Venezolanos en EEUU presentan informe sobre "inestabilidad" migratoria y hacen petición a Trump

El informe solicita a las autoridades estadounidenses el registro de venezolanos detenidos, el destino de los deportados a terceros países y el mantenimiento de los beneficios, como los permisos de trabajo, mientras no exista una resolución definitiva de los casos de asilo.

De acuerdo con el documento de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), las decisiones migratorias adoptadas desde 2025 dejaron a los venezolanos con menos protecciones, con permisos de trabajo interrumpidos y más expuestos a la detención.

El reporte de las agrupaciones, ambas con sede en Miami, suma el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), del que dependían unos 607.000 venezolanos, la reducción de los permisos humanitarios ('parole') y el fin, desde octubre, de la prórroga automática de los permisos de trabajo.

Esas medidas se refuerzan entre sí, sostiene el informe: sin permiso vigente no hay empleo, ni seguro médico, ni licencia de conducir renovada, mientras el expediente sigue abierto.

El texto recoge al menos tres casos documentados por medios estadounidenses en julio y agosto de venezolanos detenidos pese, a tener permiso de trabajo, uno además con licencia de conducir y asilo pendiente de aprobación, según las organizaciones.

Las organizaciones no las califican de ilegales ni atribuyen una intención única a las medidas; piden que cada custodia se decida caso por caso y sea revisable.

El Tren de Aragua

La misma exigencia aplica a la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, invocada contra miembros del Tren de Aragua, que expertos en temas de seguridad y Washington vinculan al crimen organizado, y cuyo origen se remonta a una cárcel de Venezuela.

El nombre oficial del penal es el Centro Penitenciario de Aragua; está ubicado a 140 kilómetros al suroeste de Caracas, y llegó a albergar hasta 7.000 reclusos.

“Dejó de ser una pandilla carcelaria confinada al estado de Aragua para convertirse en una amenaza de naturaleza transnacional con un amplio portafolio criminal”, registró Insight Crime en 2023.

El reporte de las organizaciones reconoce que esa banda es "una organización criminal real", pero pide que la pertenencia de una persona se pruebe una por una, sin que la nacionalidad, "la apariencia, los tatuajes o asociaciones circunstanciales" sustituyan a la prueba.

Deportaciones

El informe también examina el acuerdo por el que Liberia aceptó recibir hasta 1.200 ciudadanos de otros países en doce meses, un programa que, según Liberia, contempla sobre todo a latinoamericanos, incluidos venezolanos.

El primer vuelo llegó el 20 de agosto a Monrovia con veinte personas cuyas nacionalidades Estados Unidos no divulgó, sin que conste que hubiera venezolanos.

Las peticiones se resumen en tres: cifras desglosadas de los venezolanos detenidos, porque hoy no existe un conteo federal público; que una demora administrativa no cueste el empleo a quien espera sus papeles, y transparencia sobre los acuerdos con los países que reciben a los expulsados.

La terminación del TPS decretada en 2025 sigue impugnada ante la Corte Suprema. Unos 1,2 millones de personas de origen venezolano vivían en Estados Unidos en 2024, más del 40 % de ellas en Florida, según el Pew Research Center.

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FUENTE: Con información de EFE y Diario Las Américas