EEUU endurece controles financieros a inmigrantes indocumentados ¿Qué impacto tendría en los envíos de remesas?

La medida instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, un aviso formal dirigido a instituciones financieras sobre los riesgos asociados con el uso del sistema bancario por parte de personas sin autorización de trabajo y de empleadores que las contratan.

El decreto, denominado "Restablecer la Integridad del Sistema Financiero", también ordena revisar y endurecer regulaciones vinculadas con la identificación de clientes y el monitoreo de riesgos dentro de bancos e instituciones financieras.

Cambios regulatorios y supervisión financiera

Entre los principales puntos de la orden destacan nuevas disposiciones para reforzar los procedimientos de verificación de identidad y ampliar las alertas sobre perfiles considerados de mayor riesgo por las autoridades financieras.

La administración estadounidense plantea además que los bancos puedan verificar el estatus migratorio de sus clientes y considerar el riesgo de deportación al momento de otorgar créditos u otros productos financieros.

Otro de los focos de la medida apunta al uso de los números de identificación de contribuyente individual (ITIN), utilizados por millones de personas para cumplir obligaciones tributarias en Estados Unidos. Según el gobierno, algunos inmigrantes sin estatus legal verificado emplean estos números para abrir cuentas bancarias o acceder a servicios financieros.

Asimismo, la Orden Ejecutiva pone el foco sobre empleadores que contratan trabajadores sin autorización, señalando posibles patrones de incumplimiento en la retención y pago de impuestos federales.

Impacto sobre remesas y acceso bancario

Aunque la medida no prohíbe las remesas ni contempla el cierre automático de cuentas bancarias, especialistas advierten que podría dificultar el acceso de migrantes al sistema financiero formal.

El endurecimiento de controles podría generar mayores obstáculos para abrir cuentas, mantener servicios financieros o realizar transferencias internacionales, afectando potencialmente el envío de dinero hacia países de origen.

La preocupación se concentra especialmente en comunidades migrantes que envían remesas a sus países de origen como una de sus principales fuentes de ingresos familiares.

La administración Trump sostiene que limitar el acceso al sistema financiero incentivaría la salida voluntaria de millones de inmigrantes indocumentados, reduciendo la necesidad de operaciones migratorias de alto costo.

La estrategia forma parte del objetivo del gobierno estadounidense de alcanzar al menos un millón de deportaciones durante 2026, combinando el fortalecimiento del control fronterizo con nuevas herramientas de presión financiera.

Análisis legal y alcance de la medida

La abogada de migración y negocios María Herrera Mellado explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que el endurecimiento migratorio impulsado por la administración Trump responde a una estrategia más amplia que la aplicada durante el primer mandato presidencial.

“Ya no se trata únicamente de aumentar deportaciones o reforzar la frontera, sino de limitar las condiciones que permiten a una persona sin estatus legal establecerse y permanecer en Estados Unidos”, afirmó.

De acuerdo con la experta, el objetivo de las nuevas políticas es generar presión económica, financiera y administrativa para promover lo que en materia migratoria se conoce como “self-deportation” o salida voluntaria.

La especialista indicó que el discurso actual de la administración busca vincular la inmigración irregular con riesgos para la seguridad nacional, fraude o carga económica, lo que, a su juicio, está justificando controles más agresivos sobre empleo, beneficios públicos, identificación y acceso al sistema financiero.

“Jurídicamente, esto abre debates importantes sobre privacidad financiera, discriminación y derechos constitucionales, especialmente si las restricciones terminan afectando también a personas con permisos temporales, solicitantes de asilo o familias mixtas”, advirtió.

Impacto económico y social

La jurista alertó de que las restricciones podrían generar consecuencias directas en la vida cotidiana de millones de inmigrantes que actualmente utilizan cuentas bancarias mediante ITIN, pasaportes extranjeros u otras identificaciones aceptadas por algunas entidades financieras.

“Muchos de los que resultarían afectados pagan renta, servicios, impuestos y manejan cuentas bancarias usando ITIN o pasaportes extranjeros”, sostuvo.

Asimismo, la especialista señaló que una eventual limitación del acceso bancario podría obligar a muchas personas a operar únicamente en efectivo, dificultando el cobro electrónico de salarios y el acceso a alquileres, créditos, hipotecas o historial financiero.

“También habría impacto en bancos y economías locales, porque millones de dólares dejarían de circular dentro del sistema financiero regulado”, agregó.

Riesgo de expansión de la economía informal

La especialista consideró que una de las principales consecuencias de la medida podría ser el crecimiento de mecanismos financieros informales fuera del sistema supervisado.

“Cuando una población pierde acceso al sistema financiero tradicional, normalmente surgen mecanismos alternativos informales”, explicó.

Entre ellos mencionó pagos en efectivo, redes comunitarias, prestamistas informales, uso de cuentas de terceros y sistemas no regulados de envío de dinero.

Herrera Mellado sostuvo que esto no solo incrementaría la vulnerabilidad de los inmigrantes, sino que además dificultaría la supervisión financiera y tributaria por parte del propio gobierno estadounidense.

“Paradójicamente, una política diseñada para aumentar el control podría terminar reduciendo la transparencia económica, porque más transacciones quedarían fuera del sistema bancario supervisado”, afirmó.

Posibles litigios constitucionales

La abogada señaló que las nuevas disposiciones podrían desencadenar demandas judiciales por parte de organizaciones de derechos civiles y sectores afectados.

“Seguramente argumentarán que algunas medidas violan principios de igualdad de protección, debido proceso y privacidad financiera”, indicó.

También enfatizó que actualmente no existe una ley federal que prohíba de manera general a inmigrantes indocumentados abrir o mantener cuentas bancarias en Estados Unidos.

Aunque reconoció que el gobierno federal posee amplias facultades regulatorias sobre el sistema financiero, especialmente bajo normas contra el lavado de dinero y verificación de identidad bancaria, aclaró que los bancos privados conservan cierto margen para decidir sus políticas de aceptación.

“Cualquier medida excesivamente discriminatoria podría ser impugnada en cortes federales”, afirmó.

Continúan los cruces fronterizos

Consultada sobre la situación migratoria en la frontera sur, Herrera Mellado indicó que continúan registrándose cruces irregulares, aunque con variaciones en las cifras debido al endurecimiento de controles y restricciones implementados por la administración Trump.

Entre las medidas mencionó acuerdos con terceros países, limitaciones al asilo, deportaciones aceleradas y operativos fronterizos más estrictos.

La abogada aseguró que actualmente existe “mayor uso de la detención, menos liberaciones dentro del país y procesos más restrictivos para solicitar asilo”.

No obstante, consideró que la inmigración hacia Estados Unidos continuará mientras persistan factores estructurales como violencia, crisis económicas y reunificación familiar.

“Históricamente, las medidas de endurecimiento reducen temporalmente algunos flujos, pero no eliminan las causas estructurales de la inmigración”, señaló.

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FUENTE: Con información de Redes Sociales/Radio Formula/ Fairus.org/Redacción DLA