Acusaciones de corrupción contra Zapatero sacuden al Gobierno de Pedro Sánchez

El juez José Luis Calama acusa a Zapatero de intervenir en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2020, por el que la empresa aérea recibió 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) del Estado español y de obtener a cambio una comisión ilegal de dos millones de euros (2.32 millones de dólares) a través de un complejo entramado que utilizó una empresa que estaba gestionada por sus hijas y otra por Julio Martínez, un amigo del expresidente.

La prensa española, incluso el canal de televisión estatal TVE, recoge como el juez que lleva el caso considera a Zapatero “el jefe de una trama ilícita que se dedicaba a influir para conseguir contratos en empresas dentro y fuera de España por los que recibía unos pagos de los que él sería el beneficiario final”.

El informe de acusaciones, que cuenta con 85 páginas, autoriza los registros de los cuatro despachos que han tenido movimiento en lo que han denominado Operación Tíbet y también la intervención de los teléfonos de Zapatero y de su entorno porque el juez considera que son de gran interés.

La autoridad anticorrupción UDEF registró la oficina de Zapatero en Madrid y la sede de la empresa de mercadeo What The Fab de las hijas. Es la primera vez que se imputa a un expresidente español en una causa por corrupción.

En resumen, Zapatero es acusado de ejecutar una organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental.

“Cada una de esas acusaciones conlleva a penas carcelarias entre tres meses y ocho años”, comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS el abogado Francisco Bermúdez, con bufete en Madrid.

"Si es declarado culpable por las cuatro imputaciones, podría afrontar hasta 19 años en prisión. El juez y la fiscalía cuentan con pruebas creíbles, si no, no dieran este paso. Pero seamos realistas, es muy poco probable que las cuatro procedan por falta de suficientes pruebas", añadió.

Pruebas

Acorde con las investigaciones, Zapatero, presuntamente, dirigía desde su oficina en Madrid conversaciones para facilitar el rescate de la aerolínea Plus Ultra hasta lograr que el Gobierno de Sánchez declarara a la empresa “estratégica y viable” para obtener la millonaria ayuda, cuando apenas operaba el 0,03% de los vuelos en España.

El juez cree que su intermediación benefició a esa y otras empresas y que por ello le pagaron comisiones a través de la empresa de su amigo, también imputado en el caso, Julio Martínez.

En las conversaciones intervenidas a directivos de Plus Ultra dicen que hablan con un intermediario de Zapatero, Julio Martínez, y que tienen un entramado para cobrar “mordidas”.

¿Y cómo lo hacían? Supuestamente, Julio Martínez cobraba las comisiones y después contrataba asesorías inexistentes a Zapatero y a la sociedad de sus hijas.

La acusación incluso plantea que el expresidente ordenó a Martínez crear una sociedad en Dubái para ocultar el dinero, un hecho que el juez encaja en el delito de blanqueo de capitales.

Según los investigadores, Zapatero intervenía en operaciones internacionales aprovechando sus contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China o Emiratos Árabes que incluían compraventa de oro, acciones y petróleo.

Rodríguez Zapatero ha sido citado para declarar ante el juez Calama el 2 de junio.

Qué dice Zapatero

El expresidente Zapatero asegura que todo es falso. “Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración ni el sector públicos en relación con el rescate de Plus Ultra. Que jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni en España ni fuera de España ni he participado en ninguna operación de este tipo”, aseguró en un vídeo difundido a la prensa.

Luego añadió: “Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) con absoluta transparencia y legalidad”.

¿Alex Saab?

El exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), Alex Saab, que actualmente se encuentra bajo custodia de Estados Unidos tras ser extraditado del país suramericano, es investigado desde 2017 por ser presunto testaferro del exgobernante venezolano Nicolás Maduro.

