Desalojo en La Pequeña Habana: cuatro historias marcadas por la incertidumbre

Ada Arminda Fiallos recibió así la noticia de que tendría que dejar el lugar donde ha vivido durante aproximadamente 25 años, en Silver Court Mobile Home Park, ubicado en la cuadra 3170 y la calle 8 del suroeste, en La Pequeña Habana.

No fue una reacción pasajera. Fue el golpe de entender que, a su edad, volver a empezar no es una idea abstracta, sino una amenaza inmediata, dice.

“Tengo algo de dinero, pero pensé: como ya estoy vieja, voy a pedirle ayuda al gobierno”.

La respuesta que encontró no la tranquilizó. “Ahora la situación es más difícil. Prácticamente me quedo sin hogar, con todas mis cosas”.

Desde entonces, ha intentado hacer lo único a su alcance: ahorrar, buscar un sitio, pensar cómo resolver. Pero cada posibilidad parece cerrarse antes de tiempo.

“Yo no le he pedido nada a nadie. Pienso que tengo que resolverlo por mi cuenta”. Aun así, reconoce que esta vez no puede sola. “Lo que necesitamos es apoyo para encontrar un lugar donde vivir”.

Con casi 90 años, incluso ha contemplado una posibilidad que nunca imaginó para sí. “He pensado en irme a un retiro”.

Su historia no se queda aislada. Forma parte de una comunidad de más de 200 familias que enfrenta la misma situación en un terreno donde los residentes son dueños de sus casas móviles, pero no del suelo que ocupan, una condición que los deja en una posición especialmente vulnerable.

Las notificaciones para abandonar el sitio fueron emitidas el 11 de marzo por Urban Group, firma que representa al propietario del lugar. El proceso establece varias fechas clave. Quienes salgan antes del 31 de mayo pueden acceder a incentivos económicos más altos. Luego, las cantidades se reducen progresivamente. El cierre total del desalojo está fijado para finales de septiembre de 2026.

“Nos trataron como si no importáramos”

Cristina Rodríguez no se detiene solo en la noticia, sino en la forma en que todo ocurrió.

“Fue algo doloroso. Empezamos a pagar el aumento en enero, luego en febrero y marzo, y en marzo nos envían el aviso de que tenemos que irnos para otro lado”.

Para ella, ahí está una de las contradicciones más duras de explicar.

“Si hubieran tenido consideración, nos habrían mandado una notificación con anticipación, al menos una carta diciendo: ‘Miren, se tienen que ir para tal fecha’. Pero no fue así”.

Su reproche no nace solo del apuro, sino de lo que considera una falta de respeto.

“Debieron tener en cuenta que somos seres humanos y avisarnos antes”.

Lleva trece años viviendo allí. En ese tiempo, asegura, no vio mejoras sostenidas ni atención a problemas básicos.

“El tema de la basura, del agua sucia, nunca hicieron nada. Nunca limpiaron”.

Por eso, cuando mira hacia atrás, no habla de una salida ordenada, sino de un proceso que la tomó por sorpresa.

“Nos trataron como si no importáramos, como animales, prácticamente nos sacaron a patadas”.

Cristina admite que todavía no tiene claro cuál será su próximo paso.

“No lo he pensado, no lo he analizado. Como personas mayores que somos, esto nos toma por sorpresa. Pero bueno, Dios nos va a ayudar”.

Lo que sí tiene claro es lo que le pide a las autoridades.

“Que nos den un poco más de tiempo, para poder planificarnos mejor y no salir así, de golpe”.

Cuentas que no cuadran

Floraliza Menéndez enfrenta la situación con números claros y con el impacto que ya se siente en su hogar. Iba camino a la oficina para entregar el pago de este mes con un money order que llevaba junto a su esposo Daniel.

“Esto es 972 dólares con 85 centavos. Si no paga la tierra, ellos dicen que le van a cobrar cinco dólares diarios”.

La pregunta le sale de inmediato.

“Si lo están sacando y están haciendo lo que les da la gana, ¿por qué tenemos que pagar la tierra?”.

En su caso, la presión se ha vuelto también física y familiar.

“Mira cómo está mi esposo con la migraña, porque esto es duro”.

A eso se suma la dificultad de encontrar una salida en el mercado actual.

“No tenemos para dónde irnos. Las rentas están muy caras: mil setecientos, dos mil dólares. Es demasiado”.

En Miami, donde los alquileres superan con facilidad los 1,600 dólares mensuales, las compensaciones ofrecidas no garantizan una reubicación estable, especialmente para quienes viven con ingresos limitados o cargan con años de arraigo en la misma comunidad.

Floraliza no endulza el diagnóstico.

“La gente con dinero compra y hace lo que quiere. No importa lo que uno haga o si pone una demanda, ellos van a ganar porque tienen dinero”.

Aun así, su pedido no se desvía.

“Le pido a las autoridades que nos ayuden, que nos den una mano. Con lo que uno gana no es suficiente, no alcanza”.

Papeles en mano

Victoria Díaz, desde su patio, no solo documenta lo ocurrido: lo muestra. Extiende los papeles que recibió y se detiene en uno de ellos para reconstruir la secuencia.

“El 11 de marzo vinieron con estos papeles avisando del desalojo”. Pero, a su juicio, la situación venía desarrollándose desde mucho antes.

