"El mejor testigo de mis clientes fue Omar Romay", dijo abogado de Caribevisión

Parte de la estrategia legal de la empresa Caribevisión Holding Inc. para probar que el presidente y fundador del canal de televisión América TeVé, Omar Romay, había actuado de mala fe e incumplido el contrato que los asociaba para apropiarse poco a poco de una parte mayoritaria del canal, fue atribuirle características de líder dictatorial.

Según aseguró en una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS Marcell Felipe, el abogado de los miembros directivos de Caribevisión, “el mejor testigo” para el caso de los demandantes fue el mismo acusado, quien testificó “de manera arrogante” a lo largo del juicio y admitió en varias ocasiones haber tomado decisiones importantes a espaldas de sus socios.

“No hizo sino contradecir todo lo que decía”, dijo Felipe, “Casi que no era necesario poner a otra persona de Caribevisión a testificar”, aseguró.

Según Felipe, el fallo del jurado del pasado lunes 2 de noviembre en el que se determinó que Romay, a nombre de America TeVé y tres de sus empresas, deberá pagar una indemnización  de casi 59 millones de dólares a Caribevisión, se debe a que los miembros del jurado entendieron que el acusado incumplió su contrato en repetidas ocasiones “por su propio beneficio personal”.

“El jurado fue notando un patrón en el que se le promete [a Caribevisión] participar en las decisiones de la compañía pero después adoptó medidas no como un presidente sino como un dictador. Como todos los dictadores, [Romay] promete una cosa, hace otra y luego justifica que tuvo que hacerlo ´por el bien de los demás´; pero el jurado no le creyó”, aseguró Felipe.

De hecho, ésta misma analogía fue utilizada por el abogado de los demandantes para presentar el caso frente al jurado, al principio del juicio.

La unión comercial entre ambas empresas se llevó a cabo en el año 2009, cuando se determinó que el nuevo grupo empresarial sería dividido en partes iguales, 50 por ciento para Romay y 50 por ciento para la directiva de Caribevisión. Sin embargo, también se determinó que Romay llevaría las riendas de la empresa como presidente y director de la junta directiva.

Felipe relató que durante el juicio se expusieron varias situaciones en las que Romay, actuando en representación del conglomerado de empresas, negoció el pago de deudas de millones de dólares con  compañías como Comcast y el Banco Santander. El abogado explicó que los resultados de estas negociaciones fueron perjudiciales para Caribevisión y positivas para las inversiones de Romay, ya que asegura, el empresario aprovechó del poder que le otorgaba su título para endeudar a sus socios y así poder hacerse cargo de porcentajes de sus acciones progresivamente.

Según indicó el abogado, estas acciones comenzaron sospechosamente en el 2011, poco después de que la Comisión de Comunicaciones Federal (FCC en inglés) anunciara que en unos años compraría las licencias de varias estaciones de televisión para venderlas a compañías de telefonía móvil; lo que elevaría el valor del canal considerablemente.

“Entonces, él empezó un plan para aumentar su porcentaje en la compañía y reducir el porcentaje de Caribevisión”, dijo el abogado Marcell sobre Romay.

Además de las disputas financiares que fueron presentadas ante la corte, se discutió una disputa física, en la que Romay expulsó a dos altos representantes de Caribevisión de las oficinas de America Tevé. Según Felipe, Romay argumentó que estas personas no tenían las capacidades necesarias para trabajar con él, aunque por contrato, Caribevisión tenía el derecho de colocar a sus representantes en la oficina.

“[Romay] les dijo: si no aceptan mi autoridad y lo que les exijo, se tienen que ir ya mismo”, relató el abogado. Luego, los llamó “terroristas” y amenazó con “diluir” sus acciones de la empresa “hasta el 15%”, agregó.

Ambas partes se encuentran a la espera de la sentencia final, que debería ser presentada éste miércoles por la magistrada Mónica Gordo. Aunque todo indica que la sentencia de la jueza será a favor de los demandantes, Romay podrá apelar la decisión. Sin embargo, explicó Felipe, para apelar la decisión de pagar los 59 millones de dólares, Romay tendría que presentar el mismo monto a la corte durante el tiempo que dure la apelación como fianza.

Marcell aseguró que aunque el proceso legal posiblemente continúe por un tiempo, sus clientes harán todo lo posible por cobrar el monto tan pronto sea posible, lo que probablemente signifique tomar el grupo empresarial por completo.

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