Exembajador denuncia "conspiración" para cobrar demanda millonaria

MIAMI.- De “conspiración para acusar y condenar a un inocente” calificó Armando Valladares Pérez, exembajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el proceso judicial que se siguió contra Flavio Santisteban, quien cumple una condena de 17 años en un correccional de Florida, por un accidente ocurrido en el Turnpike, en el año 2005, en el que murieron cuatro personas y el implicado sufrió quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo.

Las aseveraciones de Valladares-Pérez, que cuestionan la transparencia y eficacia con que se manejó este caso en la fiscalía del condado Broward, fueron sustentadas con una serie de documentos que mostró y compartió con DIARIO LAS AMÉRICAS, los cuales califica como “evidencias desestimadas” en el proceso que terminó con la condena de Santisteban, en un primer momento sentenciado a 36 años de cárcel, a partir de las valoraciones del juez que empleó una simbología de la religión judía para emitir su veredicto, teniendo en cuenta, según su alegato, el origen de los fallecidos. Posteriormente, en una revisión de la sentencia, otro juez redujo la condena de Santisteban a 17 años.

Una de esas pruebas presentadas por el activista de derechos humanos, consiste en la copia del reporte realizado por el oficial de la Florida Highway Patrol (Policía de Carreteras de la Florida) que atendió el caso a las 10:59 de la noche del 11 de febrero de 2005, y quien firmó el documento como “Trooper O. E. Álvarez”, con el distintivo o badge número 0141/0479, según se lee en el documento.

“Cuando ya va a empezar el juicio [contra Santisteban], apareció un informe de policía distinto al original y entonces la mujer drogada [bajo el efecto de medicamentos], que iba conduciendo [según el nombre que muestra el primer reporte], “la sientan atrás”, y aparece como pasajera. Pero fueron muy torpes en la falsificación de ese nuevo informe policíaco, porque con un bolígrafo, bajan la velocidad de 65 [que se observa en el reporte original del accidente] a 35 MPH”, describe Valladares.

El exdiplomático mostró el que conserva y asegura es “el reporte original”, en donde figura una persona de nombre Deborah M. Klein como conductora del vehículo marca Ford, del año 2003, que colisionó contra el camión cisterna cargado de gasolina, manejado por Santisteban, hecho que provocó el incendio que desencadenó la muerte de los cuatro ocupantes del automóvil y que le causó quemaduras de consideración al chofer de origen cubano.

“El Highway Patrol se presenta la noche del accidente, levantó todas las actuaciones, y cuando realizan las investigaciones encontraron que la mujer que venía manejando el automóvil, la chófer [Deborah M. Klein], tenía cuatro barbitúricos en sangre [según el reporte forense]; uno solo ya la limitaba de conducir”, afirmó el activista por los derechos humanos.

Para sustentar su aseveración, Valladares-Pérez exhibió otro documento que recoge el resultado de las pruebas toxicológicas practicadas a Deborah M. Klein, en donde aparecen los nombres de las drogas controladas que estaban en el sistema de esta señora: benzodiazepines, diasepam, nordiazepam y temazepam. El reporte toxicológico aparece firmado por los médicos Qiyuan Peng y Eroston Price.

En sus declaraciones, Valladares describió y mostró documentos que respaldan sus aseveraciones sobre posibles modificaciones sustanciales en el “segundo reporte” [policial presentado en juicio].

En este documento “modificado” en la casilla donde aparece el nombre del conductor del vehículo siniestrado figura el nombre de Gloria M. Halpern, con sus datos personales, mientras que la velocidad a la que circulaba el automóvil, en comparación con el “primer reporte”, se muestra en 35 MPH, con una presunta corrección hecha a mano. El resto del documento “se parece al original, pero no lo es”, apuntó Valladares-Pérez.

El exembajador asegura que cuando hizo esa denuncia, “inmediatamente apareció otro informe policíaco con un nuevo chofer, es decir, un tercer informe, donde ya sí, en computadora, ponen el número 65 MPH de la velocidad”. En ese “tercer reporte” se establece que el automóvil era conducido por Alan B. Klein, incluyendo sus datos personales, y el resto del documento es aparentemente igual a los dos anteriores.

