Congreso de EEUU pone fin al cierre presupuestal del gobierno

Se espera que el presidente Donald Trump promulgue de inmediato la nueva legislación, que se vio frenada por la oposición demócrata y su agenda de extrema izquierda contra el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de ICE.

La decisión dejó aparcada para futuras negociaciones la exigencia de los demócratas de reformas dentro de la Agencia de Inmigración ICE.

El proyecto de legislación fue aprobado por 217 votos frente a 214 en contra en la Cámara, controlada por los republicanos.

Más de 20 demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor del paquete de financiación, igual número de legisladores republicanos que se opuso a un proyecto de la oposición para reformar el ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El Senado aprobó el viernes un paquete de financiación para la mayoría de las agencias federales hasta septiembre, y acordaron negociar el presupuesto de ICE y su departamento en las próximas semanas.

El objetivo de la extrema izquierda era entorpecer el presupuesto de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) y todo para desviar la atención del enorme escándalo de corrupción en Minnesota y las investigaciones en California, además de la cantidad de demócratas en la famosa "lista de Epstein".

Por otra parte, el senador republicano John Neely Kennedy pidió ante el Senado que el expresidente Barack Hussein Obama devuelva 120 millones de dólares, adquiridos en propiedades y negocios vinculados al seguro de salud Obamacare.

En una acción previa al sufragio final, la Cámara Baja aprobó votar un proyecto de financiación para poner fin al cierre parcial del gobierno federal, en medio de la confrontación entre republicanos y demócratas por el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El resultado de esta aprobación previa estuvo en el aire después de que varios legisladores republicanos amenazaran con votar en contra porque se niegan a renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen el servicio de Inmigración y la patrulla fronteriza, como exigen los demócratas.

Johnson antes de la votación

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pasó gran parte del lunes negociando con los legisladores de su partido para evitar que esto suceda.

Trump salió al paso el lunes para convencer a sus partidarios: "Debemos reabrir el Gobierno y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar esta ley".

El conflicto en este proyecto de financiación tiene su origen en las recientes respuestas de ICE a los ataques que recibe desde hace meses en varios estados gobernados por los demócratas y su agenda "progresista" o radical, esta vez en Mineápolis, la ciudad capital de Minnesota cuyo gobernador es el investigado por el FBI y excandidato a la vicepresidencia del país, Tim Walz.

"cortina de humo" contra el gran escándalo de corrupción

Walz se encuentra directamente salpicado por el gran escándalo de corrupción en ese estado, donde el dinero de alrededor de 14 programas para niños y familias de bajos ingresos terminó en las manos de inmigrantes somalíes delincuentes.

Los somalíes no sólo se robaron el dinero de los contribuyentes, sino que gran parte fue sacada del país para financiar a grupos terroristas y propiedades de lujo dentro y fuera de EEUU.

Los demócratas, como era de esperar, incitaron a los activistas radicales a que salieran a las calles a enfrentar y atacar a los agentes de ICE, todo siempre calculado para desviar la atención y cuando se aproximaba la votación del presupuesto en el Congreso. De forma lamentable, la agenda de ultraizquierda tiene hundido al Partido Demócrata en sus peores niveles de aceptación desde que fue creado. Apenas el 18% aprueba las acciones de ese partido

Los nuevos demócratas insisten en su negativa a votar cualquier presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional sin que se reforme los protocolos del ICE, como el uso de cámaras corporales para los agentes, la prohibición de vestir pasamontañas y que toda detención vaya precedida de una orden judicial.

Ningún agente local, estatal o federal está obligado a tener una orden judicial para operar en las calles y menos hacer un arresto, pero siempre piden algo absurdo para obstaculizar el Congreso y hacer ver que trabajan en favor del pueblo, cuando es todo lo contrario.

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FUENTE: Con información de AFP.