutivas divergían (CRS, 2025a).

Las dependencias económicas fortalecieron aún más la presión por la continuidad institucional. Las fuerzas militares colombianas operan predominantemente equipamiento fabricado en Estados Unidos, el cual requiere mantenimiento, entrenamiento, repuestos y modernizaciones continuas. El Departamento de Defensa de EEUU (2023) informa que el Southern Command estableció una Iniciativa de Asociación de Mantenimiento del Teatro (Theater Maintenance Partnership Initiative) para apoyar la capacidad regional de sostenimiento. El Departamento de Defensa también documenta Centros de Excelencia en Colombia, ubicados en Tolemaida, para mantenimiento aeronáutico y electrónico. Estos centros posicionan a Colombia como un centro regional de reparación de nivel de depósito para atender a otros socios latinoamericanos.

Esa inversión reside en infraestructura, capacitación, relaciones y capacidad técnica, más que en la buena voluntad de gobiernos específicos. Como resultado, puede resistir transiciones políticas porque no depende exclusivamente de quién esté en el poder. La inversión también creó grupos de interés militares colombianos con incentivos materiales para sostener la cooperación con Estados Unidos independientemente de las preferencias presidenciales.

The Rio Times (2026b) señala que la decisión de Colombia en 2026 de adquirir aeronaves de transporte brasileñas Embraer C-390, en lugar de aviones estadounidenses C-130J Super Hercules, demostró diversificación en adquisiciones. Sin embargo, esa decisión ocurrió dentro de marcos de asociación existentes y no como señal de ruptura. La compra del C-390 reflejó flexibilidad táctica dentro de una continuidad estratégica. Colombia mantuvo su asociación con la OTAN, el estatus MNNA y la cooperación ejército a ejército incluso mientras diversificaba sus fuentes de equipamiento.

El caso colombiano muestra que fundamentos institucionales profundos pueden ayudar a las alianzas de defensa a resistir fricciones políticas a nivel ejecutivo y transiciones electorales. Las estructuras de cooperación burocrática y los marcos legales formales crearon dependencias de trayectoria duraderas. Los mecanismos de supervisión legislativa añadieron restricciones, mientras las dependencias económicas reforzaron la continuidad. En conjunto, estos factores limitaron la capacidad tanto de las administraciones Petro como de Trump para alterar drásticamente la cooperación bilateral en defensa. Existían incentivos políticos para marcar distancia, pero la arquitectura institucional evitó una ruptura dramática.

Las elecciones legislativas colombianas del 8 de marzo de 2026 validaron empíricamente las predicciones de resiliencia institucional. Al Jazeera (2026) documenta que las fuerzas de seguridad sostuvieron el proceso electoral pese a más de 60 asesinatos de campaña y el despliegue de 126.000 efectivos de seguridad. El ministro de Defensa Sánchez detectó y detuvo a 2.400 personas provenientes de Venezuela que presuntamente intentaban votar, demostrando capacidad de prevención de fraude. The Bogotá Post (2026) informa que la participación electoral alcanzó el 48 %, consistente con patrones históricos pese a las tensiones Petro-Trump. ColombiaOne (2026) confirma el resultado fragmentado: el Pacto Histórico obtuvo 25 escaños en el Senado, mientras el Centro Democrático consiguió 17. Ningún partido alcanzó mayoría, algo que Finance Colombia (2026) señala como un factor que preservará la gobernabilidad de coalición y limitará la autonomía ejecutiva.

AS/COA (2026) proyecta que la elección presidencial colombiana del 31 de mayo de 2026 determinará si la próxima administración mantiene, expande o contrae estos fundamentos de cooperación. No obstante, la arquitectura institucional de Colombia hace improbable una ruptura dramática independientemente del resultado electoral.

Este patrón colombiano de resiliencia institucional proporciona una línea base para el análisis comparativo. El estudio pasa ahora a las elecciones brasileñas de octubre de 2026 y se pregunta si producirán una continuidad similar bajo una configuración institucional diferente.

Brasil, el punto medio. Restricciones legislativas y equilibrio entre grandes potencias generan una continuidad limitada

Brasil ocupa una posición intermedia entre la resiliencia institucional de Colombia y la fragilidad institucional de Perú. El país muestra cómo los requisitos de aprobación congresional, los vínculos de la industria de defensa y el equilibrio entre grandes potencias pueden limitar cambios drásticos en la cooperación en defensa pese a la volatilidad política.

El CRS (2025b) explica que los vínculos de defensa entre Estados Unidos y Brasil descansan sobre el Acuerdo de Cooperación en Defensa de 2010 y el Acuerdo General de Seguridad de Información Militar de 2010. El Congreso brasileño no aprobó estos acuerdos hasta 2015 porque las revelaciones sobre la vigilancia de la National Security Agency (NSA) contra funcionarios brasileños retrasaron la ratificación (CRS, 2025b). Ese retraso de cinco años demostró que el poder legislativo brasileño ejerce una supervisión significativa sobre los compromisos de cooperación en defensa.

Los puntos de veto legislativos crean fricción procedimental, ralentizan cambios abruptos de política y protegen las bases de cooperación existentes frente a reversiones impulsivas.

El tercer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado en 2023, priorizó la mejora de los niveles de vida y la protección ambiental (Reuters, 2023; Presidência da República, 2023). Su administración también enfatizó la gobernanza de la Amazonía, una prioridad histórica de Lula, mientras expandía la influencia de Brasil mediante el compromiso con los BRICS (CRS, 2025b). Estas prioridades generaron tensiones con las preferencias de Estados Unidos por una alineación hemisférica más estrecha bajo el liderazgo de Washington.

