MIAMI.- JOSÉ PERNALETE
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Exigen en Miami a Obama agregar funcionarios venezolanos a lista de sancionados
La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen reclamó la inclusión de quienes han violado los derechos humanos
La sentencia contra el dirigente opositor venezolano Leopoldo López continúa desatando reacciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. Nuevamente la congresista Ileana Ros-Lehtinen se refiere a esta decisión pero enfilando sus palabras hacia la Casa Blanca.
En rueda de prensa en Doral, la representante del distrito 27 de Florida criticó a Barack Obama por no incrementar en número de personas sancionadas por Estados Unidos, tras la firma del decreto de ley Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act en marzo de 2014.
"Le recordamos a la administración de Barack Obama que han pasado 190 días y sólo han sancionado a siete personas [...] acá le enviamos una carta con intenciones bipartidistas para que ingrese a otros funcionarios de ese gobierno que viola los derechos humanos", declaró.
La congresista suscribió una carta, junto a 20 representantes de Florida, Texas, New Jersey, California, Arizona, tanto republicanos como demócratas. La misiva va dirigida a los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos y destaca la mención de otros cinco nombres de responsables de abusos contra la sociedad civil venezolana.
Las personas sugeridas por el grupo bipartidista son:
-Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República
-William Hernández Aquino, Jefe de Investigaciones de la Dirección de Inteligencia Militar
-Susana Barreiros, jueza del circuito judicial de Caracas
-Narda Sanabria, fiscal del Ministerio Público
-Franklin Nieves, fiscal del Ministerio Público
"Sus acciones tienen consecuencias [...] hemos entregado evidencia de cuando le estaban dando palo a los estudiantes, a los que mataron cuando protestaban en la calle, ¿qué más hay que esperar para sancionarlos?", increpó la congresista.
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Por otra parte, advirtió que lo que ha pasado con Leopoldo López es "solo un ejemplo de lo que sucede con los presos políticos en Venezuela, no se puede decir que eso fue un juicio imparcial, más bien ya estaba destinado a contar con una condena".
También cuestionó la falta de presión por parte de los gobiernos latinoamericanos, "¿dónde están los líderes de Latinoamérica?".
La iniciativa de agregar más personas a la lista de sancionados es compartida con la organización Independent Venezuelan American Citizens, IVAC. El presidente de la asociación, Ernesto Ackerman, criticó la tardanza en que se aplicó la medida y su posterior letargo ante la falta de inclusión de otros acusados por delitos contra la sociedad civil.
"¿Son sólo siete los sancionados o van a ser más? [...] dos millones y medio de venezolanos que estamos nacionalizados [con poder de voto] en Estados Unidos vamos a estar pendiente de lo que pueda hacer el presidente Obama", alertó.
Entretanto, el alcalde de Doral, Luigi Boria, se comprometió a denunciar la situación de desprotección de los desplazados en la frontera de Venezuela con Colombia tras el cierre limítrofe decretado por Maduro.
"Queremos dar a conocer este grave hecho ante la Conferencia de Alcalde de Estados Unidos, donde se representan más de 19.000 ciudades de este país y una vez que se llega a un acuerdo se presenta ante el Congreso para luego entregarlo en la Casa Blanca', explicó el funcionario.
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