La Habana usa iniciativa "privada" como señuelo y mira a EEUU

Esta vez, desde la isla llega la información de que los cubanos ahora podrán "abrir pequeñas y medianas empresas privadas", contratar empleados y acordar salarios. El despacho noticioso de la Associated Press (AP) agrega que "esta es una medida de 'apertura económica' pospuesta por años y que llega en momentos en que el país atraviesa una crítica situación de todo tipo".

Desde el 11 de julio, el mundo ha sido testigo [por primera vez en 62 años] -mediante imágenes grabadas en las calles y luego por testimonios de familiares de cientos de víctimas- de la verdadera esencia de un régimen dinástico que ha logrado mantenerse en el poder únicamente a base de la represión, la manipulación y una hermética censura implantada desde el 1ro de enero de 1959 con la llegada de la cúpula marxista liderada por Fidel Castro y su hermano Raúl.

El más reciente intento de la dictadura castrista de emitir una imagen de "buena voluntad y apertura económica" ocurrió cuando la administración de Barack Obama ejerció su "política de deshielo y diálogo con el desgobierno cubano". En ese momento, el principal intermediario de las conversaciones entre Obama y Raúl Castro fue el diplomático de carrera, de 52 años, de origen hondureño, Ricardo Zúñiga, [el mismo que ha sido nombrado ahora por el presidente Joe Biden para temas del Caribe]. Es decir, que al parecer comenzó a ejecutarse lo que anunció Biden en su campaña luego de sanciones efectivas que impuso la administración Trump, con el objetivo de terminar el sufrimiento de los cubanos en más de seis décadas y lograr la libertad.

La dictadura castrista desesperada

El régimen de La Habana no mueve sus fichas y menos hace algún "cambio" si no espera una recompensa inmediata a cambio. Mucho más ahora que se encuentra en medio de una situación caótica y bajo una avalancha de acusaciones internacionales por la brutal represión del estallido social en la Isla y que aún continúa con arrestos, golpizas y juicios sumarios por solo pedir libertad, justicia social y fin de un sistema que ha arrastrado al país a la destrucción y a la miseria generalizada.

Para imponer sentencias que superan los 10 años de prisión por solo expresarse, el gobierno acaba de poner en vigor el decreto-Ley 35, que hace ilegal grabar imágenes de protestas y denuncias que el régimen define como "subversivos". Esta ley de mordaza y mayor censura busca incrementar el terror dentro del masivo movimiento de oposición cívica en la isla y frenar cualquier nuevo estallido, en medio de la peor situación económica y sanitaria que ha enfrentado la dinastía castrista.

El régimen- según AP- dio a conocer en la Gaceta Oficial un paquete con una veintena de normas y regulaciones similares a las asumidas entre el 2010 y el 2014 sobre el trabajo por cuenta propia, el mismo que reprimió meses atrás con una campaña de decomisos y expropiaciones contra vendedores ambulantes.

El texto publicado por el régimen señala un supuesto reconocimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. En días recientes pidieron con total desvergüenza, como es costumbre, que empresarios cubanoamericanos de Miami fueran a invertir a Cuba, tras multitudinarias protestas de exiliados cubanos en varias ciudades estadounidenses, en Miami, Washington y en diferentes capitales del mundo. La repuesta de importantes empresarios fue rápida y tajante: "no invertiremos en Cuba mientras exista el régimen castrista". Y se creó un fondo para ayudar directamente al pueblo cubano.

Y llega otra supuesta "apertura"

Según el Decreto-Ley 46, se reconocerán diferentes tipos de propiedades como “actor que incide en la transformación productiva del país” y bajo la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Éstas deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía e inscriptas en un registro mercantil para su funcionamiento, lo que demuestra que la "presunta apertura" siempre está condicionada y limitada a los intereses de la cúpula en el poder.

