El chavismo apuesta por una salida violenta

Con una inflación que solo en el mes de enero fue de 14%, una escasez de alimentos y medicinas que ronda el 80% en algunos rubros; y una crisis eléctrica y de agua que hace que parte de la población no disfrute de esos servicios hasta por días, Venezuela es una bomba de relojería que en cualquier momento puede estallar o que todos los días está estallando aunque no a gran escala.

A esta conclusión se arriba al revisar el último informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), el cual reveló que en el primer trimestre de 2016 se han registrado 107 saqueos o intentos de saqueo en todo el país, cifra que representa un aumento de 25,8% en comparación con el mismo período del 2015 cuando contabilizó 85. El año pasado en total se produjeron 287 de esos hechos.

“Pareciera que la inacción y las políticas erradas de Nicolás Maduro están llevando a Venezuela hacia un estallido social. Una de las expresiones de esa situación es la violencia que se está generando en las colas por alimentos y medicinas, lo cual demuestra que la gente está perdiendo la paciencia”, afirmó Marco Ponce, director de la agrupación, quien alertó: “La gente cuando saquea no cree que está cometiendo algún delito, sino que es un acto de justicia, porque el Estado no le garantiza sus derechos”.

La oposición tiene la misma visión. Semanas atrás el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup, afirmó: “Las condiciones para un estallido social están dadas. ¿Por qué no se ha producido? Materia de estudio para los psicólogos sociales, pero la verdad es que hay condiciones más que sobradas para que se haya producido un estallido, del que por cierto uno sabe cómo empieza pero no para dónde va a llegar. Un psicólogo social me dijo que la única explicación que le hallaba, a que no se hubiera producido un estallido es que la gente le teme más al estallido que a las penurias de las colas y la inflación”.

Sin embargo, el legislador no descartó que el Ejecutivo esté jugando a esto para salir así “victimizado” del poder y no mediante unas elecciones.

Ante el aumento de los saqueos también ha crecido la presencia policial y militar ante los mercados, farmacias y otros comercios, lo cual, a juicio del experto, explicaría también porque en la actualidad ocho de cada diez de estos hechos se cometen contra los camiones que transportan la mercancía que hoy escasea en los comercios del país.

Sin embargo, Ponce advirtió que este incremento de la vigilancia lejos de frenar la violencia pareciera estarla incentivando en muchos casos. “Observamos una mayor represión a las protestas de los vecinos por parte de las policías y los militares y esto explicaría porque el número de manifestaciones violentas se ha triplicado en lo que va del año, al pasar de 2% del total (de manifestaciones) al 6%”, agregó.

El crimen como la espuma

Pero el crecimiento de la violencia no solamente ha quedado patente con el número de saqueos o manifestaciones violentas sino también en la cantidad de asesinatos registrados. En 2015 se registraron 17.778 asesinatos según la fiscal general, Luisa Ortega Díaz; y en enero ingresaron 467 cadáveres a la morgue de Bello Monte de Caracas, con lo cual este mes se convirtió en el más sangriento desde 2010, según la prensa local.

En total, durante el primer trimestre se han contabilizado, de manera extraoficial, 1354 ingresos a la morgue por hechos violentos  en el primer trimestre  (467 enero, 453 febrero, 434 marzo). Desde hace más de una década, no se ofrecen cifras de homicidios en el país.

Según un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, Caracas, la capital venezolana, sufrió el año pasado 119,87 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes y fue la ciudad más violenta del mundo.

Para Inti Rodríguez, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), los números anteriores revelan el fracaso de las políticas de “mano dura” del Gobierno.

“Se ratificó lo que dijimos respecto a que la Operación Liberación del Pueblo (OLP) no iba a ser la solución a la violencia. La OLP no fue el producto de un estudio elaborado por expertos en la criminología, sino que es un operativo más, una burda redada”, agregó el activista, quien participó en la elaboración del estudio que el mes pasado Provea y Human Rigths Watch presentaron sobre la última iniciativa gubernamental contra el crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el cual denunciaron que militares que participan en este plan son sospechosos de ajusticiar a 245 personas, según cifras de la Fiscalía.

Para demostrar que no se puede combatir el fuego con más fuego el activista esgrimió los 147 policías asesinados en Caracas en 2015 y los 45 que han caído en el primer trimestre. “El aumento en el número de policías que fueron asesinados el año pasado tiene que ver con las OLP, pues ahora los uniformados, que viven en los barrios y no en urbanizaciones de lujo, son objetivos de las bandas criminales”.

Por su parte, el politólogo Daniel Fermín aseveró que el cuadro de violencia que sufre el país revela que “estamos enfermos”, pero aclaró “no es una enfermedad endémica sino producto de la inacción del Estado. Tenemos un Estado que ha renunciado a cumplir su función más básica: El monopolio de la fuerza y por eso la seguridad se ha privatizado. Ahora cualquiera que tiene dinero tiene un escolta o cierra una calle; y cuando no puedes hacer eso resuelves cualquier conflicto con la violencia”.

¿Pero cuál es la raíz de esta omisión? ¿Incapacidad? ¿Complicidad? ¿Desinterés? Para Fermín es una mezcla de factores. “Hay mucha incapacidad, pero también (Hugo) Chávez no quiso pasar por un represor y por eso hizo declaraciones como aquellas donde justificaba a los delincuentes que robaban por hambre que lo que hicieron fue darle carta blanca a la delincuencia. Sin embargo, no se puede ocultar que hay mafias que mueven mucho dinero y que tienen implicaciones en instancias de poder”.

Las botas no resuelven

Rodríguez en cambio achacó la situación al militarismo. “Quienes participaron en la reforma policial o en la Misión A Toda Vida Venezuela (uno de los tantos planes de seguridad del Gobierno) fueron incapaces de desmilitarizar a las policías y esos vicios del pasado volvieron con fuerza luego de las protestas de 2014”.

La CIDH, en su informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de 2009, expresó sus reservas a la participación de uniformados en labores de seguridad, recordando que “los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el hemisferio en las últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los Derechos Humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia”.

Por último, los expertos coincidieron en señalar que la violencia se combate reduciendo la impunidad y sobre todo con presencia del Estado en las comunidades más desasistidas.

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