La posición de Brasil como la mayor economía de América Latina y la democracia más poblada de la región le otorga fuertes incentivos para equilibrar relaciones entre grandes potencias. En lugar de alinearse exclusivamente con Washington o Pekín, Brasil ha buscado autonomía mediante asociaciones diversificadas. Gaier y Araujo informaron que Brasil permitió el atraque en Río de Janeiro de dos buques navales iraníes bajo sanciones estadounidenses en febrero de 2023. El CRS (2025b) señala que esta decisión impulsó directrices del Congreso estadounidense exigiendo al secretario de Defensa evaluar los vínculos militares de Irán con Brasil, Bolivia y Venezuela. La Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2026 mantuvo ese requerimiento de reporte, demostrando la continua preocupación del Congreso estadounidense sobre las relaciones de defensa de Brasil con adversarios de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Brasil continuó adquiriendo importantes sistemas de defensa estadounidenses. Holsey (2025) señala que Brasil anunció una adquisición de 12 helicópteros UH-60M Black Hawk por 950 millones de dólares en noviembre de 2024. Esa compra reflejó una dependencia continua de la industria de defensa estadounidense pese al compromiso de Lula con los BRICS y una diversificación diplomática más amplia. En conjunto, estas decisiones reflejan la preferencia brasileña por la autonomía estratégica en lugar de una alineación exclusiva con Washington.

Varios factores institucionales limitan cambios drásticos en la postura de defensa de Brasil. El banco central independiente del país, formalizado mediante la Lei Complementar 179/2021, fortalece la continuidad política más allá de las preferencias presidenciales (Banco Central do Brasil, 2021). Los requisitos de aprobación congresional para acuerdos internacionales también restringen cambios abruptos en la cooperación en defensa. Los vínculos económicos entre las industrias de defensa brasileña y estadounidense refuerzan aún más la continuidad, incluso en medio de crecientes tensiones políticas.

El CRS (2025b) informa que Lula pretendía buscar un cuarto mandato presidencial en octubre de 2026, dependiendo de su estado de salud. Esa posibilidad creó presiones de continuidad porque su administración llegaba al proceso electoral con trayectorias políticas y compromisos burocráticos ya establecidos. El CRS (2025b) también reporta que las encuestas de julio de 2025 mostraban que el 43 % de los brasileños aprobaban la gestión de Lula, mientras el 53 % la desaprobaban. Estas cifras sugerían vulnerabilidad electoral, limitando cambios en política exterior que pudieran alienar a votantes centristas.

Los incrementos arancelarios impuestos por la administración Trump a Brasil en julio de 2025 generaron incentivos domésticos para que Lula demostrara independencia frente a Washington. El CRS (2025b) documenta que el 50,5 % de los brasileños expresaban opiniones negativas sobre Estados Unidos, mientras el 63,2 % mantenían opiniones negativas sobre Trump. Estas percepciones aumentaron el valor político de mantener distancia de Washington mientras se acercaban las elecciones de octubre de 2026. Reuters informó en mayo de 2026 que Lula y Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Bolsonaro, aparecían prácticamente empatados en las encuestas presidenciales.

Las elecciones brasileñas de octubre de 2026 pondrán a prueba si las restricciones institucionales y las dependencias económicas pueden preservar las bases de cooperación en defensa. La volatilidad política continúa moldeando el entorno electoral, mientras la intensificación de la competencia entre grandes potencias eleva las apuestas estratégicas del resultado.

El Congreso brasileño, dominado por el centro-derecha, limita la autoridad ejecutiva de Lula al exigir aprobación legislativa para acuerdos de defensa importantes y restringir cambios rápidos de política (CRS, 2025b). Los vínculos económicos, incluida la compra de helicópteros Black Hawk por 950 millones de dólares, crean impulso burocrático y grupos de interés de la industria de defensa favorables a mantener la cooperación (Holsey, 2025). Los programas de entrenamiento militar, los marcos de ejercicios conjuntos y los contratos de adquisición existentes también otorgan a actores institucionales razones materiales para preservar la cooperación durante las transiciones electorales.

Aun así, los fundamentos institucionales de Brasil siguen siendo menos profundos que los de Colombia. La cooperación militar entre Estados Unidos y Brasil es estructuralmente comparable a la de Colombia en ciertos aspectos; ambos mantienen reuniones anuales de estado mayor entre ejércitos y oficiales de enlace en U.S. Army South. Sin embargo, Colombia posee ventajas decisivas en términos de anclaje legal formal y profundidad operativa que Brasil no puede igualar actualmente (U.S. Army, 2024; U.S. Army, 2025a).

La designación MNNA de Colombia, su asociación con la OTAN y dos décadas de integración operativa bajo el Plan Colombia produjeron una arquitectura de cooperación que ha demostrado resiliencia frente a presiones ejecutivas. Brasil, en cambio, vio cancelados dos ejercicios bilaterales en 2025, cuando tensiones políticas sobre políticas de clasificación del narcotráfico alteraron la relación (Departamento de Estado de EEUU, 2025; CPG Click Petróleo e Gás, 2026).

