Ley y poder se enfrentan por distritos electorales de Florida

A la hora de acceder al entramado del presente análisis es clave no perder el origen de la polémica. El gobernador DeSantis llama a una sesión extraordinaria en Tallahassee para remediar un asunto que su administración considera inconstitucional.

La razón

“Tenemos la responsabilidad de producir mapas [electorales] para nuestros ciudadanos, que no contengan manipulaciones raciales inconstitucionales”, afirmó DeSantis al vetar el mapa, que según su consideración viola la Constitución de los EEUU.

Luego, en un documento dirigido a la secretaria de estado, Laurel Lee, DeSantis explicó por qué considera que la redistribución aprobada por los legisladores no cumplía con la constitución federal.

“Tal como se presenta en distintos mapas propuestos por la legislatura, [el dibujo] del Distrito 5 del Congreso viola la Cláusula de Igualdad de Protección de la 14ta. Enmienda de la Constitución de la nación.

Más adelante apuntó que comprendía que el Congreso estatal había puesto todo su empeño en cumplir con la Constitución de Florida, pero que esa voluntad no la exonera de su deber de cumplir con la Constitución de los EEUU.

“Cuando la Constitución de los EEUU y Florida entran en conflicto, debe prevalecer la Constitución de los EEUU, en consecuencia, veto los [proyectos de ley] CS/SB 102”, sostuvo el DeSantis.

Jurisprudencia

Pero fue Ryan Newman, el consejero general de la oficina ejecutiva del gobernador quien, en una carta dirigida a su jefe, explicó en qué se sustenta el veto y basó sus argumentos en ejemplos que sentaron jurisprudencia.

Newman hizo referencia al caso Miller vs. Johnson en 1995, cuando la Asamblea General de Georgia creó el Distrito 11, que se extendía desde Atlanta hasta la costa del océano Atlántico, con el propósito de que la mayoría de los votantes fueran personas de raza negra, pero el resultado fue el surgimiento de un distrito dispar, carente de comunidad que fue llevado a los tribunales.

El otro ejemplo es el caso conocido Shaw vs. Reno de 1993, en el que unos votantes retaron el mapa de redistribución aprobado por el Congreso de Carolina del Norte. Al respecto, la Corte Suprema dictaminó que los distritos electorales cuyos límites no pueden explicarse excepto en función de la raza, pueden impugnarse como violaciones potenciales de la cláusula de igual protección.

Interés racial

Más adelante, la oficina del gobernador sostuvo que durante el proceso de diseño del distrito 5 el objetivo del Congreso estatal no fue lograr satisfacer el interés estatal. En la primera versión “el distrito 5 se extiende aproximadamente 200 millas, de Este a Oeste, y atraviesa ocho condados para conectar una población minoritaria en Jacksonville con otra minoritaria en León y Gadsden. El distrito no es compacto, no se ajusta a los límites políticos y geográficos usuales, excluye poblaciones que no son minoritarias y no hay duda de que la raza fue el factor predominante”.

Asimismo, reconoce que en la segunda versión se logra un mapa más compacto. Sin embargo, “el resultado es que el distrito 4 queda como una especie de dona rodeando casi completamente al distrito 5. La razón de esta configuración inusual es el deseo de maximizar la población afroamericana con derecho al voto, según confirmó el presidente del Comité de Redistribución de Distritos de la Cámara de Representantes.”

La administración de DeSantis concluyó que los legisladores creyeron que la Constitución de Florida esperaba que ellos aseguraran un asiento para la minoría negra en el norte de Florida”, por lo que presuntamente violaron la Constitución de la nación.

Ley del derecho al voto

Por otra parte, la oficina del gobernador dijo que tampoco se justificaba dibujar el distrito en cuestión amparado en la histórica ley, conocida como Ley de Derecho al Voto o Voting Rights Act, VRA.

Esta ley, aprobada en 1965, vetó las prácticas discriminatorias dentro de la legislación de EEUU y prohibió diseminar a las minorías entre los distintos distritos para que fueran insuficiente a la hora de elegir a sus candidatos preferidos. Una práctica conocida como gerrymandering racial o proceso de dibujar radicalmente los distritos con el objetivo de perpetuar el poder establecido.

