La Casa Blanca mantiene alivio migratorio a los "dreamers"

Todo esto está incluido en un memorando del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) que puntualiza las directrices que se deben seguir al aplicar las políticas migratorias. De entrada, establece la contratación de 15.000 nuevos funcionarios para el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) para reforzar su implementación.

El memorando, que establece las nuevas directrices de implementación de la política migratoria definida por el presidente Donald J. Trump, esclarece que quedan exentos los jóvenes indocumentados insertados en el plan conocido como el Programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés), creado por Obama el año 2012 y que debe favorecer a unas 750.000 personas. La manutención del programa es una victoria importante para este movimiento juvenil, conocido como ‘dreamers’ ya que durante la campaña electoral el mandatario había prometido que iba a derogarlo. Pero la semana pasada en una controversial rueda de prensa dio a entender que estaba pensando retroceder al decir que enfrentaría la situación con el “corazón”.

Ahora los jóvenes no serán deportados y van a poder obtener permisos de trabajo y licencia de manejo. Sin embargo, no está claro si se mantiene la obligatoriedad de renovar la inclusión en el programa cada dos años o sencillamente el Congreso creará una forma de que puedan acceder a la residencia permanente ya que la casi totalidad no tiene nexos con sus países de origen. Lo que sí está claro en el memorando es que los padres que los trajeron a Estados Unidos recibirán sanciones más pesadas que hasta ahora.

A su vez, este nuevo memorando de DHS, que confirma algunos de los puntos del borrador filtrado la semana pasada, está más orientado hacia a los inmigrantes ilegales o indocumentados, a punto de insertar en un programa de deportación rápida a aquellos que se encuentra en territorio de Estados Unidos desde hace dos años. En la época de Obama el plazo era de 14 días.

El documento está firmado por John Kelly, el secretario del DHS e introduce pasos que hacen más difícil la aceptación de exiliados políticos o menores de edad no acompañados por adultos.

A partir de ahora, “el funcionario que procesa los pedidos de asilo debe tener en cuenta las declaraciones del solicitante extranjero pero también hechos de los cuales se haya enterado por otras fuentes”, indica el memorando. Además, “el funcionario, solamente después de concluir (que el solicitante) tiene un miedo (razonable de regresar a su país) y tras analizar toda la evidencia creíble, puede decidir si el individuo tiene derecho al asilo o no, y así evitar una deportación basado en los preceptos de la Convención Contra la Tortura, establecido por la autoridad legal”. O sea, el funcionario de inmigración puede decidir si recomienda que el extranjero reciba asilo político o no en Estados Unidos, si tiene razones para temer ser torturado si regresa a su país.

De todos modos, el solicitante de asilo sólo será puesto en libertad a la espera de una decisión final, si demuestra sin ninguna duda su identidad y no constituye un peligro para la seguridad de Estados Unidos.

El memorando establece claramente que las autoridades migratorias pueden devolver a México a sus ciudadanos que se encuentran a la espera de una solución a su pedido de inmigración a Estados Unidos. O sea, a esperar un desenlace fuera del país.

Sin embargo hay un detalle: el memorando saca a relucir un acápite de las leyes de inmigración, aplicado muy raramente, que autoriza que un extranjero, a la espera de un pedido de asilo, sea enviado a un país fronterizo con Estados Unidos. En este caso, muchos solicitantes oriundos de países centroamericanos pudieran quedar varados en territorio mexicano a la espera de la solución de su caso.

Por otro lado las nuevas reglas, al elevar la rigurosidad de la aplicación de las leyes migratorias, permiten a las autoridades detener un mayor número de inmigrantes indocumentados y conceden más autoridad a los oficiales de inmigración. Se espera que a partir de su aplicación, las cárceles de inmigración reciban un mayor número de presos.

Uno de los puntos básicos de estas instrucciones es que acelera notablemente el proceso de deportación de los indocumentados, incluso sin esperar la decisión de un tribunal de inmigración, como ya había sido previsto en el borrador inicial divulgado la semana pasada.

Estas instrucciones también autorizan al Gobierno federal a transferir a las autoridades estatales y locales algunas responsabilidades migratorias como la detención de indocumentados. Esta capacidad, sin embargo, no es extensible a la Guardia Nacional que, según reveló la agencia Associated Press la semana pasada, pudiera ser movilizada por el Gobierno federal para asistir a las autoridades locales en tareas de aplicación de las leyes migratorias. De todos modos, tampoco impide a la Guardia Nacional ejercer tareas de apoyo a los funcionarios de inmigración.

El documento, además, precisa que “todo funcionario de inmigración puede arrestar un extranjero solo por el simple hecho de creer que se encuentra violando las leyes migratorias”, lo cual les concede una autoridad absoluta que no tenían hasta ahora.

Estas nuevas instrucciones constituyen la antesala de una nueva orden ejecutiva sobre el ingreso a Estados Unidos de musulmanes, informó durante el fin de semana la Casa Blanca. El nuevo documento presidencial será un poco más ‘suave’ en su lenguaje que el anterior, para garantizar una confirmación suave caso sea cuestionado ante los tribunales. Sin embargo sus líneas maestras siguen.

O sea, se mantiene la prohibición indefinida de ingreso a los refugiados de Siria, los 90 días de espera para los refugiados, así como una moratoria de 120 días en el otorgamiento de visas a ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana, de modo a establecer un sistema de escrutinio mucho más riguroso.

El gran cambio es la puntualización de que los residentes permanentes en Estados Unidos oriundos de esos siete países podrán ingresar sin problemas y así como los que se han hecho ciudadanos.

Sin embargo, los agentes de ICE en las fronteras siguen autorizados para someter aleatoriamente a un interrogatorio adicional los residentes permanentes oriundos de esos siete países de mayoría musulmana en cuestión, Siria, Irán, Irak, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.

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