El documento agrega que las firmas o talleres más pequeños podrán tener desde uno hasta 10 empleados y las más grandes hasta 100 y en general se permitirán todas las actividades menos algunas reservadas como la edición de diarios o revistas, la educación o las ocupaciones relacionadas con las profesiones como arquitectos o abogados.

La norma especificó que estas "microempresas" podrán ser además de "privadas", estatales -por ejemplo dependientes de una universidad o industria- y mixtas; o sea, siempre bajo el control del estado

Para constituir un "negocio privado" las personas deberán tener más de 18 años y ser ciudadanos cubanos residentes permanentes en el país, lo que limita cualquier expectativas de algún emigrado dispuesto a invertir en la isla.

La constitución de estas empresas está prohibida para los funcionarios y se les dará luz verde para importar y exportar sin imposición de precios, aunque [deberán hacerlo mediante empresas estatales]. Todo pasa por la manos de los gobernantes. La misma historia de siempre disfrazada ahora con la palabra "privada" para encubrir el control y que a nivel internacional se acepte mejor.

El paquete de leyes también actualiza las reglas de los llamados Trabajadores por Cuenta Propia o TCP, que era la forma en que sobrevivían algunas personas bajo severas regulaciones y enormes multas e impuestos, y que surgió al calor de una supuesta "reforma" iniciada en el 2010 por Raúl Castro.

En 1968 el gobierno cubano dispuso el cierre de los pocos pequeños negocios que quedaban en pie desde la revolución de 1959 -cuando se nacionalizaron las grandes industrias- y estatizó talleres y bodegas, un proceso que además significó la estigmatización de los empresarios y la producción particular bajo la égida del socialismo.

Como única forma de sobrevivir a un sistema socialista inoperante y que frena todo tipo de avance económico y recibir concesiones de Washington, Raúl Castro aprobó la compraventa de viviendas, ofreció tierras en usufructo y permitió una relativa apertura al tiempo que la economía de la isla seguía en picada, situación agudizada por la pandemia y los rigurosos controles.

Régimen busca mantenerse en el poder ante colapso económico y sanitario

El Producto Interno Bruto retrocedió un 11% en el 2020, pero el 2019 el gobierno recibió entre remesas y mercancías procedentes de EEUU más de 6.200 millones de dólares que terminaron en las arcas de las empresas militares en Cuba y de la élite de poder, cuando las penurias de la población lejos de disminuir, aumentaron considerablemente.

El documento del régimen deja en claro una vez más que aunque reconoce el papel de las "microempresas" en la generación de empleo y mejoras para la población, la apuesta [seguirá siendo la empresa estatal socialista]. Y en este final se resume todo.

La dictadura se encuentra en un coma económico desde las últimas tres décadas, agudizado por la pandemia y los abusos contra trabajadores por cuenta propia. Enfrenta estallidos sociales sin precedentes en la historia de la revolución con una insostenible crisis sanitaria en hospitales sin agua potable, sin medicamentos y sin recursos para el personal de salud. No tiene acceso a créditos internacionales y ahora bajo la condena internacional por la brutal represión y censura. La Unión Europea detuvo semanas atrás las ayudas anuales que entrega al régimen de La Habana mediante organizaciones no gubernamentales, a causa de las muertes, detenciones, sentencias judiciales y violencia contra manifestantes.

La situación no puede ser peor para la cúpula castrista que intenta otra vez oxigenarse con celeridad, aprovechando que la actual administración estadounidense se ha mostrado partidaria de las relaciones bilaterales y concesiones, política que se ha visto obstaculizada hasta ahora por los acontecimientos del 11 de julio y semanas posteriores. No obstante, Biden anunció el aumento del personal diplomático en la embajada de EEUU en La Habana, otro indicio de que los pasos se encaminan hacia los mismos objetivos de la política iniciado bajo la administración de Barack Obama, aunque ha habido declaraciones públicas de apoyo a los manifestantes y al pueblo cubano, que han derivado en [sanciones] a represores y funcionarios de La Habana.

lmorales@diariolasamericas.com

 NULL

    

FUENTE: Con información de AP