“Desde el año 2021 nos han estado aplicando cobros. El dueño compró en ese año”. Señala uno de los avisos y explica qué ha venido observando.

“Nos están aplicando una cantidad por los taxes de esta tierra, algo que ahora estamos peleando. Y, además, en enero nos hicieron un aumento”.

Los avisos respaldan esa afirmación. Uno de ellos, emitido con 90 días de antelación, notificó que a partir del 1 de enero de 2026 el pago mensual del lote subiría y que el impuesto predial comenzaría a cobrarse de forma mensual. En uno de los casos mostrados por Victoria, el monto pasó de 894.40 a 966.82 dólares.

Entonces cuestiona la contradicción que ve en todo el proceso.

“Si querían vaciar esto, ¿por qué aumentaron el alquiler?”.

También describe como es insuficiente el programa de incentivos económicos asociado a la salida anticipada. La documentación indica que las mayores cantidades corresponden a quienes abandonen el lugar antes del 31 de mayo y se reducen en fechas posteriores. Se contempla además una compensación a través del Florida Mobile Home Relocation Trust Fund, aunque persisten dudas sobre el acceso real a esos fondos y su utilidad práctica.

Victoria va más lejos y pone nombre a la presión que siente.

“Esto es como un chantaje”. Explica por qué.

“Te piden un contrato de alquiler para darte el dinero, pero muchos dueños privados no hacen ese tipo de contratos, ni quieren”.

En medio de la incertidumbre, asegura que el impacto ya ha golpeado la salud de varias personas. “Tengo entendido que cuando llegó la noticia, una señora murió de un infarto. Otras han tenido que ser ingresadas por el impacto de la situación. Yo misma estoy a punto de colapsar”.

A la vez cuestiona las alternativas que se ofrecen como ayuda.

“Nos hablan de un programa que se llama Rain Connect, que supuestamente ayuda a las personas a ubicarse con propietarios”.

Pero, como explica, no todos pueden beneficiarse y tampoco hay claridad suficiente sobre su alcance real.

“Cuando revisas los requisitos, no todos califican. Y aunque haya fondos, no está claro quién realmente los recibe. Entonces uno se pregunta: ¿dónde está la ayuda? Porque, sinceramente, no parece suficiente”.

Después de 56 años en Estados Unidos, lo que busca no es extraordinario.

“Aunque tengo para dónde ir, yo quisiera poder rentar algo estable y no estar molestando a nadie. A todos nos gusta la independencia”.

Las historias no son iguales, pero se cruzan en un mismo punto.

Una mujer de casi 90 años que no sabe a dónde ir. Otra que reclama haber sido tratada sin consideración. Una familia golpeada por el estrés y por cuentas que no dejan de crecer. Y otra residente que expone, evidencia en mano, una situación que no le ofrece respuestas claras.

No hay coordinación entre ellas. No hay discurso armado. Pero sí hay coincidencia. “Que nos den más tiempo”, pide Cristina. “Necesito ayuda”, insiste Arminda. “Que nos den una mano”, reclama Floraliza. “Una extensión y más apoyo”, resume Victoria. Ese es el punto común.

DIARIO LAS AMÉRICAS se acercó a la oficina principal del parque de casas móviles e intentó obtener una reacción de los responsables de la comunidad. El personal que nos atendió declinó ofrecer declaraciones y solicitó información de contacto para canalizar la petición.

Horas más tarde, este medio recibió una nueva comunicación para coordinar una posible entrevista con el abogado Jorge Piedra, representante del propietario Urban Group. La parte expresó su disposición a participar en el reportaje y señaló su interés en que se refleje información precisa sobre las opciones disponibles para los residentes y el marco legal aplicable. La entrevista aún no se había concretado al momento de publicación.

También se realizaron gestiones para obtener comentarios de la senadora estatal Ileana García, sin respuesta hasta ese momento, aunque previamente ha ofrecido declaraciones a otros medios de prensa sobre el caso. En reportes anteriores se ha mencionado la intervención del comisionado de la ciudad de Miami, Ralph Rosado, representante del Distrito 4 que incluye el área, así como conversaciones sobre posibles extensiones de plazo y mecanismos de apoyo.

Mientras tanto, dentro de Silver Court, el tiempo no se mide en plazos oficiales. Se mide en llamadas sin respuesta, en recorridos en busca de alquileres que no aparecen, en cuentas que no cierran y en decisiones que ya no admiten espera. Y sobre todo en una idea que se repite, con distintas voces, pero con el mismo fondo: no saber a dónde ir y la necesidad de que un alma caritativa venga a ofrecer su mano.

CLAVES DEL DESALOJO

Ubicación

3170 SW 8 Street, Miami (La Pequeña Habana)

Afectados

Más de 200 familias

Notificación

11 de marzo de 2026

Fechas clave

31 de mayo: mayor compensación

Julio-agosto: reducción de montos

Septiembre: desalojo total

Pagos y cambios

Aumento aplicado en enero de 2026

Cobro mensual de impuesto predial

Compensaciones

Hasta $10.000 (salida antes de mayo)

Montos disminuyen en plazos posteriores

Programas mencionados

Florida Mobile Home Relocation Trust Fund

Rain Connect (reubicación)

Puntos en disputa

Cobros por “taxes”

Acceso real a ayudas

Falta de información clara

Lo que piden los residentes

Más tiempo

Opciones reales de vivienda

Orientación concreta

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