Distritos de minorías mayoritarias

Con el objetivo de que las minorías pudieran tener representación, la ley VRA permitió crear los llamados distritos de minorías mayoritarias en los cuales la mayoría de la población con derecho al voto pertenece a una minoría. De esa forma dicha minoría es capaz de elegir a sus candidatos preferidos.

Según la oficina del gobernador DeSantis, en el caso del distrito 5 “no se cumple con dicho acápite legal porque [el área que cubre] la primera propuesta de mapa, la minoría solo constituye el 35,2% de los electores y en la segunda el 43.48%”.

Dos males no hacen un bien

El tema se complica cuando, en la sesión especial, es la oficina del gobernador la que ofrece al Congreso estatal el rediseño de los mapas, para que los legisladores los “revisen y sí de están de acuerdo lo aprueben”.

La ley federal establece que cada 10 años, tras recibir los datos del censo nacional, los legisladores deben confeccionar nuevos distritos electorales, de acuerdo con el crecimiento o merma de la población, según el caso. Un proceso cuyo objetivo es mantener el equilibrio en la representación directa de los ciudadanos.

En Florida, la competencia para rediseñar los mapas recae en el Congreso estatal. Es decir, en el poder legislativo. El gobernador, que representa al poder ejecutivo, no tiene papel que desempañar en el proceso de redistribución de los distritos, salvo el poder del veto sobre los mapas resultantes.

Lo paradójico de este caso es que el Partido Republicano, al que pertenece DeSantis, es quien controla el Congreso estatal y no debería haber existido contradicciones entre el resultado de los mapas y el visto bueno del mandatario. Sin embargo, sí la hubo.

En opinión del senador Manny Díaz, presidente del Partido Republicano de Florida, la sesión especial que comenzó el 19 de abril “da la oportunidad a los legisladores de revisar una propuesta de mapa y enmendarla hasta tener un producto final que el gobernador pueda firmar”.

Díaz considera que, “aunque no se había visto antes [que el gobernador propusiera los mapas] no es nada fuera de lo normal, al ser una propuesta que requiere su firma como parte del proceso”.

Separación de poderes

Por su parte, la senadora estatal demócrata Annette Taddeo, quien llamó a boicotear la sesión especial, pone el foco en algo que considera fundamental para la democracia, la separación de poderes.

“Estamos entregando al gobernador nuestra autoridad como una rama de gobierno separada e igualitaria. Es [nuestra competencia] redistribuir los distritos. [No hacerlo], es una abdicación de nuestras responsabilidades como cuerpo electo”.

“A pesar de que la Constitución dice que la legislatura (Congreso estatal) dibuje los mapas, y que ésta es la que los aprueba y se los manda al gobernador, me parece increíble que estemos dejando a un lado la separación de poderes y haciendo lo que el gobernador diga”, insistió en una cadena de tuits y declaraciones a distintos medios.

La senadora fue más allá al afirmar que “las democracias no se convierten en autocracias de la noche a la mañana. Ocurre de forma lenta pero segura, en manos de personas como Ron DeSantis, que descartan el proceso constitucional, mientras que el liderazgo republicano opta por mirar hacia otro lado”.

Para Taddeo, quien aspira a representar a su partido en las elecciones por la gobernación en noviembre, lo correcto es que "los votantes decidan quién escoge a los políticos y no los políticos escojan cuáles son sus votantes”.

La polémica está abierta, el tema es complejo y lleno de aristas, sea cual sea el resultado de la sesión especial, las cortes tendrán mucho que aportar. ¿Es constitucional el dibujo del distrito 5? ¿Es constitucional la propuesta del gobernador o es una intromisión en el área legislativa o es simplemente colaboración?

Al cierre de esta edición, el Senado estatal había aprobado la propuesta hecha por DeSantis; el paso siguiente corresponde a un análisis en la Cámara Baja. Si ahí resulta ratificado, entonces regresa al Senado y se confirma.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce

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