USCIS alerta sobre el matrimonio fraudulento: ¿Qué enfrentan quienes violan la ley?

Los matrimonios fraudulentos, utilizados como vía para evadir las leyes migratorias en Estados Unidos, constituyen un delito federal severamente castigado por la ley. Aunque a simple vista puedan parecer matrimonios legales al cumplir con los requisitos estatales —como pruebas médicas, licencias y las ceremonias de boda—, estos enlaces carecen de la intención genuina de construir una vida en común como pareja.

El objetivo principal suele ser obtener beneficios migratorios a cambio de una compensación económica al ciudadano estadounidense que presta su nombre.

Recientemente USCIS compartió en su página el caso siguiente: “Trabajamos en estrecha colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a una mujer tras su entrevista de ajuste de estatus en El Paso, donde admitió bajo juramento que su matrimonio fue fraudulento. Nos comprometemos a proteger la integridad del sistema migratorio y a garantizar la seguridad de Estados Unidos”.

Según trascendió el pasado 28 de abril, USCIS colaboró con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Fiscalía de los Estados Unidos para Maryland para desmantelar una operación nacional de fraude matrimonial.

La investigación reveló un esquema masivo de matrimonios fraudulentos, donde ciudadanos estadounidenses se casaban con extranjeros para obtener beneficios migratorios ilegalmente. Cuatro personas fueron acusadas de facilitar fraudes de visa y matrimonio, destacando la coordinación de bodas falsas y la preparación de documentos migratorios falsificados.

Según Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, “algunos matrimonios se hacen en el cielo. Otros simplemente se inventan”. Esta operación subraya los riesgos y consecuencias legales graves de los matrimonios fraudulentos, donde los perpetradores son ahora enfrentados con la revocación de sus beneficios migratorios y posibles cargos criminales.

Matrimonio forzado

Además del fraude matrimonial, USCIS también aborda el fenómeno de los matrimonios forzados, definidos como aquellos donde una o ambas partes no pueden o no consienten libremente en casarse debido a la fuerza, el fraude o la coerción. Estos matrimonios pueden ser consecuencia de abuso físico, emocional, amenazas o engaño, y pueden ocurrir en cualquier comunidad, sin distinción de raza, religión, género, o estatus migratorio.

La prohibición de matrimonios fraudulentos establecida en la Sección 204(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad es clara: se niega la aprobación de peticiones de visa para aquellos extranjeros que hayan intentado o conspirado para evadir las leyes migratorias a través de un matrimonio fraudulento. Esta medida busca preservar la integridad del sistema migratorio y garantizar que los beneficios migratorios sean otorgados de manera justa y legal.

USCIS y ICE amplían sus esfuerzos para cumplir con el compromiso de Estados Unidos en combatir el fraude migratorio, asegurando que los matrimonios legales sean protegidos y que aquellos involucrados en prácticas ilegales sean llevados ante la justicia.

Delito federal con graves consecuencias

Desde 1986, la legislación federal se ha endurecido para combatir estas prácticas. La Ley de Enmiendas contra el Fraude Matrimonial de Inmigración incorporó la sección 1325(c) del Título 8 del Código de EEUU, que impone hasta cinco años de prisión y una multa de $250.000 a cualquier persona que “intencionalmente entre en un matrimonio con el fin de evadir cualquier disposición de las leyes de inmigración”.

Además, bajo el 18 U.S.C. § 1546(a), también se puede procesar a los implicados por presentar documentos falsos ante las autoridades migratorias, lo que agrava aún más la situación legal de los infractores.

Históricamente, la Corte Suprema ha dejado claro, en el caso Lutwak v. United States (1953), que aunque el matrimonio sea legal bajo las leyes estatales, eso no impide que se considere fraudulento si no existe una intención real de vida conyugal.

Asimismo, para cerrar vacíos legales, el Congreso creó en 1986 un sistema de residencia condicional de dos años para cónyuges extranjeros. Esta medida, incluida en el 8 U.S.C. § 1186a, exige que al final del período condicional, el matrimonio siga existiendo como una unidad familiar real. Si no es así, el estatus migratorio puede ser revocado.

