Arrestan a la alcaldesa de Kissimmee, Florida, por cargos de robo mayor y fraude

En el encuentro con los medios, donde participaron el director financiero estatal, Blaise Ingoglia; el comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), Larry Keefe, y el fiscal especial Rich Manti, Ingoglia afirmó que, de ser declarada culpable, Espinosa podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

La investigación se originó en una auditoría de rutina de la oficina de Ingoglia a varios programas locales de subvenciones relacionados con la pandemia. Los auditores detectaron irregularidades en el programa Business Boost 2.0 de Kissimmee y remitieron el caso al FDLE, la Comisión de Ética de Florida y un fiscal especial, explicó el funcionario.

Kissimmee es una ciudad ubicada en Florida, en el condado de Osceola, justo al sur de Orlando y cerca de los principales parques de Walt Disney World Resort. La distancia por carretera desde Miami es de una 215 millas.

La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, fue arrestada y espera juicio.

Kissimmee

Subvenciones bajo investigación en Florida

Business Boost 2.0 es el nombre del programa municipal creado para ayudar a pequeños negocios a recuperarse de las pérdidas provocadas por la pandemia. Según Ingoglia, siete empresas ubicadas en propiedades pertenecientes o administradas por familiares de Espinosa recibieron en conjunto 90.000 dólares: 50.000 fueron a negocios de la alcaldesa o su familia y otros 40.000 a inquilinos de esas propiedades.

Uthmeier dijo que Espinosa había apoyado y votado a favor del programa y que, cuando se abrió el plazo de solicitudes en septiembre de 2025, presentó tres solicitudes para ella y familiares por un total de 50.000 dólares. La fiscalía sostiene que la alcaldesa firmó las solicitudes y tomó decisiones para simplificar el proceso y facilitar que ella y sus familiares obtuvieran fondos municipales.

Durante la rueda de prensa, Ingoglia señaló que los investigadores encontraron que Espinosa presentó solicitudes antes o al comienzo del plazo de inscripción y que personas de su oficina le advirtieron que solicitar las ayudas podía ser impropio o ilegal. Según el CFO, la alcaldesa ignoró esas advertencias. Las autoridades describieron esos elementos como parte de la investigación; las acusaciones tendrán que probarse ante un tribunal.

Cargos y defensa la alcaldesa

La alcaldesa enfrenta un cargo de grand theft —robo mayor—, un delito grave de segundo grado, y otro de plan organizado para defraudar, de primer grado. Ingoglia indicó que los cargos podrían exponerla a una condena de hasta 30 años de prisión.

Keefe explicó que el FDLE investigó y presentó sus hallazgos a los fiscales, quienes decidieron presentar los cargos. También sostuvo que los casos de corrupción pública afectan la confianza de los ciudadanos en el gobierno y que ningún funcionario está por encima de la ley.

Por su parte, Manti, fiscal especial del caso, citó una conclusión de la investigación ética previa: “El cargo público es un fideicomiso, no un comedero”. Añadió que el programa debía ayudar a los pequeños negocios, no enriquecer a la funcionaria que tenía autoridad sobre él.

La defensa de Espinosa sostiene que la alcaldesa es inocente y que existe una diferencia entre una posible infracción ética y un delito. Su abogada afirmó que el programa fue aprobado públicamente y administrado por empleados municipales, y dijo que la fiscalía deberá demostrar que Espinosa actuó con intención criminal. La defensa anticipó que impugnará los cargos.

La acusación es una imputación y no constituye una declaración de culpabilidad. Espinosa tendrá oportunidad de responder a los cargos ante la corte.

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