El caso brasileño demuestra que la supervisión legislativa y las dependencias económicas aún pueden generar presiones significativas hacia la continuidad. Sin embargo, esas presiones operan sin la arquitectura burocrática profunda que caracteriza la cooperación entre Estados Unidos y Colombia.

Brasil, por tanto, permanece más vulnerable a la disrupción que Colombia, pero más resiliente que Perú. Su arquitectura institucional tiene un alcance mayor que la peruana, aunque ha sido menos probada bajo presión ejecutiva directa. Esta posición intermedia convierte a Brasil en un caso comparativo importante para evaluar cómo la institucionalización parcial configura la cooperación en defensa durante transiciones electorales.

Habiendo examinado la alta resiliencia de Colombia y las restricciones moderadas de Brasil, el análisis pasa ahora a la fragilidad institucional de Perú y las disrupciones emergidas durante su transición electoral de 2026.

Perú: la elevación formal se enfrenta a una ejecución frágil

Perú presenta el caso analíticamente más complejo del ciclo electoral de 2026 porque combina una elevación institucional formal con una disrupción severa durante una transición en cooperación de defensa.

El 14 de enero de 2026, el presidente Trump firmó la Determinación Presidencial No. 2026-04, designando a Perú como Aliado Principal Extra-OTAN (MNNA) por primera vez en la historia de la relación bilateral (Presidential Determination No. 2026-04, 2026). Esa designación desbloqueó el tratamiento preferencial bajo ITAR, el acceso al Foreign Military Financing y una mayor elegibilidad para programas cooperativos de investigación y desarrollo en defensa anteriormente inaccesibles para Lima.

La Embajada de Estados Unidos en Perú (2026) también documentó una cooperación más profunda, incluida la autorización congresional para el despliegue rotativo de fuerzas especiales estadounidenses, Navy SEALs y personal de inteligencia militar para realizar ejercicios conjuntos a lo largo de 2026. La embajada registró además la erradicación de más de 36.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca mediante el proyecto antinarcóticos CORAH, reflejando la amplitud del compromiso bilateral en seguridad.

Sin embargo, pese a estos avances formales, el sistema político doméstico peruano permaneció profundamente frágil bajo esta nueva designación estratégica.

A diferencia de las complejas estructuras de cooperación militar de Colombia y de los marcos aprobados legislativamente de Brasil, Perú mantenía fundamentos institucionales superficiales por debajo de la nueva arquitectura MNNA. Ellis (2025) explica que los gobiernos de transición suelen carecer de autoridad para sostener compromisos complejos y plurianuales en materia de defensa a través de distintas administraciones.

El ciclo electoral peruano de 2026 intensificó la fragilidad institucional subyacente a la nueva designación MNNA. Tras uno de los años más violentos de Perú desde 2017, los homicidios aumentaron 12,8 % y las denuncias de extorsión crecieron 27,4 %, erosionando la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte antes de su destitución (Miller et al., 2025). El presidente interino José María Balcázar asumió entonces el poder con autoridad limitada antes de las elecciones de abril de 2026, que contaron con 37 candidatos presidenciales registrados, reflejando una extrema fragmentación política (AS/COA, 2026).

Las fallas logísticas extendieron la votación a un segundo día, mientras retrasos en centros electorales impidieron votar a más de 63.000 ciudadanos (Euronews, 2026; Al Jazeera, 2026). Ningún candidato alcanzó el umbral requerido del 50 %, obligando a una segunda vuelta el 7 de junio de 2026 y confirmando la ausencia de una coalición gubernamental estable (AS/COA, 2026). Este entorno electoral fragmentado desplazó la atención política hacia la seguridad interna, debilitó la coherencia ejecutiva y redujo la probabilidad de que líderes civiles pudieran sostener compromisos complejos de defensa entre administraciones.

La crisis de adquisición de cazas en abril de 2026 muestra cómo la turbulencia institucional y la resiliencia burocrática interactuaron dentro del fragmentado y frágil sistema político peruano. Perú había buscado reemplazar sus envejecidas aeronaves de fabricación rusa desde 2025. La presidenta Dina Boluarte inicialmente seleccionó 24 Saab Gripen E/F, por encima del F-16 Block 70 y del Dassault Rafale, tras una evaluación técnica que se extendió por más de una década (Armada International, 2025).

Tras el colapso político de Boluarte y la sucesión de gobiernos interinos, Perú revirtió el curso hacia el F-16 a finales de 2025, respaldado por los beneficios ITAR derivados de la designación MNNA (Aerospace Global News, 2026). El financiamiento aprobado por el Congreso peruano en la Ley de Endeudamiento de 2025, valorado en 7.580 millones de soles, junto con el presupuesto de 2026, de 5.700 millones de soles, otorgó una base legal a esta reversión. Esta estructura financiera permitió avanzar sin requerir nueva autoridad ejecutiva.

En septiembre de 2025, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) aprobó la venta militar extranjera (Foreign Military Sale) de 24 aeronaves Lockheed Martin F-16 Block 70, valoradas en hasta 3.420 millones de dólares (Aerotime, 2026). Esa aprobación estableció el marco institucional y legal para la adquisición.

La crisis de firma que estalló el 17 de abril de 2026 reveló la vulnerabilidad de una cooperación en defensa construida mediante arreglos ejecutivos ad hoc en lugar de marcos bilaterales maduros. Ejecutivos de Lockheed Martin viajaron a Lima para una ceremonia de firma programada, a la que asistiría el embajador estadounidense Bernie Navarro (Gálaga, 2026; Reuters, 2026). Esperaban concretar la mayor adquisición de defensa en la historia peruana.

