¿Qué impacto tiene la nueva disposición de EEUU para los solicitantes de residencia permanente?

La experta sostiene que las medidas forman parte de una estrategia integral de la administración Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias, aunque advirtió que podrían generar mayores costos para los inmigrantes, retrasos procesales y nuevas dificultades para acceder a la representación legal especializada.

Salida de solicitantes de residencia permanente

El gobierno estadounidense anunció recientemente que los extranjeros que quieran obtener la residencia permanente (conocida como "green card") deberán regresar a su país de origen para solicitarla.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) argumentó en un comunicado que así lo estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que los sucesivos gobiernos no habían hecho cumplir esa disposición.

Bajo esta política, las personas que se encuentren en Estados Unidos con visas temporales, como las destinadas al trabajo, turismo o estudios, y que deseen cambiar su estatus a residente permanente, deberán abandonar el país y tramitar el proceso ante el consulado estadounidense en su lugar de origen.

La abogada de inmigración Velázquez dijo que existe una contradicción entre la nueva interpretación administrativa y la legislación migratoria vigente. Al mismo tiempo dijo que podría aumentar las autodeportaciones y la separación de familias.

“La ley permite que una persona pueda ajustar su estatus dentro de los Estados Unidos”, afirmó la jurista, quien consideró que la implementación de estas directrices podría derivar en demandas judiciales para frenar su aplicación.

Velázquez alertó que estas medidas podrían incentivar que muchas personas desistan de iniciar procesos migratorios por temor a quedar varadas fuera del país o separadas de sus familias.

“Estamos viendo personas que van a verse obligadas a autodeportarse para conseguir una residencia a la cual tienen derecho”, expresó. Según explicó, el temor a no poder regresar a EEUU podría empujar a muchos inmigrantes a permanecer en condición irregular antes que exponerse a largos procesos consulares.

Cambios en representación vía remota

Otra de las decisiones más recientes anunciadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) destaca la eliminación de la participación de audiencias en remoto de abogados en entrevistas migratorias y de asilo, una medida que modifica flexibilidades implementadas durante la pandemia.

El endurecimiento también alcanza a determinados migrantes temporales que, bajo nuevas directrices, podrían verse obligados a salir del país para completar trámites consulares vinculados a su residencia permanente. Paralelamente, el gobierno anunció la incorporación de decenas de jueces migratorios con el propósito de reducir el atraso histórico de casos acumulados en las cortes de inmigración.

Velázquez explicó que el Departamento de Seguridad Nacional podría justificar la eliminación de la representación remota argumentando que ese mecanismo no formaba parte habitual del sistema antes de 2020 y que se amplió principalmente debido a la pandemia.

Migrantes de bajos recursos serían los más afectados

“Aunque la representación remota se utilizaba antes del 2020, no era tan habitual como después de la pandemia”, señaló. Sin embargo, indicó que eliminar completamente esa posibilidad podría interpretarse como una barrera adicional para el debido proceso, especialmente para inmigrantes con menos recursos económicos.

La especialista afirma que la exigencia de presencia física de abogados aumentará los costos legales y complicará el acceso a representación, sobre todo para personas detenidas o transferidas entre estados por autoridades migratorias.

“Muchas personas van a tener que contratar nuevos abogados o continuar sus procesos sin representación”, advirtió Velázquez, quien sostiene que esto podría provocar retrasos adicionales en casos de asilo afirmativo y procesos relacionados con programas como NACARA.

USCIS y el debate sobre ajustes de estatus

Respecto a la política que obligaría a algunos migrantes temporales a salir de Estados Unidos para tramitar su residencia permanente mediante procesos consulares, Velázquez asegura que existe una contradicción entre la nueva interpretación administrativa y la legislación migratoria vigente.

“La ley permite que una persona pueda ajustar su estatus dentro de los Estados Unidos”, afirmó la jurista, quien consideró que la implementación de estas directrices podría derivar en demandas judiciales para frenar su aplicación.

Más jueces migratorios, pero procesos más estrictos

Sobre el anuncio de la incorporación de 77 jueces migratorios y cinco temporales, Velázquez indicó que el aumento de personal podría acelerar decisiones en las cortes, aunque advirtió sobre posibles consecuencias derivadas de la falta de entrenamiento especializado.

“Estamos viendo jueces con poca experiencia que vienen con una mentalidad más enfocada en continuar procesos de deportación”, sostuvo. A su juicio, la reducción de casos pendientes no necesariamente refleja un sistema más eficiente, sino también un incremento de denegaciones y autodeportaciones.

La inmigración como eje político

Velázquez considera que las medidas forman parte de una estrategia de disuasión migratoria impulsada por la administración Trump y opinó que el debate migratorio seguirá ocupando un lugar central en el escenario político y electoral estadounidense.

No obstante, afirmó que muchas veces el tema migratorio pierde protagonismo después de las elecciones. “Utilizamos a la comunidad inmigrante como un punto para comprar votos, pero luego no se toman acciones concretas”, concluyó.

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FUENTE: Con información de Redes Sociales/EFE/Redacción DLA