La demanda judicial que se libra en corte entre el alcalde de Sweetwater Orlando López y los miembros de la comisión de ese municipio tiene un nuevo árbitro, la jueza de circuito Bárbara Areces, quien asume esa responsabilidad después de que la jueza Norma Lindsay se negó a continuar con el caso al observar un supuesto conflicto de intereses.
Tras conocer que la administración de Sweetwater contrató en su cuerpo de policía a Víctor Riberon, que se había desempeñado como alguacil de la Corte donde se debate el caso, la jueza Linsay optó por no continuar a cargo del proceso.
A juicio de la comisionada Idania Llanios, que confirmó esta información a DIARIO LAS AMÉRICAS, la contratación del exaguacil de la Corte como policía en Sweetwater, en medio de un proceso judicial constituye una táctica dilatoria.
La comisionada opinó que se trata de “una estrategia de la administración del alcalde López y una táctica que ocasionará mayores gastos a los contribuyentes que pagan miles de dólares por esa demanda judicial”.
“El interés [de contratar como policía del municipio a quien se desempeñó como alguacil en la corte donde se delibera un conflicto de ese municipio] es provocar que haya que nombrar otro juez con la intención de demorar el juicio”, argumentó la comisionada Llanios.
La jueza Areces, quien ahora asume responsabilidad en la demanda entre el alcalde y los comisionados de Sweetwater es la misma magistrada que en abril de 2015 resolvió descalificar la candidatura de José M. Díaz que aspiraba a la reelección en el puesto de alcalde y tenía como rival a Orlando López.
La decisión de Areces respondió en aquel momento a una demanda interpuesta por López, basada en el incumplimiento de una ley municipal y estatal vigente que obliga a quien opta por una cargo, someter la renuncia del que ocupe hasta ese momento.
“La juez [Linsay] nos dijo el día que se excusó de continuar con el caso, que en el inicio de la demanda ella preguntó a las partes si había alguna objeción para que ella conociera del caso porque el alguacil había trabajado en la reserva de Sweetwater, hace diez años”, amplió Llanios en sus declaraciones.
“Le dijimos que no había problema. Dijo también que el alguacil estaba solicitando empleo en Miami, y que cuando llamó a Sweetwater en busca de sus documentos, le dijeron que no aparecían y le ofrecieron trabajo. Eso está en el record de la Corte cuando la juez se excusó alegando que había un conflicto de interés”, relató Llanios.
En consecuencia y a partir del cambio de juez en el caso, el juicio que estaba previsto realizarse del 6 al 8 de junio, deberá ser reprogramado por parte de la magistrada que lo asumió.
La versión del alcalde
El alcalde López, reaccionó asegurando que “en ningún momento ha sido algo que fue "descubierto" y luego salió a la luz. Esto se dio a conocer, siguiendo la decisión de la jueza de excusarse del caso relacionado con Sweetwater.”
“Tampoco es parte de una estrategia para alargar el proceso legal“, sostuvo el edil.
“Es más, los únicos atrasos o demoras que ha habido en el caso legal hasta el momento, han sido por parte del otro lado, de los comisionados, quienes buscaban una orden de protección, para evitar testificar en el caso, porque temen auto-incriminarse”, precisó López.
Sin embargo, en uno de los documentos pertenecientes al expediente del caso con fecha 5 de mayo del 2016, al cual tuvo acceso DIARIO LAS AMERICAS, se observa que el alcalde López solicitó a la juez la reprogramación del juicio para el próximo mes de agosto, es decir dos meses después de la fecha prevista inicialmente, alegando que requiere de más tiempo para prepararse para el juicio.
López dijo en su declaración escrita que los comisionados realizaron nuevamente una moción en Corte, según el “para evitar testificar en el caso, y la vez alargar el proceso legal”.
La comisionada Llanios sostuvo que la administración del alcalde López, quiere tomar declaraciones a 13 personas entre ellos, a los siete comisionados del municipio. A su juicio, eso significará mucho dinero para la ciudad, lo cual resulta contradictorio teniendo en cuenta que López alega que las finanzas de la ciudad están prácticamente en bancarrota.
El conflicto
El alcalde López presentó la demanda contra los siete comisionados el pasado mes de enero, alegando que no lo dejan administrar. Es el argumento que el abogado Alan Kluger presentó, cuando aseguró que “la Comisión obstruye la labor del edil, viola el código de la ciudad, desestima la opinión del jefe del ayuntamiento y apuesta por un presupuesto que resultó desproporcionado”.
Por su parte, los comisionados interpusieron una contrademanda al alcalde López en la que argumentan la supuesta violación de las leyes municipales, así como que el edil desestima el presupuesto acordado por la Comisión, hasta provocar un déficit presupuestario debido a que entre otras cosas, contrata personal adicional con altos salarios que ocasiona un gasto adicional de un millón de dólares.
El abogado de la Comisión, Jesús Suárez, señaló en Corte que la aprobación del presupuesto no se ejecuta a discreción del alcalde, que “su obligación es cumplirlo porque la ley lo establece claramente”.
Tres meses después de haber asumido el cargo, en agosto del 2015, el alcalde de Sweetwater solicitó al Gobierno del Estado de la Florida declarar el estado de emergencia financiera en esa ciudad, luego de que la comisión rechazó un alza en la tasa de impuestos de 2.74 a un 4.5%.
Posteriormente, el alcalde López envió una carta al gobernador Rick Scott en la que expresa la “necesidad de la asistencia del Estado para resolver o prevenir una emergencia financiera”.
Hasta el momento, las autoridades estatales no se han pronunciado respecto a la solicitud de López de declarar emergencia financiera en Sweetwater.
Para este jueves está prevista una audiencia de emergencia en la Corte, en la que el abogado que representa a los comisionados solicitaría a la jueza, no extender el plazo hasta agosto tal y como lo ha solicitado el alcalde López.
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