Sin embargo, el presidente interino Balcázar anunció en cadena nacional que no firmaría el acuerdo. Argumentó que un gobierno transitorio carecía de mandato para comprometer a un gobierno electo entrante a una obligación financiera de 3.500 millones de dólares (The Rio Times, 2026a). La delegación estadounidense se enteró de la decisión por la radio nacional peruana y no a través de canales diplomáticos, evidenciando un grave colapso en los protocolos bilaterales de comunicación (Aerotime, 2026). El embajador Navarro advirtió públicamente que acciones de mala fe contra intereses estadounidenses activarían todas las herramientas disponibles para proteger la seguridad y prosperidad de Estados Unidos en la región.

Lo ocurrido después reveló una dinámica institucional ausente en fracasos anteriores de cooperación peruana. Funcionarios militares y ministeriales siguieron adelante con la adquisición pese a la oposición explícita del presidente. El ministro de Defensa Carlos Díaz Dañino realizó una firma técnica en la Base Aérea Las Palmas el 20 de abril de 2026, con pleno conocimiento de los niveles más altos del gobierno peruano (Aerotime, 2026).

El 22 de abril, el ministro de Defensa Díaz Dañino y el canciller Hugo de Zela renunciaron, alegando el intento de Balcázar de posponer un compromiso contractual y legislativamente vinculante (The Rio Times, 2026a). Ese mismo día, el Ministerio de Economía del Perú confirmó la transferencia de 462 millones de dólares como primer pago bajo el contrato firmado. Esta transferencia hizo financieramente difícil revertir la compra antes de que cualquier intervención ejecutiva pudiera prosperar.

Lockheed Martin confirmó el 23 de abril de 2026 que Perú adquiriría un lote inicial de 12 F-16 Block 70 (Aerotime, 2026). La empresa también declaró que Perú se convertiría en el 29.º país en operar esta plataforma. Paralelamente, la credibilidad peruana con proveedores internacionales sufrió daños en programas paralelos de adquisición, incluidos proyectos de fragatas, patrulleras oceánicas, submarinos y aeronaves de transporte.

La fragilidad institucional peruana deriva de varios factores estructurales que persisten pese a la elevación formal lograda mediante la designación de MNNA de enero de 2026.

Primero, la designación abrió acceso a financiamiento militar extranjero, beneficios ITAR y oportunidades de cooperación, pero el marco MNNA permanecía nuevo y mayormente no probado durante la crisis de adquisición (Presidential Determination No. 2026-04, 2026). Perú carecía de la infraestructura burocrática y del consenso interno que Colombia desarrolló a través de dos décadas de implementación del Plan Colombia. Esa diferencia otorgó al estatus MNNA colombiano una profundidad operativa que iba más allá de la elegibilidad legal. Perú, por tanto, gestionó partes clave de la relación mediante arreglos ad hoc, exponiendo la cooperación a la discrecionalidad ejecutiva y la turbulencia política. Una arquitectura bilateral madura probablemente habría reducido estas vulnerabilidades.

Segundo, la supervisión congresional peruana sobre adquisiciones de defensa parece comparativamente débil y fragmentada. La reciente reestructuración institucional complicó aún más el panorama. AS/COA (2026) señala que el Congreso se preparaba para elegir un Senado por primera vez desde 1992 junto con las elecciones presidenciales de abril de 2026. Ese cambio sugería reestructuración institucional más que gobernabilidad estable.

Tercero, las estructuras de cooperación militar entre Perú y Estados Unidos demostraron ser más relevantes bajo presión de lo que su diseño institucional limitado sugería. Aunque menos densas que las reuniones anuales ejército a ejército de Colombia o el marco de cooperación brasileño, la designación MNNA amplió la elegibilidad para cooperación, mientras fuerzas especiales estadounidenses y Navy SEALs realizaban ejercicios conjuntos durante 2026.

La cadena de mando militar también demostró suficiente cohesión institucional para completar la firma del acuerdo F-16 pese a la oposición presidencial directa. Este episodio sugiere que la relación militar bilateral había generado un núcleo burocrático capaz de resistir preferencias ejecutivas bajo presión aguda.

Cuarto, las dependencias económicas restringieron parcialmente la discrecionalidad ejecutiva, aunque no operaron a través de canales diplomáticos convencionales. Las estructuras de financiamiento incorporadas en la Ley de Endeudamiento de 2025 y el presupuesto de 2026 crearon obligaciones que funcionarios militares consideraron compromisos vinculantes (The Rio Times, 2026a). El primer pago de 462 millones de dólares, transferido el 22 de abril de 2026, creó hechos financieros consumados difíciles de revertir para cualquier gobierno posterior. Cualquier intento de desconocer el acuerdo habría tenido severas consecuencias legales y diplomáticas. Contratos plurianuales de entrenamiento, mantenimiento, adquisición de repuestos e integración de armamento vincularán a los sectores de defensa peruano y estadounidense durante décadas (Aerotime, 2026). Estas obligaciones crearon la base institucional que la relación bilateral anteriormente no poseía.

