Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

La norma, pieza importante de un paquete de reforma electoral aprobado por el Congreso estatal controlado por los republicanos con 77 votos contra 28 en la Cámara y 27 contra 12 en el Senado, busca reforzar la verificación de ciudadanía vinculada al registro de votantes.

Minutos después de la firma, dos coaliciones de organizaciones de derechos civiles presentaron sendas demandas federales por considerar que la medida violaría la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Qué establece la ley

La legislación ordena que los documentos oficiales de identificación muestren de forma visible si el titular es ciudadano de Estados Unidos. Quienes no posean la ciudadanía portarán la marca “NC” (no ciudadano) en el anverso de sus licencias, independientemente de que cuenten con residencia legal permanente u otro estatus migratorio regular.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) compartirá semanalmente datos de ciudadanía con la Secretaría de Estado para cruzarlos con los registros del padrón electoral.

El cambio no será retroactivo ni inmediato. Las licencias vigentes mantendrán su validez hasta su fecha de vencimiento y la transición se producirá de forma gradual, conforme cada residente solicite una nueva licencia, renueve la existente o pida un reemplazo.

Además de modificar las identificaciones, la ley elimina las credenciales estudiantiles y las tarjetas de comunidades de retiro como documentos válidos para votar, y exige que los votantes declaren bajo juramento su condición de ciudadanos estadounidenses, con sanciones penales en caso de falsedad.

Según datos oficiales, más del 90 % de los residentes de Florida ya posee una identificación compatible con el sistema REAL ID: hasta enero, 20.6 millones de habitantes contaban con una licencia que cumple los requisitos federales, mientras que 872.408 no la tenían.

Los defensores de la ley utilizan esta estadística para argumentar que la mayoría de la población no se verá afectada por los nuevos requisitos.

DeSantis y los republicanos

El gobernador DeSantis presentó la norma como una herramienta para blindar la integridad del proceso electoral del estado.

“Nuestra Constitución en el estado de Florida dice que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en nuestras elecciones, y debemos asegurarnos de que eso sea la ley”, declaró.

El mandatario también defendió la exclusión de las credenciales universitarias como documento válido para votar, al señalar que una identificación estudiantil acredita la condición de alumno, no la de residente ni ciudadano del estado.

La senadora republicana Erin Grall, patrocinadora de la versión del Senado, argumentó que las elecciones de Florida no se mantienen seguras sin atención constante a las posibles brechas de fraude.

Reacción de los demócratas

Entretanto, legisladores demócratas manifestaron una oposición frontal. El senador Shevrin Jones, demócrata por Miami Gardens, presentó una enmienda —rechazada en la votación— para mantener las identificaciones estudiantiles y de comunidades de retiro como documentos aceptables para votar.

Jones advirtió que la exclusión de esos documentos producirá un efecto disuasorio sobre el voto juvenil.

“¿Cuándo los estudiantes se convirtieron en el enemigo? Puedo imaginar una larga fila de estudiantes que van a votar con sus credenciales y son rechazados. No van a volver. No van a corregirlo”, planteó la senadora demócrata LaVon Bracy Davis, de Ocoee, durante el debate legislativo.

Los críticos sostienen que la ley es innecesaria, dado que la legislación federal y estatal ya prohíbe el voto de personas que no posean la ciudadanía, y que el número de casos detectados (198 de más de 13 millones) no justifica la magnitud de las restricciones impuestas.

Apenas minutos después de que DeSantis estampara su firma, dos demandas federales fueron presentadas en tribunales del sur y el norte de Florida.

Ambas demandas alegan que los requisitos de prueba documental de ciudadanía violan la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución al imponer cargas indebidas sobre el derecho al voto. Los demandantes solicitan al tribunal que bloquee la aplicación de la ley antes de su entrada en vigor en 2027.

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