Ciudadano cubano interpuso demanda contra Díaz-Canel 

Después de buscar quien asumiera su representación legal sin éxito por meses, el 7 de octubre último consiguió que un abogado estableciera con él un contrato de servicios jurídicos, firmado con un bufete habanero.

González García, que es Doctor en Ciencias Jurídicas y resultó arbitrariamente privado de su condición de profesor en la Universidad de Oriente, explicó que haber realizado el contrato entraña una obligación jurídica.

Esto lo consigue, según indicó en redes sociales, basándose en la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, que considera “una plataforma jurídica para la defensa de los derechos frente a violaciones de los mismos”. El jurista admite que “está por ver su eficacia real” porque en el contexto cubano se puede “asumir que hay factores normativos y extra normativos que afectan su eficacia”.

Según dijo al medio La Joven Cuba (LJC), en este caso pesa —más allá de la profesionalidad y capacidad de jueces y abogados—, “lo reciente de su aprobación, la sensibilidad política real o asumida que, como esta, tendrán [las autoridades del régimen] algunas demandas contra violaciones de los derechos constitucionales, y las interferencias que ello pueda generar. Todas son cuestiones que podrían limitar su eficacia”.

Contexto del caso

Cuando en 2016 a René Fidel González García el ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi, le revocó la categoría de profesor Titular y la de docente universitario, con el argumento de que había perdido prestigio social por realizar publicaciones en las redes sociales y en distintos medios y sitios digitales, se desencadenó un proceso de reclamaciones sobre “violaciones de la legalidad y denuncias de presuntos actos delictivos ante la Fiscalía General de la República”.

No es hasta ahora, seis años después [lapso en el que el profesor ejerció sistemáticamente el derecho constitucional de Queja y Petición ante la Fiscalía para restablecer el debido proceso y la legalidad] que logró interponer su demanda.

Que algunas de estas denuncias estuvieran dirigidas contra un miembro del Consejo de Estado ha quedado expuesto como causa de que la Fiscalía dejara de tramitarlas, hasta que, ante el silencio de este órgano encargado de velar por la legalidad en Cuba, el denunciante intentó llegar más lejos, valiéndose de sus conocimientos jurídicos y de las normas que el régimen impulsa aunque no tenga intención de cumplirlas en absoluto.

“Yo he tenido que esperar a que el mandato constitucional de hacer esta Ley fuera cumplido [de manera dilatada] por la Asamblea Nacional del Poder Popular”, dijo el profesor a LJC. “Ha sido muy difícil asimismo encontrar un abogado dispuesto a asumir la representación legal de un caso que es objeto de la protección y garantía constitucional ante una violación de derechos por el presidente de la República y la fiscal general. Es algo de sentido común, al menos en Cuba, entender la reticencia de muchos profesionales de la abogacía a ser parte de una demanda dirigida contra el presidente de la República”.

En sus publicaciones, el profesor discriminado por motivos políticos según el Observatorio de Libertad Académica, no ha revelado quién es el jurista que asumió su demanda.

A dónde va a llegar este caso que ya algunos presentan como “precedente” aún no se sabe. Hay quienes, por el historial del régimen, dan por seguro que “a ninguna parte”. Otros, quizás imbuidos en cierto romanticismo y fe en el cambio que pueda lograr con sus reclamos la ciudadanía, creen en el éxito de la demanda.

“Nadie puede estar por encima de la ley y del cumplimiento de lo establecido en la Constitución”, indicó la reconocida profesora Alina Bárbara al tiempo que reconoció: “Veremos si es cierto. Nuestros tribunales tienen la palabra ahora”.

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