El caso peruano demuestra cómo las transiciones electorales pueden generar una severa turbulencia institucional incluso cuando los compromisos formales sobreviven a través de canales burocráticos alternativos. La saga de los F-16 se desarrolló en cuatro fases. Primero, Boluarte seleccionó el Gripen en julio de 2025. Luego, autoridades interinas revirtieron el rumbo hacia el F-16. Posteriormente, la designación MNNA elevó la relación bilateral en enero de 2026. Finalmente, la crisis de firma de abril de 2026 expuso la fragilidad de la arquitectura de gobernanza de defensa peruana. Cada fase reflejó una respuesta institucional diferente frente a la inestabilidad ejecutiva (Armada International, 2025; Aerospace Global News, 2026; Presidential Determination No. 2026-04, 2026; Aerotime, 2026).

El carácter interino de Balcázar redujo sus incentivos para honrar compromisos heredados de administraciones previas. Su horizonte político de apenas cinco meses desplazó la atención hacia la gestión electoral de corto plazo en detrimento de la planificación estratégica de defensa. No obstante, el financiamiento legislativo, la cadena de mando militar y el nuevo marco MNNA lograron superar la resistencia ejecutiva. El resultado sugirió la aparición de restricciones institucionales que transiciones anteriores en Perú no habían demostrado.

Las elecciones peruanas de abril de 2026 confirmaron que una débil coherencia ejecutiva puede producir graves interrupciones bilaterales, incluso cuando marcos contractuales y legislativos terminan imponiendo cumplimiento. La crisis de abril probablemente influirá en la manera en que contratistas de defensa y funcionarios estadounidenses enfrenten futuras adquisiciones peruanas. Es probable que examinen con mayor rigor la secuencia entre autorización legislativa, compromiso financiero y respaldo ejecutivo.

El hecho de que Washington descubriera la cancelación por radio nacional, en vez de mediante canales diplomáticos, reveló una falla elemental de comunicación bilateral. La confianza en la fiabilidad del Ejecutivo peruano disminuyó significativamente, aunque las fuerzas armadas finalmente sostuvieron la adquisición.

La segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, determinará si la nueva administración consolida el marco MNNA. Un gobierno comprometido podría convertir ese marco en el fundamento de una arquitectura de seguridad bilateral duradera. Un gobierno pasivo podría dejar la designación como una elevación simbólica sin consolidación operativa. Esa decisión desperdiciaría la oportunidad institucional que paradójicamente creó la crisis de adquisición.

La fragilidad peruana contrasta marcadamente con la resiliencia colombiana y la alineación condicionada de Brasil. Sin embargo, Perú también introduce nueva evidencia de resistencia burocrática parcial frente a reversiones ejecutivas. Tras examinar tres casos principales, el análisis pasa ahora a patrones comparativos que involucran a Costa Rica y Haití. Esa comparación identifica los factores que determinan si las transiciones de 2026 producen continuidad o disrupción en toda la región.

Análisis comparativo: la profundidad institucional determina los resultados. Colombia sostiene, Brasil restringe, Perú se recupera parcialmente

El análisis comparativo entre Colombia, Brasil y Perú revela que la profundidad institucional determina si las transiciones electorales de 2026 producen continuidad o disrupción en las alianzas de defensa. Los resultados divergen según las configuraciones de estructuras burocráticas, marcos legales, supervisión legislativa y dependencias económicas.

Colombia demuestra un alto nivel de continuidad pese a fricciones políticas, anclada en una cooperación militar profunda, el estatus formal conferido por la designación MNNA, una asociación con la OTAN que amplía la relación bilateral más allá del hemisferio y dependencias económicas sustanciales que generan múltiples dependencias de trayectoria reforzadas y limitan la autonomía ejecutiva.

Brasil ocupa una posición intermedia, donde una continuidad significativa emerge de los requisitos de aprobación legislativa, las obligaciones financieras plurianuales creadas por la adquisición de helicópteros Black Hawk por 950 millones de dólares y los vínculos económicos que persisten entre administraciones, aun sin la densidad institucional de la relación Estados Unidos-Colombia.

Perú, en contraste, experimenta severa turbulencia institucional, aunque los mecanismos de financiamiento legislativo y la cadena de mando militar mostraron resiliencia parcial durante la crisis de adquisición de 2026. La débil coherencia ejecutiva socavó los canales convencionales de cooperación, mientras el naciente marco MNNA aún no había generado la infraestructura burocrática acumulada necesaria para restringir plenamente la discrecionalidad presidencial. La supervisión legislativa fragmentada fue incapaz de prevenir la crisis de firma, aunque el financiamiento previamente autorizado terminó imponiendo cumplimiento contractual.

Costa Rica y Haití representan casos límite con cooperación militar estadounidense reducida. La continuidad de alianzas resulta menos relevante que en Colombia, Brasil y Perú. Miller et al. (2025) explican que Costa Rica abolió su ejército en 1949 (Constitución de Costa Rica, artículo 12). El país opera únicamente cuerpos de guardia civil y seguridad fronteriza. Estas instituciones reciben asistencia policial estadounidense más que cooperación militar tradicional, funcionando a través de canales institucionales distintos de aquellos que caracterizan las relaciones con Colombia, Brasil y Perú (Miller et al., 2025).

Las elecciones costarricenses del 1 de febrero de 2026 situaron la seguridad como tema dominante de campaña. Miller et al. (2025) documentan que la preocupación ciudadana por la violencia aumentó del 30,3 % al 43,7 % entre noviembre de 2024 y abril de 2025, transformando profundamente las dinámicas electorales alrededor de prioridades policiales domésticas. Sin embargo, la prioridad de seguridad se centró en la seguridad pública interna y no en alianzas internacionales de defensa.

