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MEDIDA CONTROVERSIAL

Botar basura de gran volumen ya no es gratuito en Miami

Una resolución firmada por el alcalde Carlos Giménez establece el pago de una tarifa a los ciudadanos que depositan desechos “grandes” en los vertederos del Condado  

MIAMI.- DANIEL CASTROPÉ
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

A la luz de una resolución de la comisión del Condado Miami-Dade, los centros vecinales de acopio de basuras dejaron de recibir desechos de gran volumen y, en consecuencia, solo dos lugares en el Gran Miami fueron habilitados para este propósito, pero ya no gratuitamente como se hacía en el pasado, sino mediante el pago de una tarifa por tonelada y, además, con restricciones para el acceso de los ciudadanos en vehículos “pesados”.

En efecto, desde el 1 de octubre de 2013 rige en esta jurisdicción territorial una muy poco difundida resolución de la comisión condal, firmada por el alcalde Carlos Giménez, que regula el ingreso de vehículos de gran tamaño a los centros vecinales de desechos y productos reciclables (TRC), situados en diferentes puntos del Condado, y que establece un cargo económico por toneladas de basuras.

De tal suerte, en los 13 centros vecinales solo se permite el acceso de vehículos tipo furgoneta o van, que no superen las 11.000 libras, camionetas de menos de 15.000 libras y tráilers de menos de 10 pies de largo, por 6 pies de ancho y 6 pies de alto, requerimientos que son “de estricto cumplimiento” y que, según pudo comprobar DIARIO LAS AMÉRICAS, “son un verdadero dolor de cabeza” para algunos ciudadanos.

Según la determinación, que surge de una solicitud del mismo alcalde Giménez, los vehículos de tamaño superior al establecido solo podrán acceder a dos instalaciones adecuadas para tal fin, que se encuentran en lugares retirados del suroeste y el noroeste de Miami-Dade, a través del pago de una tarifa por tonelada estipulada en 87 dólares y 38 centavos.

Los dos vertederos de desechos (North Dade Landfill y South Dade Landfill) abren sus puertas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y en ellos “se aceptan pagos con cheque, giro postal o tarjetas débito o crédito”, acorde con el sitio web del Condado.

Origen de las medidas

En un memorando del alcalde Giménez, fechado el 28 de agosto de 2013 y dirigido a la entonces presidenta de la comisión, Rebeca Sosa, y al resto de miembros de la corporación legislativa, el mandatario planteaba la necesidad de adoptar las citadas medidas, argumentando “fraudes y abusos”, de acuerdo con “investigaciones de las autoridades de Policía”.

Previo al memorando del alcalde Giménez, la directora del Departamento de Obras Públicas y Manejo de Residuos del Condado, Kathleen Woods-Richardson, cursó una misiva al mandatario, el 15 de agosto del mismo año, en la que revelaba detalles de las investigaciones policiales señaladas por Giménez, en torno a irregularidades en ese servicio que se presta a la comunidad.

En su carta, la funcionaria condal manifestaba su descontento y preocupación por la forma como algunos usuarios abusaban de los váuchers que se entregan al momento de ingresar a los centros vecinales de depósito de desechos, que, según sus propias palabras, se prestaban “para violar las cantidades y tipos de materiales que se pueden dejar en esos lugares”.    

Al respecto, un vocero del mismo departamento del Condado, cuya identidad pidió mantener en reserva, dijo a este medio que “esas medidas eran necesarias por cuanto había gente que botaba basuras en camiones en los TRC y obtenían un lucro por ese servicio, y eso era lo que estaba investigando la Policía”.

De igual forma, Woods-Richardson aseguraba en su carta al alcalde que los vauchers estaban “expuestos a ser vendidos y por lo tanto debían ser auditados, como nunca antes se había hecho”.

Con la aprobación del paquete de medidas en el seno de la Comisión, se cumplió otro de los deseos expresados por la funcionaria en su comunicación al alcalde Giménez: ahorrarle dinero a las arcas de Miami-Dade, en virtud de que, acorde con cifras de su despacho, la atención de dos o tres usuarios en vehículos “pesados” por día le costaban al Condado alrededor de 35.000 dólares al año.

“Pepe”, afectado por los cambios en la disposición final de desechos

José “Pepe” González es un colombiano que vive desde hace 9 años en el sector de Kendall y a quien se le ocurrió la idea de aprovechar el spring break de sus hijos para desprenderse de “todo” lo que le sobraba en su amplia casa de dos pisos y piscina en el patio.

De acuerdo con su relato, lo primero que le vino a la mente, como todo aquel que ha vivido en este país por un tiempo considerable, fue contratar un camión de la compañía U-Haul para realizar uno o dos viajes con los enseres de hogar y otros elementos que ya no quería más.

Así las cosas, y en concordancia con el pensamiento de su esposa Milagros, una cubana de Pinar del Río, se decidió por el más grande de los camiones en una de las sedes de la famosa compañía de renta de vehículos para transporte multimodal ubicada en el shopping de la esquina de Sunset (calle 72) y la avenida 152 del suroeste.

En el camión de 26 pies, y con la ayuda de su hijo Mario y de dos amigos del muchacho, lograron cargar un desvencijado juego de sala, sillas y mesas en mal estado que “Pepe” tenía alrededor de la piscina, dos camas con sus respectivos colchones y bolsas grandes atiborradas de ropa en desuso.

Según lo narrado, padre, hijo y los dos jóvenes que les ofrecieron ayuda se dirigieron hacia el centro vecinal de desechos que opera en la avenida 107 y la calle 80 del suroeste, en donde un empleado del Condado les informó de las nuevas medidas a través de un papel que conservaba hasta el día de la entrevista con nuestro medio.

Tras conocer el contenido de dicho papel, “Pepe” se enteró de dos aspectos que desconocía hasta entonces: primero, que debía pagar por botar la basura, y, segundo, que la renta del vehículo le saldría más costosa por cuanto tenía que dirigirse a otro vertedero ubicado en la vía a Homestead.

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