Venezuela: persisten la tortura y los malos tratos en centros de detención

El documento incluye una serie de observaciones relacionadas a temas como el "Derecho a la Vida y Desapariciones Forzadas" y la "Prohibición de Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes".

El texto está sustentado en informes presentados por ONG venezolanas, en los que hay denuncias de casos de desaparición forzada, que incluyen ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

También se hace mención a los sitios de reclusión no oficiales, o casas clandestinas, donde se cometen violaciones a los derechos humanos.

El informe resalta "el persistente uso de la tortura y malos tratos en lugares de investigación y detención por parte de las autoridades estatales, así como de actores no estatales controlados o apoyados por el Estado como forma de represalia o castigo utilizado para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno y, en algunos casos, para obtener confesiones fabricadas o declaraciones falsas”.

Al respecto, el Comité afirmó que el Estado debe “garantizar que todas las personas privadas de libertad sean recluidas únicamente en establecimientos oficiales y gocen de todas las garantías jurídicas” y a su vez se tiene que “velar que se investiguen sin demora y de manera imparcial y exhaustiva todas las acusaciones y denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y sumarias, y todas las formas de uso ilícito de la fuerza, asegurando que los autores directos y mediatos sean enjuiciados”.

Sobre las torturas, el texto del informe indica que el Estado tiene la responsabilidad de prever que “todos los casos de tortura y malos tratos se investiguen de forma rápida, independiente y exhaustiva” y que “se proteja a los denunciantes frente a represalias y se investiguen todos los casos de represalias de forma rápida, independiente y exhaustiva”.

Otro de los elementos que resalta este texto, son las acciones vinculadas a la “Libertad de Asociación”; “Derecho a la participación de asuntos públicos”; “Libertad de Expresión”; “Derechos de pueblos indígenas”, “Discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género”, los cuales se presentan como “sugerencias” que el Estado venezolano debería de cumplir en concordancia con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, Ezequiel Monsalve, afirmó que "las recomendaciones y conclusiones del Comité son claves para orientar a Venezuela a un Estado de derecho robusto donde prive el respeto y garantías de los derechos humanos. Vemos viable que el Comité allá pedido al Estado venezolano la aplicación de recomendaciones formuladas sobre: Independencia del Poder Judicial, Libertad de expresión y Derecho a la participación en asuntos públicos. Estos tal vez son los derechos actuales más críticos en el contexto actual”.

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FUENTE: REDACCIÓN / Nota de Prensa / Defiende Venezuela