Trump dijo que la ciudadanía por nacimiento no es para quienes tienen vacaciones en EEUU. El fallo de la Corte puede modificar el alcance del derecho
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
SAUL LOEB /AFPWASHINGTON. - Para este mes de junio se espera que la Corte Suprema de los Estados Unidos, de mayoría conservadora, emita el fallo sobre la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de prohibir el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes en situación irregular en el país.
La Corte evalúa si un juez puede bloquear a nivel nacional el decreto. La disposición de Trump permanece paralizada por hasta cuatro jueces federales. El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Todos son estados gobernados por la extrema izquierda.
En su red Truth Social, Trump calificó de "jueces de izquierda radical" a aquellos que bloquean su agenda para la que fue electo y emiten medidas cautelares a nivel nacional.
El 20 de enero, tras asumir la presidencia, Trump firmó un decreto que establece que los hijos de padres indocumentados, o los de un padre que no sea residente o naturalizado estadounidense, o de una madre que se encuentre en el país con visa temporal, no son sujetos a la jurisdicción del país y, en consecuencia, no gozan del derecho constitucional de la ciudadanía por nacimiento.
Este decreto, cuyo nombre es "Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense", forma parte de la agenda migratoria del mandatario republicano tras su regreso a la Casa Blanca.
El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana. La Constitución solo puede ser modificada si los cambios son aprobados por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y ratificados por tres cuartas partes de los estados.
El derecho ha sido utilizado por inmigrantes para legalizarse en EEUU a través del derecho de sus hijos por haber nacido en territorio norteamericano y solicitar la residencia permanente. De hecho, miles de mujeres han ingresado al país embarazadas para dar a luz en territorio estadounidense con todos los beneficios que ofrece la seguridad social y la salud pública en EEUU.
De acuerdo con simpatizantes de Trump, el derecho a la ciudadanía por nacimiento ha sido empleado para promover el llamado "turismo de parto". Miles de mujeres viajan a Estados Unidos para dar a luz, luego regresan a sus países y, con el tiempo, sus hijos regresan a EEUU para hacer uso de los beneficios, aunque sus padres no hayan aportado a la economía del país.
Según una encuesta realizada en febrero de este por el 'think tank' Pew Research Center, el 56 % de los estadounidenses están en contra de la medida, mientras que un 43 por ciento le dan el visto bueno.
El abogado Ángel Leal, especialista en el tema de inmigración, dijo en reciente entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS que el fallo de la Corte Suprema puede modificar el alcance del derecho fundamental consagrado en la Enmienda decimocuarta, en un país conformado esencialmente por inmigrantes, y también el de los fallos de los jueces federales, tanto en este proceso como en otros futuros en materia migratoria.
Los jueces han bloqueado la deportación de inmigrantes a Sudán del Sur y otros terceros países, así como la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVII, para acelerar la expulsión de personas presuntamente vinculadas a redes criminales.
Los detractores del presidente Trump consideran que el decreto sobre la ciudadanía por nacimiento contradice los precedentes legales históricos, acaba con el principio de igualdad ante la ley y podría dejar, segùn su juicio, a miles de niños en estado de "apatrida", al tiempo que generaría inseguridad jurídica y costes burocráticos adicionales.
El pasado 15 de mayo, Trump argumentó que la ciudadanía por nacimiento se adoptó para proteger a los "bebés de los esclavos" y no "para aquellos que tienen vacaciones" en Estados Unidos, en alusión al llamado "turismo de parto". En el decreto presidencial de enero se señaló: "El privilegio de la ciudadanía estadounidense no se extiende automáticamente a (todas) las personas nacidas en Estados Unidos".
También indicó que "la Guerra Civil terminó en 1865" y que el proyecto de ley fue al Congreso menos de un año después. "Esto no tenía nada que ver con la inmigración ilegal para personas que nos quieren estafar", apuntó.
La historia registra que Dred Scott, un esclavo afroamericano que nació en Virginia y cuyos dueños se mudaron a Misuri, fue vendido a un cirujano del Ejército que se trasladó a los territorios libres de Illinois y Wisconsin, donde la esclavitud estaba prohibida.
Tras la muerte de su propietario, Scott regresó a Misuri y presentó una demanda ante los tribunales en busca de su libertad. En 1857, en el Tribunal Supremo, el juez Roger Taney dictó un polémico fallo en su contra, bajo el argumento de que las personas negras, ya fueran libres o esclavizadas, no podían ser consideradas ciudadanos estadounidenses.
El fallo, emitido durante fuertes tensiones entre el norte y el sur en los años previos a la Guerra de Secesión, fue ampliamente criticado y finalmente invalidado tras la ratificación de la Decimocuarta Enmienda de 1868.
Tras muchas luchas, el principio de "ius solis" que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida dentro de un territorio sin importar el estatus migratorio de sus padres, se consolidó como derecho constitucional en 1898 gracias a Wong Kim Ark. Su caso estalló en un momento de discriminación contra la comunidad china, percibida por los trabajadores estadounidenses como una amenaza social al ser mano de obra barata en sectores como la construcción, la minería o el ferrocarril.
Wong Kim Ark nació en San Francisco en el seno de una familia de inmigrantes chinos que llegaron a Estados Unidos en el contexto de la fiebre del oro en California. Cuando este cocinero de profesión viajó a China para visitar a sus seres queridos, se le impidió volver a entrar a territorio estadounidense en virtud de la Ley de Exclusión. El Supremo falló a su favor y determinó que la Decimocuarta Enmienda se aplicaba claramente a todos los nacidos en territorio estadounidense, independientemente del origen o estatus migratorio de sus padres.
No obstante, la frase "sujeto a jurisdicción" ha sido motivo de disputa ocasional debido a un fallo emitido en 1884 en el que John Elk, un indígena winnebago que nació en una reserva india, reclamó la ciudadanía tras mudarse a Omaha, en Nebraska, donde se le impidió ejercer su derecho al voto.
El presidente Trump ha promovido la interpretación restrictiva de esta frase con el fin de limitar ese derecho a los hijos de inmigrantes en situación irregular o los hijos de los turistas de parto, argumentando que los progenitores no son leales a Estados Unidos por haber nacido en un país extranjero.
FUENTE: Con información de Europa Press/ DIARIO LAS AMÉRICAS
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