La medida otorga al gobernador y al Gabinete estatal el poder de etiquetar a grupos como terroristas, disolver sus operaciones y cortar su financiamiento público
El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
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FLGOVMIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley HB 1471, que faculta al estado para designar a grupos como organizaciones terroristas nacionales o extranjeras, en una ceremonia celebrada en el campus de la Universidad del Sur de Florida, en Tampa.
La medida, aprobada por la Cámara de Representantes con 80 votos a favor y 25 en contra, y por el Senado con 25 contra 11, responde a una orden ejecutiva emitida en diciembre con la que el mandatario republicano declaró terroristas al Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR) y a la Hermandad Musulmana, una decisión que un juez federal bloqueó en marzo por considerar que violaba derechos constitucionales.
“Para defender el estado de derecho, nuestro estado debe operar bajo un único sistema legal, la Constitución debe seguir siendo la ley del país y debemos defender nuestras instituciones de quienes pretenden perjudicarnos, especialmente de las organizaciones terroristas que buscan infiltrarse y subvertir nuestro sistema educativo”, declaró DeSantis.
La nueva legislación establece que el jefe de Seguridad Nacional del estado —cargo que ocupa el comisionado del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), Mark Glass— podrá proponer la designación de un grupo como organización terrorista.
La decisión final recaerá en el gobernador y los otros tres miembros electos del Gabinete: el fiscal general, el director financiero y el comisionado de Agricultura, de acuerdo con la legislación.
En el caso de organizaciones extranjeras, el estado solo podrá actuar contra aquellas que ya figuren en la lista federal de grupos terroristas. Para las organizaciones nacionales, la designación procederá cuando el grupo participe en lo que la ley define como "actividad terrorista" y represente una amenaza continua para Florida o para Estados Unidos.
Una vez que un grupo reciba la etiqueta de organización terrorista, las autoridades podrán ordenar su disolución y cortarle todo financiamiento estatal a través de distritos escolares o agencias gubernamentales.
A partir de ese momento, el apoyo material, ya sea dinero, armas o entrenamiento militar a una organización designada pasará a constituir un delito grave (felonía).
La norma también alcanza al ámbito universitario: las instituciones de educación superior deberán expulsar a los estudiantes que demuestren apoyo a grupos designados y reportar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el estatus migratorio de aquellos que se encuentren en el país con visa.
Además, la ley prohíbe que los tribunales de Florida apliquen disposiciones de leyes religiosas o extranjeras, una cláusula dirigida de forma explícita a impedir la aplicación de la ley islámica conocida como ‘Sharia’.
DeSantis defendió la medida como la acción más contundente adoptada por Florida para proteger a sus ciudadanos. En su intervención, aseguró que la ley servirá para resguardar a la población y el dinero de los contribuyentes frente a amenazas que, según él, no deberían tener cabida en Estados Unidos.
A su vez, el vicegobernador Jay Collins fue más allá y advirtió que el estado perseguirá, desfinanciará y disolverá a quienes no compartan los valores de Florida.
Por su parte, la congresista republicana Hillary Cassel, patrocinadora de la iniciativa, calificó de cómplices del terrorismo a quienes votaron en contra del proyecto.
Las críticas no se hicieron esperar. Hiba Rahim, directora ejecutiva de CAIR-Florida, denunció que su organización ya fue señalada de forma injusta por el gobernador y calificó el nuevo marco legal como una herramienta defectuosa que puede servir para atacar a cualquier organización que se atreva a disentir.
CAIR, el mayor grupo de derechos civiles musulmanes del país, mantiene abierta una demanda judicial contra la orden ejecutiva de diciembre.
Entretanto, PEN America, organización defensora de la libertad de expresión, alertó que el “lenguaje vago” de la ley podría restringir programas educativos y apuntar contra estudiantes que protesten o critiquen a funcionarios estatales.
William Johnson, director de PEN America en Florida, señaló que la norma podría inhibir la educación en todos los niveles. La representante del capítulo estatal, Sophia Brown, afirmó que el verdadero propósito de la medida es infundir miedo para silenciar las voces disidentes.
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