BOGOTÁ,. El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este domingo una ofensiva gubernamental destinada a estrechar el control presupuestario, ejecutar auditorías preventivas e implementar análisis de datos e inteligencia para interceptar el desvío de fondos estatales antes de que se consumen los actos de corrupción.
"Se les acabó la fiesta", presidente Abelardo de la Espriella lanza advertencia contra la corrupción
Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado enfatizó que la prioridad de su administración será salvaguardar el erario mediante mecanismos de vigilancia anticipada
Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado enfatizó que la prioridad de su administración será salvaguardar el erario mediante mecanismos de vigilancia anticipada en los contratos de infraestructura, salud y programas de alimentación escolar.
La batería de medidas anunciada por la Casa de Nariño busca endurecer el marco de integridad pública y reforzar la confianza ciudadana en la gestión de las finanzas del Estado.
Mensaje del Jefe de Estado colombiano publicado en su cuenta de X:
De la Espriella: Se les acabó la fiesta
Llegué a la Presidencia con una convicción que no negocio: la plata de los colombianos es sagrada. No vine a administrar las costumbres de siempre ni a mirar para otro lado mientras convierten el Estado en negocio. Vine a cambiar la manera de gobernar y a defender, hasta el último peso, lo que es de la gente.
Cuando se roban un hospital, hay un colombiano esperando atención. Cuando se roban la alimentación escolar, hay un niño sin comida. Cuando inflan una carretera, un colegio o un acueducto, hay un pueblo pagando el precio. Robarse un peso del Estado es robárselo a los colombianos. Y en mi Gobierno eso tiene consecuencias.
Esta semana se lo repetí a alcaldes y gobernadores: no voy a permitir que se roben un solo peso. Curiosamente, cuando hablo de obras e inversiones, abundan los aplausos. Cuando digo que no se pueden robar la plata, algunas manos se quedan quietas. Les dije, con la ironía que merecen: «Aplaudan. ¿Por qué no aplauden?». Ese silencio es el termómetro.
En Sucre se lo dije al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, mirándolo a los ojos. Mi deber es proteger los recursos de la Nación. No puedo ignorar sus antecedentes ni las investigaciones y actuaciones públicas que rodean su trayectoria. Le formulé la pregunta elemental: «¿Cómo pretende que, como presidente, le entregue recursos públicos sin controles y haga como si nada ocurriera?».
En Montería fui igual de claro con el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo. Le ordené al Ministerio de Educación, dentro de sus competencias, ejercer inspección y vigilancia sobre la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos.
La autonomía universitaria se respeta. Autonomía no es ausencia de controles ni patente para atornillarse con corrupción y politiquería. La Universidad de Córdoba no tiene propietarios: pertenece a los cordobeses y a sus estudiantes. Las autoridades dirán si hubo irregularidades. Nosotros garantizamos el debido proceso. Nadie que administre plata de los colombianos está por encima del escrutinio.
La misma mano cae sobre la Universidad de Pamplona. El Consejo de Estado anuló la elección del exrector Ivaldo Torres Chávez. Hay denuncias de manejos contractuales, poderes externos que ordenan contratación y burocracia sin sentido. Ordené a la señora ministra, Ilva Miryam Hoyos, ejercer vigilancia inmediata. Las universidades públicas no pueden seguir siendo refugio de la corrupción ni coto de caza de poderes políticos.
En Bomberos también actué con contundencia. Cuando conocí actuaciones del director Germán Miranda, claramente corruptas, su presencia se tornó incompatible con mi Gobierno. Ese corrupto rompió la confianza y la lealtad y no podía seguir en su cargo. Le pedí al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que declarara insubsistente, ipso facto, su nombramiento. Así se hizo.
Las autoridades establecerán las responsabilidades. Yo no soy juez. Soy el presidente y decido quién merece mi confianza. Una cosa es la presunción de inocencia y otra, el derecho a permanecer en un cargo. Quien pierda mi confianza por sus actos corruptos o desleales se va. No hay contemplaciones.
Estos no pueden ser esfuerzos aislados. Por eso creé el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y designé a la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia. Ella será la zarina anticorrupción de este Gobierno: carácter de hierro para una tarea de hierro.
Para ello, ya se está trabajando con agentes encubiertos en la administración pública para investigar a los corruptos. Y tengan en cuenta: la corrupción es un delito transnacional y así hemos empezado a combatirla. Los corruptos están acostumbrados a dejar en la miseria al pueblo y a disfrutar su botín en países desarrollados: se les acaba su Disney World.
Doctora Lombana, hay que vigilar los contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros, cuando la ley lo permita. Durante demasiado tiempo, el Estado buscó la plata después del robo. En mi Gobierno no vamos a permitir que se la roben. Nosotros queremos llegar antes.
Si hay evidencia de delito, falta o detrimento, se remite de inmediato a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Aquí no hay tribunales políticos. Hay denuncias y justicia.
Y que nadie crea que esto mira solo hacia adelante. También ponemos el espejo retrovisor. Los colombianos tienen derecho a saber qué pasó con sus recursos en el Gobierno anterior: cuentas, contratos, obligaciones, lo que desapareció y lo que deterioraron.
Ya aparecen asuntos que merecen explicación. Por ejemplo, he conocido el contrato interadministrativo 1166 de 2026, del programa Ciberpaz, celebrado entre la anterior administración del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la ya mencionada Universidad de Pamplona, por 14.984 millones de pesos. Casi 15.000 millones para sensibilizaciones, formaciones, inclusión digital y una estrategia de comunicación.
Señora ministra Alexandra Falla, el país debe saber en qué gastó el Gobierno pasado cada peso, cuánto costó cada actividad, dónde se hizo, quién participó, quién certificó y qué recibió el país. Que una auditoría forense determine si ese gasto tiene una justificación proporcional y verificable. Y, si es una vagabundería, que se denuncie ante la justicia.
Casos como este entran a la auditoría forense contractual. No perseguimos personas por política. Perseguimos la plata cuando hay razones objetivas para preguntar qué hicieron con ella.
La amistad y el parentesco no dan patente de corso en el Gobierno del Tigre. Si alguien llama diciendo que viene de parte mía, de mi familia o de un cercano para pedir un favor indebido, no lo atiendan: denúncienlo.
A los funcionarios honestos, todo mi respaldo. A los ciudadanos: denuncien y documenten. A quienes todavía creen que el Estado es para enriquecerse: se les acabó la fiesta.
Vamos a mirar hacia adelante y por el espejo retrovisor. Vamos a seguir la plata, a prevenir, a denunciar y a recuperar lo que la ley permita. Empezamos por casa. Nadie está por encima de esta regla.
Yo no vine a hacer la política de siempre. Vine a cambiarla para siempre. La plata pública es sagrada. Y, mientras yo sea presidente, quien quiera robársela tendrá al Estado de frente.
De eso se trata la Patria Milagro también: cuidar hasta el último peso para que termine convertido en obras, y no en el botín de los corruptos de siempre.
¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!
Abelardo De La Espriella
Presidente de la República
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