La caricatura del exilio cubano de The Wall Street Journal

The Wall Street Journal podría haber descrito a los cubanoamericanos como personas que se preparan para una transición o que desarrollan planes de reconstrucción. “Tramando” (plotting) tiene una implicación más oscura. Sugiere conspiración, manipulación y motivos ocultos.

Esa insinuación recorre todo el artículo. Los lectores entran en mansiones frente al mar, clubes privados, bufetes de abogados y salones de conferencias de hoteles. Conocen a multimillonarios, herederos, cabilderos y figuras con conexiones políticas. Cuba aparece como un “activo en dificultades”. Abogados y empresarios anticipan la oportunidad de golpear la “piñata cubana”.

El artículo contiene información periodística legítima sobre riqueza, acceso y posibles conflictos de intereses. Sin embargo, su presentación reduce a una comunidad políticamente diversa, formada a través de sucesivas oleadas de represión y migración, a un círculo de hombres adinerados que se posicionan para obtener beneficios.

Los cubanoamericanos no abandonaron su país en busca de una futura oportunidad de inversión. Escaparon del encarcelamiento político, de las ejecuciones, de las confiscaciones, de la vigilancia y de la persecución ideológica. Muchos llegaron a Estados Unidos con muy poco y reconstruyeron sus vidas desde cero. El exilio no borró a sus familias, sus recuerdos ni su identidad nacional.

Algunos están considerando ahora qué podría ocurrir si el régimen pierde el poder. Están estudiando la red eléctrica, los aeropuertos, las normas de inversión, las reclamaciones de propiedad, los arreglos constitucionales y los mecanismos de unas eventuales elecciones. Esas cuestiones pueden parecer prematuras hasta que un gobierno colapsa. Entonces, cada pregunta sin respuesta se convierte en una crisis.

Cuba requerirá una preparación exhaustiva. Sus sistemas eléctricos y de agua están fallando. Los hospitales carecen de suministros básicos. La infraestructura se ha deteriorado, mientras que los tribunales, los bancos, los registros y las instituciones electorales permanecen subordinados al Partido Comunista.

Las personas que desarrollan propuestas para la transición merecen escrutinio. Los planes que afectan a Cuba deben ser transparentes. Los intereses financieros deben ser revelados. Ningún empresario, organización del exilio o funcionario de Washington tiene derecho a designar al futuro gobierno de Cuba. Los cubanos en la isla deben determinar los arreglos políticos permanentes del país mediante elecciones libres y creíbles.

El Journal podría haber abordado estas preocupaciones sin construir una caricatura del exilio.

Consideremos cómo se organizan las evidencias. La riqueza, el acceso privado y las oportunidades comerciales establecen el marco inicial. La metáfora de la “piñata” indica a los lectores cómo interpretar todo lo que sigue. Un participante del exilio aporta una cita sumamente memorable y ofensiva en la que describe a los cubanos de la isla como “atrasados”. Solo después de que esta imagen se ha consolidado, el artículo enfatiza que los residentes de la isla están, en gran medida, ausentes de la planificación.

Esa ausencia importa, pero requiere contexto.

El régimen cubano desmanteló la sociedad civil independiente, prohibió la competencia política, censuró la prensa y castigó a las organizaciones fuera del control estatal. Encarceló a disidentes y empujó a millones de ciudadanos al exilio. Generaciones de cubanos aprendieron que la franqueza política podía costarles su educación, su empleo, su libertad o su vida familiar.

La planificación abierta de una transición dentro de Cuba es peligrosa por diseño. Miami se convirtió en un centro de actividad política cubana porque La Habana criminalizó esa actividad dentro del país.

La cita condescendiente merece críticas. Los cubanos que sobrevivieron al comunismo no necesitan lecciones sobre inteligencia, dignidad o ciudadanía. Sin embargo, las palabras de un solo hombre no pueden definir a una comunidad que abarca varias generaciones, clases sociales y tradiciones políticas.

El exilio cubano incluye a exprisioneros políticos, trabajadores, veteranos, académicos, empresarios, artistas y migrantes recientes. Sus miembros discrepan sobre las sanciones, las negociaciones, la acción militar, la restitución y el papel adecuado de Estados Unidos. Los activistas adinerados representan solo una parte de esa comunidad.