“Es decir, ese automóvil estuvo manejado en el mismo momento por tres personas diferentes. Sin embargo, finalmente estas pruebas no fueron tenidas en cuenta dentro del proceso porque no podía quedar en evidencia que la conductora real, Deborah M. Klein, estaba drogada y que un mismo documento oficial había sido falsificado no se sabe por quién, [presuntamente, teniendo en cuenta el lugar donde estaba siendo llevado el proceso] en la fiscalía de Broward”, aseguró.

Valladares-Perez asegura que en este caso se “falsificaron, ocultaron y fabricaron evidencias”. Asimismo, denuncia que “desaparecieron testimonios cruciales, porque en este proceso tenía que haber un culpable para que la familia de las personas que murieron recibieran alrededor de 50 millones de dólares, de una compañía de seguros”.

Al mismo tiempo que hacía estas denuncias, Valladares admitió: “Siento miedo por esta situación, hay mucho dinero en juego. Los que han sido capaces de falsificar todos estos documentos para tratar de incriminar a Flavio [Santisteban], hacen parte de un aparato poderoso y temo que hagan algo contra mí”, alertó.

“Víctima de un complot”

A través del teléfono de Valladares-Pérez, DIARIO LAS AMÉRICAS y nuestro socio informativo TELEMUNDO 51 lograron comunicarse con Flavio Santisteban, quien mantiene una huelga de hambre indefinida, desde el pasado 28 de agosto, en el Correctional Institution Everglades, en Florida.

“Soy víctima de un complot para estafar a una empresa de seguro federal por 50 millones de dólares”, denunció el reo.

Y dijo también: “A pesar de que ellos se tardaron tres años tratando de armar su andamiaje, su teatro, no pudieron encontrar lo más mínimo que me inculpara”.

“La huelga la voy a mantener todo el tiempo hasta que los federales se comprometan a investigar mi caso. Yo no estoy pidiendo que lo revisen, yo estoy pidiendo que lo investiguen; que se sepa cómo se manejó mi caso y cómo me inculparon siendo yo inocente”.

“Le pido a los federales que investiguen para que prueben mi inocencia, que es lo que llevo ocho años tratando de demostrar. Yo no hice nada para provocar ese accidente. De hecho, yo tengo las pruebas de que el carro me dio por detrás; yo tengo la foto y otras evidencias”, añadió.

Al preguntarle cómo se siente en prisión bajo el argumento de que es “inocente”, Santisteban dijo: “Yo no sabría explicar eso, es muy duro. No tengo la palabra correcta. Ocho años de estar aquí sabiendo que no soy culpable. No es amargura, porque creo que yo no me haya amargado en este tiempo. Es un dolor interno, algo muy duro. A veces me acuesto en mi cama y pienso ¿por qué yo estoy aquí?”.

Santisteban anotó que “el caso criminal mío se demoró más de tres años y el caso civil no se había cerrado esperando que el caso criminal terminara. ¿Qué tiene que ver un caso con el otro? ¿Por qué no se cerró antes el caso civil? La respuesta es sencilla: porque ellos necesitaban que yo fuera culpable en los dos juicios porque, de lo contrario, el seguro no iba a pagar el dinero”.

Pocas opciones

Consultado por DIARIO LAS AMÉRICAS, el abogado Bryant Camareno, quien defiende la causa de Santisteban, dijo que una de las pocas opciones que le quedan a su cliente es recurrir a la Justicia federal para que revisen la actuación de la fiscalía de Broward y los fallos de los jueces que conocieron del caso.

“La última apelación que hicimos era argumentando que los [primeros] abogados [de Santisteban] hicieron un mal trabajo, y la ley dice bajo la regla 3.8.5.0 que si un abogado fue inefectivo en su trabajo, el juez debe cambiar la condena, pero esta moción no fue aceptada por el juez”, argumentó Camareno.

El letrado admitió que es “muy difícil” que una Corte federal asuma un caso estatal, y señaló también que “hay que seguir insistiendo en las irregularidades cometidas por la fiscalía y los jueces en este caso si queremos lograr el resultado que queremos”.

Dijo que, basado en su experiencia, una de las principales “irregularidades” consistió en el cambio “a última hora” de la jueza Mily Rodríguez-Powell, que llevaba el caso civil, por el mismo juez de la parte criminal, Jeffrey E. Streitfeld, quien dictó la primera sentencia por 36 años contra Santisteban “apelando a una cábala del judaísmo”.

“En mis 21 años de experiencia, yo nunca había visto algo similar, sin ningún aviso previo. Sí pueden cambiar jueces, pero siempre se hace con previo aviso”, subrayó el abogado de Santisteban.

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