Legisladores de Florida enmiendan plan de DeSantis para recortar impuesto a la propiedad

Los comités de Asuntos Estatales de la Cámara y de Asignaciones del Senado, ambos controlados por republicanos, enmendaron los proyectos HJR 3F y SJR 4F durante una sesión especial en Tallahassee con el fin de excluir del recorte a los distritos escolares y limitar el impacto fiscal sobre las ciudades y condados, antes de las votaciones en pleno previstas para el martes.

La propuesta, eje de la agenda de DeSantis en su último año de mandato, plantea elevar la exención del impuesto a la propiedad sobre la vivienda principal —conocida como homestead exemption— de los actuales 50.000 dólares a 150.000 en 2027 y a 250.000 en 2028.

Tras la enmienda, el aumento no se aplicará a los gravámenes que financian a los distritos escolares, una concesión que reduce sustancialmente el impacto sobre la educación pública. Antes de los cambios, los gobiernos locales proyectaban una pérdida conjunta de 8.400 millones de dólares anuales en ingresos.

Alcance de la enmienda

Los comités también introdujeron otros ajustes técnicos. El proyecto reducirá el actual tope del 10 % en los aumentos anuales del avalúo para propiedades no homestead, que incluye viviendas vacacionales, inmuebles de inversión y propiedades comerciales.

Además, restringirá el uso de los impuestos a la propiedad a servicios esenciales como bomberos, policía, manejo de aguas pluviales, educación, infraestructura y oficinas constitucionales.

Los legisladores eliminaron también una disposición original del gobernador que creaba un fondo fiduciario estatal para asistir a condados rurales pequeños con menor base tributaria.

Advertencias desde gobiernos locales

Las asociaciones que representan a las ciudades y condados del estado expresaron preocupación durante las audiencias. Jeff Scala, subdirector de la Florida Association of Counties, calificó el plan como un giro sin precedentes en la estructura fiscal del estado y aseguró que sus consecuencias no han sido cuantificadas.

“Es un cambio histórico. Las ciudades podrían quebrar y los condados podrían verse obligados a fusionarse. Nadie lo ha modelado”, advirtió Scala ante el Comité de Asignaciones del Senado.

Entretanto, Charles Chapman, consultor legislativo de la Florida League of Cities, sostuvo que el recorte trasladará la carga fiscal a otros sectores en lugar de eliminarla.

“Esto en realidad no es un alivio tributario. Terminará por convertirse en un desplazamiento del impuesto, donde los costos no desaparecen. La carga recaerá sobre los negocios y los inquilinos, porque las tarifas, los gravámenes y tasas de millaje más altas sobre las propiedades no homestead podrían reemplazar el beneficio fiscal”, dijo Chapman.

Reacción demócrata

La líder de la minoría demócrata en la Cámara, Fentrice Driskell, de Tampa, sostuvo que la propuesta carece de mecanismos de protección para los inquilinos y que provocaría un aumento de tarifas locales.

Por su parte, la representante Lori Berman calificó la sesión especial de 72 horas como un ejercicio precipitado para reescribir la estructura económica del estado y estimó que el condado de Palm Beach podría perder más de 500 millones de dólares si la medida se aplica en su totalidad.

Los demócratas propusieron como alternativa créditos para compradores de primera vivienda, una suspensión del impuesto a la gasolina y un tope a las tarifas de seguros, iniciativas que no fueron incluidas en la agenda.

Defensa del gobernador

En respuesta, DeSantis rechazó las advertencias sobre el impacto en los servicios locales y argumentó que la recaudación del impuesto a la propiedad ha crecido de forma desproporcionada en la última década.

Según datos divulgados por su oficina, los ingresos estatales por ese gravamen pasaron de 32.000 millones a 60.000 millones de dólares en siete años y podrían alcanzar 83.000 millones para 2032 sin reforma.

“Por supuesto que podemos hacer esto. Por supuesto que sí. No dejen que nadie les diga que no se puede”, declaró el gobernador en defensa de la iniciativa.

El presidente del Senado, Ben Albritton, respaldó la convocatoria y afirmó que los floridanos coinciden en la necesidad de reducir la carga tributaria sobre la vivienda. Una encuesta primaveral de la Universidad Stetson registró un 77 % de respaldo a la idea, con 85 % entre republicanos y 68 % entre demócratas.

Si la Legislatura aprueba el proyecto este martes con el respaldo de tres quintas partes en cada cámara, la enmienda constitucional aparecerá en la boleta de noviembre. Allí necesitará el 60 % del voto popular para entrar en vigor.

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