El escrutinio del Journal también recae de manera desproporcionada sobre Miami. El artículo examina minuciosamente el dinero, las relaciones personales y el acceso político de los cubanoamericanos. Dedica mucha menos atención a los preparativos del régimen para garantizar su supervivencia.

El estamento militar cubano controla amplias partes de la economía nacional a través de conglomerados vinculados a las fuerzas armadas. Sus servicios de inteligencia tienen un largo historial de actividades contra organizaciones del exilio y dentro de Estados Unidos. Los funcionarios del régimen tienen acceso a activos estatales, archivos de seguridad y socios extranjeros que no están al alcance de los cubanos comunes.

La Habana tiene fuertes incentivos para gestionar cualquier transición. Una apertura controlada podría permitir que funcionarios del partido, oficiales militares y sus familiares intercambiaran privilegios políticos por un poder económico protegido. Podrían celebrarse elecciones incluso mientras las antiguas redes conservaran el control sobre el dinero, la información y las instituciones coercitivas.

Rusia, China e Irán también tienen intereses estratégicos en la isla. Cada uno trataría de preservar su acceso e influencia después de cualquier cambio político. Sus funcionarios y socios comerciales seguramente están estudiando los posibles escenarios.

Una investigación exhaustiva seguiría esos preparativos con la misma atención con la que sigue las reuniones en Miami. Rastrearía las empresas controladas por los militares, el movimiento de activos estatales y los acuerdos comerciales con actores extranjeros. Preguntaría qué supuestos reformistas gozan de la confianza de los servicios de seguridad y si las iniciativas del exilio están siendo infiltradas o manipuladas.

No se trata de cuestiones secundarias especulativas, sino de preocupaciones sobre quién tendría el poder real en la mañana posterior a una transición.

Las reclamaciones de propiedad merecen una atención similar. El gobierno revolucionario utilizó la confiscación para eliminar el poder económico independiente y consolidar el control político. Resolver esas reclamaciones será difícil. Algunas podrían justificar la restitución; otras, una compensación. Muchas requerirán acuerdos que protejan a los ocupantes actuales y eviten desplazamientos masivos.

Reducir el asunto a familias adineradas que buscan recuperar fortunas perdidas borra el propósito político de las confiscaciones originales. También adopta uno de los recursos propagandísticos más antiguos de La Habana: presentar al exilio como una clase reaccionaria decidida a recuperar sus privilegios a costa de la población.

Esa caricatura ha servido al régimen durante décadas. Permite a los funcionarios desacreditar a la oposición democrática sin responder a las demandas de libertades civiles, pluralismo político y un gobierno sujeto a rendición de cuentas. Un artículo construido alrededor de mansiones, fortunas y acuerdos privados corre el riesgo de reforzar ese mismo mensaje.

El futuro de Cuba no puede diseñarse exclusivamente en Miami. Tampoco puede dejarse, de manera segura, en manos de funcionarios de La Habana que ya controlan las armas, los registros y los activos del Estado. Una transición legítima necesitará de disidentes, iglesias, grupos cívicos, profesionales independientes, emigrantes recientes y la diáspora en sentido amplio.

La planificación anticipada puede ayudarlos a establecer salvaguardas antes de que se produzca una crisis. Esperar a un colapso favorecería a las fuerzas organizadas que ya están integradas en el sistema. Estas poseen estructuras de mando, archivos de inteligencia, capital y relaciones con actores extranjeros. Los actores democráticos no pueden permitirse comenzar a pensar en el futuro únicamente después de que se apaguen las luces.

Los cubanoamericanos deben estar preparados para responder preguntas difíciles sobre sus planes. Deben revelar los conflictos de intereses, rechazar el paternalismo y abrir espacio al liderazgo proveniente de la isla. Los periodistas deben examinar a todo participante que espere que el poder público genere beneficios privados.

También deben aplicar el mismo escrutinio a la dictadura, sus redes económicas y sus patrocinadores extranjeros.

Prepararse para la reconstrucción de Cuba no convierte al exilio en enemigo de Cuba. Después de casi siete décadas, el exilio sigue siendo uno de los pocos lugares donde los cubanos pueden prepararse abiertamente para la vida después del comunismo.

El régimen de La Habana es responsable de esa realidad.

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Por: Dr. Rafael Marrero

Presidente/Fundador y Economista Jefe

Miami Strategic Intelligence Institute

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