La administración costarricense ganadora probablemente incrementará la cooperación policial con agencias estadounidenses. Programas antinarcóticos probablemente se expandirán y la cooperación fronteriza recibirá renovado énfasis político. No obstante, estos programas operan mediante canales institucionales distintos a las asociaciones de defensa convencionales.

AS/COA (2026) señala que Haití programó elecciones presidenciales para el 30 de agosto de 2026, con una eventual segunda vuelta el 6 de diciembre, aunque el colapso estatal en curso hace incierto el proceso electoral. El control de bandas criminales sobre Puerto Príncipe ha vuelto esencialmente irrelevantes los marcos tradicionales de cooperación militar, dado que organizaciones criminales controlan aproximadamente el 90 % de la capital y han establecido estructuras paralelas de gobernanza (Human Rights Watch, 2026). En consecuencia, el compromiso estadounidense opera mediante ayuda humanitaria, apoyo a misiones de paz de la ONU y fortalecimiento policial, canales muy distintos a las arquitecturas bilaterales de defensa observadas en Colombia, Brasil y Perú.

Las presiones externas ponen a prueba los fundamentos institucionales: transición venezolana, expansión de la RPC, aranceles de Trump y violencia regional

Las variables externas interactúan con las instituciones domésticas para determinar si las transiciones electorales de 2026 producen continuidad o disrupción en las alianzas de defensa. J.P. Morgan Private Bank (2026) identifica la captura militar estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026 como el catalizador externo más significativo. La operación eliminó a un actor hostil que había proporcionado refugio a guerrillas colombianas, financiado movimientos autoritarios y facilitado la influencia china y rusa en el hemisferio occidental.

La transición pos-Maduro creó desafíos inmediatos de seguridad que requirieron coordinación entre la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y países vecinos. Sánchez (2026) documenta que el presidente Petro anunció el 24 de abril reuniones bilaterales enfocadas en la seguridad fronteriza del Catatumbo. La crisis venezolana, por tanto, generó imperativos de seguridad compartidos que incentivaron la continuidad de la cooperación en defensa entre Estados Unidos y América Latina pese a la incertidumbre electoral. Las amenazas transnacionales reforzaron la necesidad de coordinación sostenida más allá de preferencias partidistas.

Ellis (2025) identifica la expansión de la cooperación militar de la República Popular China (RPC) en América Latina como una segunda variable externa que moldea las trayectorias de 2026. Pekín ha ampliado intercambios militares, incrementado ventas de equipamiento y respaldado más de 35 iniciativas de vigilancia “Safe City” en la región. China también desplegó un buque hospital de la Armada del EPL (PLAN) para ejercicios conjuntos con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú a finales de 2025 (Fonseca et al., 2025).

Estas iniciativas construyen una red de alianzas alternativas que reduce la dependencia regional de la asistencia de seguridad estadounidense. Blankenship y Rivera (2025, 2026) señalan que el documento de política china de diciembre de 2025 sobre América Latina y el Caribe prometió “llevar a cabo activamente intercambios militares y cooperación” con países de la región. Esto demuestra que la expansión china es deliberada e institucionalmente anclada, más que oportunista.

Las mismas fuentes documentan vínculos más profundos con las fuerzas armadas brasileñas mediante transferencias tecnológicas y ejercicios conjuntos. El programa CSIS Americas Program también identifica el apalancamiento diplomático y económico chino como herramienta para cultivar élites colombianas pese a la turbulencia interna de la administración Petro. La competencia de la RPC, por tanto, ofrece a gobiernos latinoamericanos opciones estratégicas para diversificar relaciones de defensa más allá de Washington.

Los gobiernos pueden utilizar alternativas chinas para demostrar autonomía estratégica frente a audiencias domésticas. Sin embargo, las instituciones nacionales determinan si los líderes pueden aprovechar esas alternativas sin desestabilizar alianzas existentes. Las profundas estructuras de cooperación entre Estados Unidos y Colombia generan altos costos de cambio, dificultando realineamientos drásticos. El marco institucional más débil de Perú deja sus alianzas más expuestas a disrupciones, independientemente de si las alternativas chinas se materializan completamente.

Las tácticas de presión estadounidense constituyen una tercera variable externa que pone a prueba la resiliencia de las alianzas durante las transiciones de 2026. Estas tácticas incluyen aranceles, amenazas de reducción de ayuda y críticas públicas. El CRS (2025b) documenta que los aumentos arancelarios contra Brasil en julio de 2025 generaron reacciones negativas entre el 63,2 % de los brasileños. Estas percepciones incentivaron políticamente a Lula a tomar distancia de Washington antes de las elecciones de octubre de 2026.

Sin embargo, los factores institucionales limitaron el efecto disruptivo de esta presión. La supervisión legislativa brasileña restringió la libertad de acción del Ejecutivo y amortiguó la cooperación militar frente a la turbulencia política más severa. En Colombia, las asignaciones presupuestarias del Congreso estadounidense mantuvieron la asistencia de seguridad pese a tensiones con Petro. El CRS (2025a) y el Ejército estadounidense (2025) muestran que el impulso burocrático mantuvo la cooperación operativa pese a la fricción retórica. La presión externa se vuelve más disruptiva cuando las instituciones domésticas carecen de fortaleza suficiente para limitar respuestas políticas. La fragmentación política peruana dejó al país expuesto a la competencia entre grandes potencias y tensiones bilaterales sin amortiguadores confiables.

