ARBITRAJE

Arbitraje: Polémica en el Canal de Panamá podría terminar en Miami

PANAMÁ.- La Autoridad del Canal amenaza con ir a un arbitraje internacional después de que un fallo del organismo técnico independiente reconociera el derecho de cobrar sobrecostos al contratista

 

PANAMÁ.- JOSUÉ BRAVO

Especial

Cuando parecía que la polémica alrededor de la ampliación del canal de Panamá había terminado para dar paso al final de las obras, una nueva diferencia salió a luz por un fallo del DAB (Dispute Adjudication Board) que provocó el enojo de una de las partes, quien amenaza con llevar la diferencia a un arbitraje internacional en la Corte de Miami.

El DAB reconoció el 31 de diciembre 2014, el pago de 233 millones de dólares por sobrecostos al contratista Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado del principal proyecto de la ampliación de la vía acuática; y alargó el tiempo de la entrega final de las obras.

GUPC SA es el contratista encargado del diseño y construcción del Tercer Juego de Esclusas, el principal proyecto del Programa de Ampliación del Canal, conformado por Sacyr de España, Salini-Impregilo de Italia, Jan De Nul de Bélgica, y Constructora Urbana, SA (CUSA) de Panamá.

El DAB (Dispute Adjudication Board o Junta de Resolución de Conflictos) es un organismo técnico independiente establecido dentro del marco del contrato entre las partes. Su fallo generó la molestia de la estatal Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entidad que emitirá una “nota de disconformidad” al fallo.

La ingeniera de la ACP, Ilya Marotta, confirmó a la prensa la emisión de la nota en el transcurso de los 28 días que tienen para hacerlo desde el 31 de diciembre y de hacerlo sería el primer paso para un posible arbitraje internacional. La Autoridad también tiene ese mismo tiempo para desembolsar los 233 millones de dólares al GUPC.

El GUPC había solicitado a la entidad mediadora 463 millones de dólares adicionales, en concepto de supuestos sobrecostos en las obras del tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal, y seis meses más de plazo para entregar las obras.

El DAB reconoció una parte del dinero y una extensión de 179 días en la fecha de entrega, de los 265 días solicitados por los constructores.

El reclamo económico del grupo constructor se basaba en la mala calidad del basalto, el material principal para la producción de hormigón para la obra y en el atraso de la Autoridad para aprobar la mezcla de concreto; por lo tanto obtuvo más dinero y tiempo.

"La documentación previa al contrato no contemplaba las condiciones reales de acceso al basalto ni de su calidad”, dice la resolución. “Debido a la importancia de esta cuestión en el precio de la oferta, el contratante (ACP) fue negligente", señala.

La reacción del CEO de GUPC fue de satisfacción, “porque reconocen el mérito de nuestros reclamos, fundamentados en realidades técnicas que afectaron el costo, logística y ejecución de la obra. Todos fueron detectados a tiempo y presentados de acuerdo a nuestro contrato, sin embargo el rechazo sistemático e injustificado de los reclamos por parte de ACP ha impactado al proyecto y al Contratista”.

“Esta determinaciones abren la pregunta si los atrasos que ha sufrido el proyecto y las afectaciones económicas sufridas por el contratista y sus socios hubieran podido ser evitados con una postura más razonable por parte de ACP, siempre dentro del marco del contrato y ajustada a la práctica internacional. Es claro que el no reconocimiento oportuno de las reclamaciones no sólo multiplica las pérdidas si no que tiene un efecto negativo acumulado en el Proyecto”, continuó.

Las mismas quejas sobre asfalto y concreto los había planteado hace tres años la parte constructora, pero la ACP se negó de plano a discutirlos en la primera instancia de medición y forzó que los resolviera la DAB.

Las obras de ampliación del Canal de Panamá iniciaron en 2007. Tras sortear obstáculos financieros y desplegar intensas negociaciones, el GUPC y la ACP habían acordado en agosto de 2014 las partes finales del contrato.

Con este acuerdo las obras terminarían en diciembre de 2015, pero con la nueva prórroga, el proyecto final sería entregado a mediados de 2016 si la ACP no recurre a un arbitraje que podría atrasar una vez más la ampliación.

GUPC había presentado otras reclamaciones por sobrecostos, de los cuales, anteriormente, el DAB ya había reconocido dos a favor de la ACP contra el contratista, que reclamaba en esos dos casos un total de 130 millones de dólares.

La inconformidad del GUPC fue la que motivó la crisis de 2013, cuando los reclamos de 1,600 millones de dólares por falta de liquidez los obligó a paralizar las obras de ampliación del canal durante varias semanas.

En total la parte constructora ha pedido 2,300 millones de dólares, a pesar de haber firmado en 2009 el contrato del nuevo juego de esclusas por 3,118 millones de dólares.

El programa total de la ampliación, iniciada en 2007 y con un avance del 85%, tiene un presupuesto de 5.250 millones de dólares.

En abril las obras también se paralizaron dos semanas por huelga de los trabajadores que demandaban mejoras salariales.

La mediación del gobierno también puso fin a una huelga de semanas del 8% de los 7,500 trabajadores de la ampliación que pedían cumplimiento de responsabilidades establecidas por ley, como mayor seguridad para evitar accidentes.

Todos esos reclamos han atrasado el final de la ampliación.

En medio de polémica, la ACP inició las consultas para las nuevas tarifas de peajes que tendrán que pagar los barcos que transiten por la vía interoceánica, según ha explicado el administrador del Canal, Jorge Quijano.

La nuevas tarifas serían más competitivas e incentiva el uso de las nuevas esclusas para promover las economías de escala con buques de mayor tamaño y al mismo tiempo propone costos que impulsan el uso de buques Panamax por el Canal actual para los barcos que transporten menos carga.

Un buque de 10,000 TEU (unidad equivalente a un contendor de 20 pies de largo) con un de 80% de la capacidad, pagaría 780,000 dólares de peaje; 24 mil dólares menos que las tarifas fijadas en 2011.

Mientras Panamá intenta terminal su ampliación y cobrar nuevas tarifas, un posible canal interoceánico en Nicaragua sería su competencia. Quijano ha reconocido que de hacerse el proyecto nicaragüense, le restaría el 30% de su mercado.

El canal aporta 960 millones de dólares anuales, cerca del 10% de los ingresos fiscales totales de Panamá.

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