MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, se alineó con la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y demás demandantes en un litigio federal que busca eliminar el período de espera de tres días para la mayoría de las compras de armas en el estado.
Florida avanza hacia fin de la espera para comprar armas entre advertencias sobre violencia armada
El fiscal Uthmeier presentó una propuesta de fallo que declararía inconstitucional la espera de tres días. Demócratas y organizaciones advierten que eliminación de la medida elevaría muertes por armas de fuego
El funcionario presentó ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida una propuesta de fallo que declararía inconstitucional ese requisito, por considerar que vulnera la Segunda Enmienda.
Concesión que evita juicio
Uthmeier, quien representa al estado en el caso conocido como Dunn contra Glass, declinó defender la norma y en su lugar pidió a la corte que la anule.
La propuesta de fallo, presentada de manera conjunta con los demandantes, plantea que el estado reconozca la inconstitucionalidad de la espera y deje de aplicarla, mientras los requisitos de verificación de antecedentes permanecerían vigentes.
“Aquí en Florida no vamos a violar la Segunda Enmienda”, afirmó el fiscal en una rueda de prensa. “Son derechos importantes. Los fundadores la colocaron en el número dos, creo, por una buena razón”.
La demanda, interpuesta en agosto de 2025, fue promovida por la NRA junto con tiendas de armas y compradores particulares, que sostienen que las disposiciones del período de enfriamiento no se ajustan a la tradición histórica de regulación de armas del país y resultan inconstitucionales.
El giro del fiscal se produce después de fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos que ampliaron las protecciones para los propietarios de armas.
El requisito ha sido durante años objeto de quejas por parte de compradores y comerciantes de armas, que lo describen como una demora arbitraria que obliga a regresar a la tienda días después incluso cuando la verificación de antecedentes se aprueba de inmediato.
Su eventual eliminación, no obstante, despierta preocupación entre organizaciones de seguridad pública, que ven en esa pausa una salvaguarda frente a decisiones impulsivas.
Una norma nacida en las urnas
El requisito se remonta a 1990, cuando los votantes de Florida aprobaron una enmienda constitucional que estableció una espera de tres días para la compra de pistolas.
La medida pasó con más del 84 % de los votos. Casi tres décadas después, tras el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, los legisladores ampliaron la exigencia a rifles y escopetas.
La ley contempla excepciones para titulares de licencias de porte oculto, permutas de armas y algunos cazadores, y se aplica sobre todo a las ventas minoristas.
En paralelo a este caso, Uthmeier declinó recientemente impugnar un fallo que habilitó el porte abierto de armas en Florida, un cambio que los legisladores habían resistido durante años.
Rechazo demócrata y advertencias
La líder de la minoría demócrata en el Senado estatal, Lori Berman, calificó de profundamente preocupante que el fiscal optara por terminar con el requisito en lugar de defenderlo.
“Creo que es una dejación de sus funciones como fiscal general”, expresó. “El fiscal intenta deshacer lo que los ciudadanos del estado, así como los legisladores, han hecho, y esto está mal”.
Por su parte, Tanya Schardt, asesora principal de la organización Brady contra la violencia armada, advirtió que la supresión de la espera derivaría en más muertes.
“Cuando se crea esa barrera de tiempo, se genera una oportunidad para que alguien quizá cambie de opinión y no realice esa actividad”, señaló.
Entretanto, Andrew Morral, investigador de políticas sobre armas de la corporación RAND, coincidió en que la evidencia respalda esas medidas.
“Hemos revisado varios estudios y concluido que el respaldo a los períodos de espera es moderadamente sólido, que parecen reducir los suicidios con armas de fuego y el total de homicidios”, indicó.
La causa quedó en manos del tribunal federal, que debe pronunciarse sobre la propuesta conjunta.
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