Las crisis de seguridad que dominan las preocupaciones electorales en el ciclo de 2026 constituyen una cuarta variable externa que configura la cooperación en defensa. Miller et al. (2025) reportan que la preocupación costarricense por la violencia aumentó de 30,3 % a 43,7 % antes de las elecciones. Perú registró aumentos de entre 10 % y 12 % en homicidios y de 27 % a 30 % en denuncias por extorsión (InSight Crime, 2026; Human Rights Watch, 2026). Estas presiones de seguridad alientan a los candidatos a proyectar firmeza y respaldar cooperación con agencias policiales y militares estadounidenses. También generan incentivos políticos para mantener o ampliar alianzas bilaterales.

Sin embargo, la cooperación en seguridad solo adquiere valor electoral cuando las instituciones pueden ofrecer resultados visibles. Los votantes peruanos enfrentando violencia persistente podrían cuestionar si las alianzas con Estados Unidos generan suficientes beneficios de seguridad como para justificar inversiones continuas.

Estas variables externas refuerzan o debilitan la continuidad de alianzas dependiendo de la profundidad institucional doméstica. La transición pos-Maduro creó imperativos compartidos de seguridad que fomentaron coordinación sostenida entre Estados Unidos y América Latina. La expansión de la cooperación militar china ofreció alternativas creíbles a gobiernos regionales. Las tácticas de presión de Washington pusieron a prueba acuerdos institucionales existentes, mientras las crisis de seguridad internas impulsaron incentivos políticos hacia la cooperación bilateral.

Países con fundamentos institucionales profundos, como Colombia, pueden absorber mejor estas presiones externas. Estructuras burocráticas, marcos legales y dependencias económicas preservan niveles de cooperación pese a la turbulencia ambiental. Países con bases más débiles, como Perú, enfrentan presiones externas que multiplican los riesgos de disrupción. Instituciones fragmentadas tienen mayores dificultades para gestionar crisis transnacionales de manera coherente, como ilustró el caótico episodio de adquisición de los F-16.

La interacción entre profundidad institucional y presión externa determina la trayectoria de cada país. Ni las instituciones domésticas ni las condiciones externas, por sí solas, pueden predecir continuidad o disrupción. Es su combinación la que explica por qué algunas alianzas de defensa sobreviven a transiciones electorales mientras otras enfrentan severa inestabilidad.

Última palabra: la profundidad institucional, y no los resultados electorales, determina las trayectorias de las alianzas de defensa

Este análisis demuestra que las transiciones presidenciales de 2026 producirán una combinación de continuidad y disrupción en las alianzas de defensa entre Estados Unidos y América Latina. La profundidad institucional determina si los países sostienen la cooperación o experimentan cambios drásticos de política.

Las estructuras de cooperación burocrática moldean las trayectorias de las alianzas al crear hábitos, procedimientos y redes profesionales que sobreviven a administraciones individuales. Los marcos legales limitan reversiones abruptas, la supervisión legislativa añade fricción procedimental y las dependencias económicas crean grupos de interés domésticos con incentivos materiales para la continuidad.

Colombia demuestra la resiliencia institucional más sólida entre los casos examinados. Su durabilidad descansa sobre fundamentos interconectados, incluidos el estatus MNNA, la asociación con la OTAN, reuniones anuales ejército a ejército y profundas dependencias de equipamiento militar. El Ejército de Estados Unidos (2025) ofrece evidencia contundente a través de las reuniones de estado mayor de septiembre de 2025, donde se firmaron 47 acciones acordadas pese a tensiones a nivel presidencial.

Las elecciones legislativas colombianas del 8 de marzo de 2026 reforzaron esta resiliencia. Al Jazeera (2026) reporta que 126.000 efectivos de seguridad protegieron el proceso electoral, pese a más de 60 asesinatos políticos. ColombiaOne (2026) documenta un resultado legislativo fragmentado que impidió la dominación de un solo partido. Aunque existía volatilidad política, los fundamentos institucionales profundos preservaron la alianza de defensa.

Brasil exhibe una resiliencia moderada en lugar de la arquitectura profunda colombiana. El CRS (2025b) muestra que la supervisión legislativa y la adquisición de Black Hawks por 950 millones de dólares crean presiones hacia la continuidad. Lula y las tensiones arancelarias con Washington generaron fricciones diplomáticas, pero las instituciones brasileñas limitaron su impacto sobre la cooperación militar.

Perú demuestra que la fragilidad institucional puede generar severas interrupciones incluso cuando compromisos formales sobreviven mediante canales burocráticos alternativos. El presidente interino Balcázar rechazó públicamente la firma del acuerdo F-16 el 17 de abril de 2026, detonando renuncias ministeriales y una crisis diplomática con Washington. El episodio reveló los riesgos de depender de la confiabilidad ejecutiva en un país que ha tenido nueve presidentes en menos de una década.

La designación MNNA de Perú, el 14 de enero de 2026, constituyó un avance institucional real, pero la crisis de abril demostró que el estatus formal no puede reemplazar la infraestructura bilateral acumulada (Presidential Determination No. 2026-04, 2026).

La pregunta central de investigación recibe, por tanto, una respuesta condicional basada en la variación institucional entre países: las alianzas mantienen continuidad cuando múltiples instituciones limitan la autonomía ejecutiva y crean dependencias de trayectoria; enfrentan disrupción cuando esas instituciones son débiles o inexistentes.

