POLÍTICA

¿Qué tan factible es una reforma migratoria bajo la administración Trump?

La influencia de Stephen Miller, artífice de política migratoria y jefe de gabinete, podría afectar la reforma, dicen las abogadas María Herrera e Isadora Velásquez. Trump rechaza amnistía

Por Sofía Nederr

MIAMI.- Tras las recientes elecciones de medio término, uno de los temas que ha tomado espacio en la discusión es la posibilidad de una reforma migratoria en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump admitió el 8 de noviembre, en entrevista con la cadena CBS, que su política de deportación masiva de inmigrantes fue "demasiado dura". La afirmación fue hecha cinco días después de la derrota de su partido republicano en las legislativas.

Posteriormente, el 17 de noviembre, el mandatario republicano sostuvo que está dispuesto a considerar una reforma migratoria. En diálogo con Latin US, puntualizó: “Sería maravilloso, quiero decir: tendría que ser estricta y sin amnistía”.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, señaló en la red social X, el día después de las elecciones: “Las deportaciones continuarán”.

El 9 de noviembre, Mullin dijo que el Gobierno tiene disposición de trabajar con el Congreso para aprobar una reforma migratoria. Refirió un estatus legal permanente para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), que llegaron al país con sus familias, de manera irregular, cuando eran menores de edad.

“Si queremos una reforma migratoria en la que podamos examinar el DACA y encontrar la manera de que estas personas se conviertan quizá en ciudadanos permanentes legales o algo así, eso le corresponderá hacerlo al Congreso. Estaré abierto a hablar de cualquier cosa”, expresó.

El funcionario puntualizó que Trump le señaló que empezara a trabajar con los demócratas sobre el asunto migratorio. “Me ha dicho: empecemos a trabajar con ellos y reunámonos en algún punto”, afirmó.

El Secretario de Seguridad Nacional enfatizó que no hay disposición para conceder “amnistía” a los más de 15 millones de migrantes indocumentados que viven en EEUU, pero puede hablarse de otras vías.

“Considero que una reforma inmigratoria en Estados Unidos es posible, pero su alcance dependerá de la capacidad de republicanos y demócratas para alcanzar un acuerdo en el Congreso”, señala María Herrera Mellado, abogada experta en inmigración, a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Añade que las declaraciones de Markwayne Mullin son relevantes dado que muestran que la Administración Trump “no cierra completamente la puerta a una negociación”.

La experta explica que hay una diferencia importante entre conceder una amnistía generalizada y establecer mecanismos legales para determinados grupos de inmigrantes que llevan años en Estados Unidos, trabajan, pagan impuestos y tienen vínculos familiares y económicos con el país, “como puede ser el caso de los inmigrantes menores de edad que entraron con sus padres por la frontera y no han cometido delitos posteriores”.

Escenarios para negociar

Para María Herrera Mellado existen distintos escenarios que podrían ser parte de una eventual negociación.

En el caso de DACA, indica, se trataría de buscar una solución permanente para quienes llegaron siendo niños y han desarrollado su vida en el país. Para los trabajadores informales, el escenario sería “estudiar mecanismos legales para sectores que dependen de mano de obra inmigrante, como la agricultura, la construcción y determinados servicios”.

Agrega que, en el caso de los inmigrantes con arraigo, habría que debatir la posibilidad de vías legales para personas con muchos años de residencia, historial laboral y sin antecedentes penales.

La abogada también habla de la importancia de modernizar el sistema inmigratorio, lo que implicaría agilizar los procedimientos de visados, permisos de trabajo, residencia y reunificación familiar.

Advierte que hay un obstáculo político importante: “Trump mantiene su rechazo a una amnistía y no ha anunciado un cambio concreto en su política de control inmigratorio. Además, la influencia de Stephen Miller, nuevo jefe de Gabinete en la Casa Blanca y las diferencias entre los dos partidos complican un acuerdo de gran alcance”.