Anexos

Artículo 204(c), código de regulaciones federales

Prohibición de matrimonio fraudulento. El artículo 204(c) de la Ley prohíbe la aprobación de una solicitud de visa presentada a nombre de un extranjero que haya intentado o conspirado para contraer matrimonio con el fin de evadir las leyes de inmigración. El director denegará una solicitud de clasificación de visa de inmigrante presentada a nombre de cualquier extranjero para quien existan pruebas sustanciales y probatorias de dicho intento o conspiración, independientemente de si dicho extranjero recibió algún beneficio a través del intento o conspiración. Si bien no es necesario que el extranjero haya sido condenado o procesado por el intento o conspiración, las pruebas del intento o conspiración deben constar en su expediente.

Caso revelado por el Departamento de Justicia el 25 de abril de 2025

Cuatro acusados de conspiración para cometer fraude de visas y matrimonio

Un gran jurado federal ha acusado a cuatro personas, Ella Zuran, de 65 años, Tatiana Sigal, de 74, y Alexandra Tkach, de 41, todas de la ciudad de Nueva York, Nueva York, junto con Shawnta Hopper, de 33 años, de Sicklerville, Nueva Jersey, de conspiración para cometer fraude de visas y matrimonio.

Kelly O. Hayes, fiscal de EEUU para el distrito de Maryland, anunció la acusación junto con el agente especial a cargo Michael McCarthy, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) - Baltimore, y la directora de la oficina de campo Elizabeth Grant, del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) - Oficina de campo de Baltimore.

“La avaricia de los acusados los llevó a urdir un plan de matrimonio ilegal que compromete la integridad de nuestro sistema de inmigración”, declaró Hayes. “Esta acusación envía un mensaje claro: la Fiscalía de los Estados Unidos, junto con nuestras fuerzas del orden, perseguirá sin descanso y exigirá responsabilidades a quienes intenten explotar nuestro sistema de inmigración mediante fraude y engaño”.

“El fraude matrimonial no es un delito sin víctimas: compromete la integridad de nuestro sistema de inmigración, desvía recursos cruciales y erosiona la confianza pública en un proceso que innumerables personas siguen legalmente y de buena fe”, declaró McCarthy. “Estos arrestos marcan un hito crucial en nuestro esfuerzo general por desmantelar una red criminal que ha intentado socavar las leyes de inmigración de nuestro país. HSI mantiene su compromiso de salvaguardar el proceso de inmigración legal y de exigir responsabilidades a quienes intentan explotarlo”.

“Algunos matrimonios son un sueño. Otros son simplemente una invención”, dijo el portavoz del USCIS, Matthew Tragesser. “Nuestro trabajo con el ICE desmanteló una red de fraude matrimonial donde ciudadanos estadounidenses recibían pagos para casarse con extranjeros. Bajo la dirección de la secretaria Noem, los estafadores salen con las manos esposadas. Comprar un cónyuge no te convierte en ciudadano”.

Según la acusación, los acusados indujeron a ciudadanos estadounidenses, residentes en Maryland y otros lugares, a contraer matrimonios simulados con extranjeros residentes en Estados Unidos a cambio de dinero. Los acusados emparejaron a ciudadanos estadounidenses con extranjeros que buscaban beneficios migratorios a los que los extranjeros no tenían derecho, incluida la residencia permanente en Estados Unidos. Supuestamente, los acusados organizaron la preparación de documentación falsa para presentarla al USCIS y recibieron dinero a cambio de concertar los matrimonios fraudulentos.

Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta cinco años de prisión federal. Las sentencias por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal federal de distrito determina la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Una acusación formal no implica una declaración de culpabilidad. Las personas acusadas formalmente se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un proceso penal posterior.

La Fiscal Federal Hayes elogió al Grupo de Trabajo contra el Fraude en Documentos y Beneficios de HSI y a la Unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del USCIS en Baltimore por su labor en la investigación. La Sra. Hayes también agradeció a los Fiscales Federales Adjuntos Spencer Todd y Michael Aubin, quienes procesan el caso.

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FUENTE: USCIS / ICE / Justice Department / Code of Federal Regulations