La jerarquía de durabilidad de alianzas refleja profundidad institucional, no afinidad ideológica, resultados electorales ni retórica política.

Implicaciones de política pública para Estados Unidos

Estos hallazgos tienen implicaciones claras para los planificadores de defensa estadounidenses. Washington debería priorizar el fortalecimiento institucional, en lugar de reaccionar a la retórica electoral o intentar influir en la selección de candidatos. El Departamento de Defensa de EEUU (2023), a través de la Theater Maintenance Partnership Initiative del Southern Command, demuestra cómo una inversión institucional sostenida respalda la cooperación de largo plazo. Los Centros de Excelencia en Colombia han resistido transiciones políticas y mantenido cooperación técnica pese a fricciones a nivel ejecutivo. El CRS (2025a) también demuestra que las asignaciones presupuestarias del Congreso proporcionan estabilidad cuando las relaciones presidenciales se deterioran. Estos ejemplos evidencian que las alianzas resilientes dependen de instituciones duraderas, no de la alineación personal entre presidentes.

La crisis peruana de los F-16 revela tanto los riesgos como la resiliencia parcial de grandes adquisiciones militares con países en transición institucional. El acuerdo sobrevivió a la resistencia ejecutiva únicamente mediante renuncias ministeriales, firmas lideradas por militares y transferencias financieras de 462 millones de dólares que sortearon canales normales de gobernanza (Aerotime, 2026). Funcionarios estadounidenses deberían tratar la designación MNNA de Perú como una oportunidad para construir las estructuras necesarias para futuras adquisiciones. Estas deberían incluir reuniones militares regulares, acuerdos formales de cooperación en defensa, intercambios de oficiales y marcos institucionalizados de ejercicios conjuntos.

La crisis de abril de 2026 mostró que el financiamiento legislativo y la cultura institucional militar pueden sostener compromisos bilaterales cuando los ejecutivos vacilan. Sin embargo, una cooperación sostenible requiere una arquitectura institucional completa y no soluciones de emergencia.

Brasil ofrece una plantilla útil para fortalecer alianzas con países que poseen una profundidad institucional moderada. La supervisión legislativa y las dependencias derivadas de adquisiciones ya crean presiones significativas hacia la continuidad, incluso sin la densa arquitectura militar de Colombia. Los planificadores estadounidenses pueden ampliar estos mecanismos mediante diálogos militares regularizados, cooperación de mantenimiento más profunda y fortalecimiento de marcos legales capaces de sobrevivir a cambios electorales. Este enfoque reduciría la vulnerabilidad frente a tensiones diplomáticas, respetando al mismo tiempo la autonomía política doméstica.

Referencias

MSI² tiene confianza moderada en esta evaluación de que la profundidad institucional, más que los resultados electorales o la alineación ideológica, determinará la continuidad o disrupción de las alianzas de defensa entre Estados Unidos y América Latina durante el ciclo electoral de 2026. Nuestra confianza se basa en documentación gubernamental de fuentes abiertas corroboradas, informes congresionales y cobertura periodística regional contemporánea sobre los casos de Colombia, Brasil y Perú.

Las principales incertidumbres incluyen la consolidación operativa del naciente marco MNNA de Perú bajo un gobierno electo entrante, la trayectoria de las elecciones brasileñas de octubre de 2026 en medio de encuestas que muestran a Lula y Flávio Bolsonaro prácticamente empatados, y el grado en que la expansión de la cooperación militar de la RPC ofrecerá a gobiernos latinoamericanos alternativas creíbles capaces de desplazar arquitecturas de cooperación ya consolidadas con Estados Unidos.

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Autor

Jaime (Jim) González es un veterano profesional de inteligencia y oficial militar con más de 40 años de servicio en el Ejército de Estados Unidos y en la Comunidad de Inteligencia. Ha dirigido operaciones de inteligencia, análisis antinarcóticos y evaluaciones estratégicas de amenazas, contribuyendo a la formulación de políticas de seguridad nacional y a la mentoría de futuras generaciones de líderes.

Se desempeñó como Agregado Militar de Estados Unidos en América Latina, como Provost Marshal en Alemania, y posteriormente como Oficial Superior de Inteligencia, supervisando operaciones HUMINT y análisis clave de defensa. Reconocido experto en tradecraft de inteligencia, ha desarrollado programas de formación, redactado publicaciones clasificadas y recibido múltiples premios nacionales de inteligencia por sus contribuciones.

Como Oficial Superior de Inteligencia, lideró esfuerzos analíticos que informaron decisiones de seguridad nacional y sirvió con distinción en múltiples cargos de alto nivel dentro de la Defense Intelligence Agency (DIA), incluido el puesto de Chief of Military Forces Analysis. El desempeño sobresaliente de González le ha valido numerosos reconocimientos militares y civiles, entre ellos el DIA Negus Award for Outstanding Analytical Excellence, tres ODNI National Intelligence Team Awards y el National Intelligence Council Intelligence Award.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com

AVISO LEGAL DEL GOBIERNO DE EEUU: Las opiniones expresadas por Jaime González, actual contratista del gobierno de EEUU, son exclusivamente suyas y no reflejan necesariamente las opiniones de la Inteligencia de Defensa, la Seguridad Nacional de Defensa, la Oficina del Director de la Agencia Gubernamental de Inteligencia Nacional ni del Gobierno de los Estados Unidos.

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