Acorde con informes revelados al corresponsal del periódico ABC y la emisora radial españolas COPE en La Casa Blanca, David Alandete, “se ha descubierto que había una gran trama, una gran red de lavado de dinero vinculada a (la empresa estatal Petróleo de Venezuela) PDVSA, que comandaba Alex”.

Alandete alega la existencia de “un documento del Tesoro de Estados Unidos, en el que se identifica una transferencia de Plus Ultra de 519.000 dólares a una cuenta bancaria vinculada a un inversor suizo que está investigado por blanqueo. Y esa cuenta se utilizaba para pagar intermediarios financieros que facilitaban operaciones relacionadas con los fondos de PDVSA. Era la cuenta vinculada con Alex”.

Es decir, tal como plantea el periodista corresponsal, “Plus Ultra es rescatada por los españoles. Obtiene millones de rescate por la vía exprés, por motivos que el Gobierno español no acaba de explicar del todo, y medio millón lo pone en una cuenta, que es la que utiliza Saab, según el Tesoro y según la Comunidad de Delitos Económicos del Tesoro de Estados Unidos, para las operaciones de lavado de dinero que ahora se están investigando”.

Pedro Sánchez

La imputación de Zapatero cayó como un martillazo en el PSOE y en el Gobierno de Sánchez.

La alta jerarquía del PSOE comienza a cuestionar la imputación cuando dice que se trata de “estrategia de la derecha para desgastar a Pedro Sánchez”.

No obstante, el Gobierno pide “respeto a la presunción de inocencia”, en otras palabras, que dejen a la Justicia hacer su trabajo.

De hecho, Sánchez acudió al Congreso español para dar explicaciones, pero antes el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, presentó ante los diputados una urgente demanda de dimisión a Pedro Sánchez.

“¿Qué hace todavía ahí, manchando un día más la presidencia del Gobierno de España?”, requirió el líder de la oposición principal al jefe del Ejecutivo.

Asimismo, la diputada y portavoz adjunta del del PP Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, señaló que “Zapatero es el mentor de Sánchez, la matriz de la degradación”.

Sin embargo, Sánchez, que venía preparado para soportar acusaciones respondió: “Todo mi apoyo al presidente Zapatero” y defendió la figura y el legado de su predecesor socialista en el cargo.

Luego insistió en que las elecciones generales (presidencial y parlamentarias) serán en el 2027 y que él se presentará como candidato del PSOE y, “si los españoles quieren”, seguirá otros cuatro años, o incluso ocho, al frente del Gobierno español.

En efecto, Sánchez se apoya en los socios de coalición que le dieron los votos suficientes para ser reelecto presidente en el 2018.

Recordemos que España no escoge sus presidentes directamente del sufragio popular, sino a través del voto parlamentario por medio del ‘sí’ de un partido u otro y los aliados.

La oposición, liderada por el PP y secundada por el partido Vox, acusa a Sánchez de gobernar gracias a los acuerdos y las preventas a ciertas agrupaciones políticas, como los separatistas catalanes y vascos.

De cualquier manera, tanto el PSOE como los aliados están conmocionados por la imputación de Zapatero.

Los socios de la investidura se mueven entre la incredulidad y la prudencia.

Esquerra Republicana, Sumar y lo que queda de Podemos hablan de “guerra sucia judicial” y alegan que la derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, pero después de leer la acusación algún portavoz reconoce tener dudas.

“No ha cambiado nada para que nuestro apoyo siga siendo el que es. Vamos a ser prudentes y vamos a estar a la espera”, señaló la portavoz del partido vasco separatista EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

Por otra parte, el portavoz de la agrupación separatista catalana Izquierda Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, y aliado de Sánchez reconoció en el Congreso el golpe de la imputación Zapatero: “Estoy jodido”, admitió. “No soy objetivo, yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. Pero también tengo ojos en la cara”, advirtió.

Vox persiste en presentar otra moción de censura para sacar a Sánchez del poder, pero el PP insiste en que los números, los votos en el Congreso, no son suficientes aún para sacarlo.

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