Trump designó, el 6 de noviembre, a Stephen Miller, el arquitecto de su dura política migratoria, como jefe de gabinete. Miller, de 41 años, es un estrecho consejero, un incondicional dentro del círculo político del presidente, y reemplazó en el cargo a su jefa, Susie Wiles.

"Stephen ha estado conmigo desde el principio. Entiende las cosas. Es un político muy hábil", explicó el presidente a periodistas en la Casa Blanca.

Dudas sobre reforma

La abogada Isadora Velásquez, también experta en temas migratorios, considera que la reforma con la Administración es imposible.

“La razón por la cual lo veo genuinamente imposible es porque, primero, los candidatos que ganaron, aunque podemos decir que, si fueron electos por la desconformidad que hay con la política migratoria, la campaña en sí se basó en la economía y lo que era poder hacer que las personas que estaban en el mando pagaran cuentas. Pero, migración en sí fue un tema que tocaron muy poco”, señala Velásquez a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Añade que eso permite entender que van a ser muy pocas las personas que lleguen a hacer una propuesta de reforma migratoria,

“El presidente Trump, aunque dijo que había perdido porque tuvo una mano dura, al mismo tiempo puso como líder de su gabinete a la persona líder en esa política, que es el señor Stephen Miller. Nos da a entender que aún en el mejor de los casos que llegasen a tener mentes razonables, que se llegase a aprobar en el Congreso y en el Senado esa reforma migratoria, el presidente la va a vetar; va a seguir el consejo erróneo y cruel del señor Stephen Miller como lo sigue desde la primera Administración, porque por algo lo sigue poniendo en este lugar tan relevante de poder”, subraya.

También asevera: “Siempre y cuando el señor Stephen Miller esté allí, los inmigrantes no tenemos chance”.

Velásquez indica que Trump está cumpliendo su promesa electoral de las deportaciones. Agrega: “Vimos la hipocresía cuando dijo, durante la campaña, que protegería a los estudiantes y fueron los primeros grupos atacados cuando asumió el poder. Él ahora dice que se arrepiente de tener esta mano dura, pero sigue el apoyo a Miller”.

Puntos específicos

En caso de darse una reforma migratoria, debería enfocarse en aspectos puntuales, señala Velásquez.

“Si llegase a darse, la esperanza es que cualquier cambio migratorio en este clima político debería estar enfocado en puntos específicos. Un cambio amplio, tal vez tuvo éxito hace más de 40 años, en la época de Reagan”, indica.

En estos momentos, pone como ejemplo la importancia de hacer un cambio específico hacia las personas que llevan mucho tiempo en el país, que contribuyen. “Es algo que llevó a que Texas cambiara de hacer azul en estos momentos, porque la sección de Río Grande se vio altamente afectada por las deportaciones a personas que llevan aquí más de 10, 20 años, que eran la base de la economía en ese sector. Igualmente, la comunidad venezolana es un sector específico, que necesita ayuda”, afirma.

También menciona que, en el sur de la Florida, la comunidad haitiana es un sector que ayuda a la sección de salud. “Es cuestión de tiempo hasta que en el sur de la Florida se vea el efecto severo de la ausencia de la comunidad haitiana en nuestros hospitales”, dice.

La experta enfatiza: “Los cambios específicos pueden tener mayor éxito que cambios amplios. Simplemente decir, vamos a dar estatus A y un cambio amplio, puede que no tenga un éxito porque no recibe el apoyo de la población. Se necesitan cambios específicos que se vean reflejados en la economía”.

Seguridad fronteriza y humanidad

La abogada Herrera Mellado indica que la reforma debería partir de un principio fundamental: “Seguridad fronteriza, cumplimiento de la ley y humanidad no son conceptos incompatibles”.

Sostiene que la admisión de Trump sobre la dureza de la política de deportaciones abre una oportunidad para replantear algunos aspectos sin que eso conlleve renunciar al control de las fronteras ni a la soberanía nacional.

