Médicos y residentes vulnerables sostienen que el Departamento de Salud excedió sus facultades y abandonó requisitos vigentes sin presentar nuevas pruebas científicas
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MIAMI.— Una organización médica, una doctora y dos residentes de Florida impugnaron administrativamente la propuesta del Gobierno estatal para eliminar cuatro vacunas de los requisitos de ingreso a escuelas, guarderías y centros de cuidado infantil.
La petición busca invalidar los cambios planteados por el Departamento de Salud para los inmunizantes contra la hepatitis B, la varicela —conocida como lechina o viruela loca—, la bacteria Haemophilus influenzae tipo b, o Hib, y la enfermedad neumocócica.
La Florida Academy of Family Physicians presentó el recurso junto con la doctora Danielle Carter, una enfermera escolar identificada por sus iniciales y una mujer de 70 años con leucemia que recibió un trasplante de médula ósea. La demanda fue registrada ante la División de Audiencias Administrativas.
Los impugnantes sostienen que el Departamento excedió las facultades otorgadas por la Legislatura. Aunque la ley menciona expresamente vacunas contra enfermedades como poliomielitis, difteria, sarampión, rubéola, tos ferina, paperas y tétanos, también permite a la agencia exigir inmunizaciones contra otras enfermedades transmisibles conforme a estándares médicos reconocidos.
Bajo esa autoridad, Florida exige desde hace más de dos décadas las vacunas contra Hib, hepatitis B y varicela. La inmunización neumocócica figura en los requisitos desde al menos 2010.
La petición afirma que el Gobierno estatal no presentó estudios nuevos que cuestionen la seguridad, eficacia o necesidad de esas cuatro vacunas. También sostiene que eliminarlas contradice la obligación legal del Departamento de proteger a los menores frente a enfermedades prevenibles.
Por su parte, el cirujano general Joseph Ladapo explicó durante una audiencia pública que la propuesta no responde a dudas sobre la eficacia o seguridad de las vacunas, sino al propósito de ampliar la capacidad de los padres para tomar decisiones médicas sobre sus hijos.
Mientras tanto, los demandantes aseguran que las preferencias políticas de la dirección de la agencia no pueden sustituir las facultades definidas por la Legislatura. Florida ya permite exenciones por razones médicas y religiosas.
La impugnación también acusa a la agencia de salud de Florida de incumplir plazos del proceso regulatorio. La institución publicó su primer aviso en septiembre de 2025 y celebró una reunión tres meses después, cuando recibió más de 1.000 comentarios públicos.
Según la demanda, transcurrieron posteriormente 255 días sin avances sustanciales. El Departamento retomó la propuesta en agosto de 2026 y retiró después una disposición que habría permitido rechazar vacunas por convicciones morales o éticas. Esa modificación se produjo tras objeciones del comité legislativo que supervisa las regulaciones estatales.
El trámite culminó con una nueva audiencia el 8 de octubre en Lake Mary. Organizaciones médicas advirtieron allí sobre el riesgo de reducir la inmunización infantil; el Gobierno defendió la libertad de elección familiar.
La demanda no constituye una decisión sobre la legalidad del plan. De tal manera, un juez administrativo deberá determinar si el Departamento respetó el procedimiento y actuó dentro de su autoridad. Mientras la propuesta no sea adoptada y entre en vigor, los cuatro requisitos continúan aplicándose.
Los impugnantes solicitan que la modificación sea declarada inválida y que el estado cubra sus gastos legales. Las demás vacunas escolares establecidas directamente por la ley no forman parte de este litigio.
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