La abogada de inmigración Isadora Velázquez explicó que omitir la entrevista de USCIS no cancela la solicitud, pero coloca al inmigrante ante un juez y un posible proceso de deportación
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MIAMI.- La nueva regla federal que permite remitir determinadas solicitudes de asilo afirmativo directamente a una corte de inmigración, sin la entrevista previa con un oficial, cambia el terreno procesal para miles de inmigrantes, advirtió la abogada Isadora Velázquez en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS.
La jurista explicó que la medida no equivale a una denegación definitiva ni elimina la oportunidad de defender la petición. Sin embargo, sí priva al solicitante de una etapa administrativa que funcionaba como el primer espacio para explicar su historia, aclarar inconsistencias y responder preguntas sobre las pruebas presentadas.
Según Velázquez, la clave consiste en entender que el expediente no desaparece: pasa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), donde un juez examina la solicitud.
La diferencia, señaló la letrada, reside en el escenario al que entra el inmigrante. La entrevista de asilo afirmativo ante USCIS es un procedimiento administrativo y no contencioso. En la corte, en cambio, el caso forma parte de un proceso de expulsión, con un abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que puede impugnar la versión, las pruebas y la elegibilidad del solicitante.
Por tanto, ser enviado ante un juez no significa una deportación automática, pero sí eleva el nivel de riesgo. Una decisión adversa puede culminar en una orden de expulsión, aunque el inmigrante conserva la oportunidad de presentar evidencia, testificar, contar con representación legal y apelar conforme a las reglas aplicables.
La norma interina, vigente desde este martes, autoriza a USCIS a decidir a partir del expediente y “otras pruebas pertinentes” si remite el caso sin entrevista. La agencia todavía debe entrevistar al solicitante antes de aprobar o negar por sí misma el asilo; la nueva facultad se limita a enviarlo a la corte.
Velázquez destacó que la preparación inicial cobra ahora mayor importancia. Si el oficial puede decidir la remisión sin escuchar al solicitante, cualquier contradicción, explicación incompleta o documento ausente en el formulario I-589 podría adquirir un peso decisivo.
La regla contempla expedientes con posibles impedimentos legales, entre ellos solicitudes presentadas después del plazo de un año, prohibiciones para recibir asilo, factores que justifiquen una negativa discrecional o reclamaciones que parezcan insuficientes en cuanto al fondo.
La abogada recomendó a quienes tienen solicitudes pendientes verificar que su dirección esté actualizada, revisar con frecuencia las notificaciones de USCIS y de la corte, y examinar la coherencia entre el relato, las fechas y los documentos.
La estrategia, subrayó, debe prepararse desde el inicio para una eventual defensa ante un juez, sin confiar en que habrá una entrevista administrativa para completar vacíos.
El DHS calculó que hasta 444.724 de los 1,43 millones de expedientes acumulados podrían quedar alcanzados por el cambio. Para futuras solicitudes, estimó unas 132.167 remisiones anuales sin entrevista.
La propia agencia reconoció que el traslado podría aumentar inicialmente la carga de las cortes y que, en casos poco frecuentes, una petición que USCIS habría podido aprobar terminaría ante un juez.
El Gobierno sostiene que la reforma reducirá trámites duplicados y permitirá reservar entrevistas para reclamaciones que requieran testimonio.
El director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que el asilo fue utilizado durante demasiado tiempo “para fines de demora y autorización de empleo”, no para solicitudes legítimas de protección.
La regla no afecta, según el texto federal, a quienes mantienen una base legal para permanecer en Estados Unidos ni obliga a USCIS a omitir la entrevista en todos los casos. Un oficial podrá concederla cuando no pueda resolver la elegibilidad con el expediente o la considere necesaria.
Para Velázquez, la consecuencia inmediata es clara: el solicitante ya no puede asumir que tendrá una entrevista para corregir o ampliar su caso. La defensa comienza desde la presentación del expediente y debe estar preparada para pasar, sin escala previa, al tribunal de inmigración.
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