Señala, en primer lugar, a la seguridad nacional. “Estados Unidos tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras, combatir el tráfico de personas, el narcotráfico y expulsar a quienes representen una amenaza real para la seguridad pública”, indica.

Como segundo aspecto, la experta habla de la prioridad en las deportaciones, pero diferenciando a personas condenadas por delitos graves, integrantes de organizaciones criminales e inmigrantes cuyo único incumplimiento ha sido entrar o permanecer en el país sin autorización.

El arraigo y contribución económica es el tercer aspecto que menciona. “Habría que estudiar la situación de los inmigrantes que llevan 10, 15 o 20 años viviendo en Estados Unidos, trabajan, pagan impuestos, tienen hijos y han construido su proyecto de vida. No se puede ignorar su contribución a la sociedad y a la economía estadounidense”, dice.

Herrera Mellado refiere como cuarto aspecto las necesidades del mercado laboral: “Sectores como la agricultura, la construcción, la hotelería y los servicios dependen de trabajadores inmigrantes. Una reforma debería contemplar mecanismos legales que permitan cubrir esas necesidades sin fomentar la inmigración irregular”.

El quinto aspecto es la protección de las familias y los menores. Cree que deben ponderarse los efectos de las deportaciones sobre los hijos ciudadanos estadounidenses, las familias y las personas que llevan años integradas en sus comunidades.

Sobre la modernización del sistema inmigratorio señala que “es imprescindible agilizar los procedimientos administrativos, los visados de trabajo, la reunificación familiar y las solicitudes de residencia, garantizando seguridad jurídica y respeto al debido proceso”.

A su juicio, el gran desafío es encontrar un equilibrio entre firmeza y justicia. “No se puede convertir la inmigración irregular en un derecho automático a permanecer en Estados Unidos, pero tampoco debería tratarse de la misma manera a un delincuente peligroso que a una madre que lleva 15 años trabajando, pagando impuestos y criando a sus hijos”, asevera.

Agrega que la política inmigratoria debe proteger al ciudadano estadounidense, respetar el Estado de derecho y reconocer que detrás de cada expediente hay una historia humana. “Estados Unidos necesita fronteras seguras, pero también un sistema inmigratorio legal, ordenado, eficiente y justo”, apunta.

Récord de deportaciones

El anuncio sobre la continuación de las deportaciones tiene un efecto político, jurídico y social importante, destaca María Herrera Mellado.

Considera que mantener las deportaciones refuerza el mensaje de que EEUU no renunciará al control de sus fronteras, ni permitirá que la entrada o permanencia irregular sea una vía automática para obtener la residencia.

Por otra parte, dice, la continuidad de esta política genera incertidumbre, especialmente entre familias con hijos, trabajadores y personas con mucho arraigo.

También cree que mantener las deportaciones “puede convertirse en una condición política para que los republicanos acepten negociar determinadas vías legales. Es decir, el mensaje podría ser: se puede discutir cómo regularizar determinadas situaciones, pero no necesariamente abandonar la aplicación de la ley”.

Ante esto, la abogada cree que hay dos líneas que la Administración quiere mantener simultáneamente: control fronterizo y posibles soluciones legislativas para determinados colectivos de inmigrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el 12 de noviembre que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) registró, durante el año fiscal 2026, la mayor cantidad de arrestos y deportaciones de inmigrantes sin estatus legal de su historia.

La agencia federal realizó 483,200 deportaciones, lo que representa un incremento de 9 % respecto al año fiscal anterior, cuando hubo 442,640 expulsiones. Además, la cifra registra un aumento de 78 % frente a las 271,480 deportaciones registradas en 2024, durante el último año de la administración del expresidente Joe Biden.

ICE reportó 491.000 detenciones en los últimos 12 meses. Esto es más del doble de los 239,890 arrestos de 2024.

snederr@diariolasamericas.com

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FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS, AFP/EFE/CNN

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