Enmienda 3 enfrenta a gobiernos locales con DeSantis por impuesto a la propiedad

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, tomó las riendas de una campaña contra la iniciativa junto con funcionarios municipales y del condado bajo el argumento de que la aprobación de la iniciativa podría obligar a revisar presupuestos de policía, bomberos, transporte, parques, bibliotecas y programas extraescolares, en otros.

La propuesta elevaría de 50.000 a 150.000 dólares la exención tributaria aplicable a las viviendas principales desde enero de 2027. Un año después, el beneficio alcanzaría los 250.000 dólares y posteriormente quedaría sujeto a ajustes por inflación. La rebaja no afectaría los impuestos destinados a los distritos escolares.

Para entrar en vigor, la iniciativa deberá obtener al menos 60% de los votos en las elecciones del 3 de noviembre.

Advertencias desde Miami-Dade y Broward

Levine Cava calificó la propuesta de “engañosa” porque, según argumentó, reduce los ingresos sin eliminar los costos de los servicios. También afirmó que los municipios podrían recurrir a otras tarifas o gravámenes, una posibilidad que afectaría a inquilinos y pequeños negocios que no recibirían directamente la exención.

La comisionada de Broward Alexandra Davis calculó pérdidas cercanas a 200 millones de dólares durante el primer año y superiores a 340 millones en el segundo. Entretanto, la alcaldesa electa de Pinecrest, Shannon del Prado, estimó que esa localidad dejaría de percibir aproximadamente 15 millones durante los primeros cinco años.

Un análisis fiscal legislativo citado durante el debate sitúa la posible disminución de los ingresos de los gobiernos locales de Florida en 4.600 millones de dólares durante el primer año y 8.400 millones en el segundo.

Sin embargo, esas cifras representan proyecciones y el efecto final dependería del valor de las propiedades, las tasas aplicadas y las decisiones presupuestarias de cada jurisdicción.

DeSantis rechaza las advertencias

DeSantis defiende la medida como una respuesta al aumento de las facturas tributarias asociado con la valorización de los inmuebles. El gobernador asegura que aproximadamente 92% de los propietarios recibiría algún alivio y tilda de alarmistas las advertencias sobre eventuales recortes.

El mandatario también sostiene que ciudades y condados recaudan actualmente mucho más por concepto de impuestos inmobiliarios que hace siete u ocho años.

El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, comparte esa posición y afirma que reducciones tributarias anteriores no provocaron la desaparición de servicios esenciales.

El debate enfrenta dos preocupaciones legítimas: el peso creciente de los impuestos para los propietarios y la dependencia de los gobiernos locales de esos recursos.

Los votantes deberán decidir si la reducción prometida justifica el riesgo presupuestario señalado por alcaldes y comisionados, o si las administraciones cuentan con margen suficiente para absorber el impacto sin deteriorar la atención pública.

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