Miami-Dade avanza hacia la expropiación del depósito de combustible clave para PortMiami

Aunque técnicamente la medida consistió en una corrección de la descripción legal de las parcelas sujetas a expropiación, el debate reveló una vez más las profundas diferencias sobre cómo el condado llegó a este punto y cuánto podría costarle a los contribuyentes seguir esperando.

La instalación, ubicada en Fisher Island, es considerada por la administración y por una amplia mayoría de la Comisión como una infraestructura crítica para la continuidad operativa de PortMiami, uno de los motores económicos más importantes de Florida. La propia resolución recuerda que el puerto genera un impacto económico estimado en 61.400 millones de dólares para el estado y sostiene más de 340.000 empleos directos e indirectos.

Una corrección técnica con enormes implicaciones

Durante la discusión, el comisionado Roberto González preguntó por qué el asunto regresaba al pleno si la Comisión ya había autorizado el dominio eminente meses atrás.

La respuesta la ofreció el vicealcalde adjunto Roy Coley, dijo que la resolución aprobada anteriormente incluía un folio que no debía formar parte de la expropiación. Lo que votamos hoy, explicó, fue una aclaración de la descripción legal del terreno para delimitar con mayor precisión la propiedad objeto del procedimiento.

Más tarde, durante una rueda de prensa tras la votación, Coley insistió en que se trataba esencialmente de una medida de "limpieza administrativa”.

Ya que el "el otoño pasado la Comisión autorizó a la administración a negociar la compra de la propiedad y, si esas negociaciones fracasaban, iniciar procedimientos de dominio eminente. Desde entonces se identificó que la descripción legal podía reducirse a una huella ligeramente menor que la contemplada originalmente", explicó.

Cómo se llegó hasta aquí

La rueda de prensa posterior al voto permitió volver sobre parte de la historia detrás de una controversia que ha escalado hasta los tribunales. Según Coley, el depósito fue construido en 1924 por Belcher Oil y desde entonces ha pasado por al menos seis propietarios diferentes entre compañías petroleras y sociedades de inversión.

Durante décadas, dijo, el condado nunca mostró interés en operar directamente una terminal de combustible.

"El puerto nunca ha estado en el negocio de vender combustible. Siempre ha sido una operación privada que abastece tanto a cruceros como a buques de carga", explicó.

El problema surgió cuando la propiedad volvió a salir al mercado.

Coley reconoció que personal del puerto tuvo conocimiento de la posible venta, pero la información nunca llegó oportunamente a los niveles superiores de decisión.

"Deberían haber llamado a la jefa", afirmó en referencia a Levine Cava. "Si lo hubieran hecho, estoy convencido de que la alcaldesa habría actuado. Cuando ella se enteró, la propiedad ya estaba comprometida con otro comprador".

El funcionario aseguró además que no tiene evidencia de que el entonces director de operaciones del condado, Jimmy Morales, conociera la situación antes que la alcaldesa.

La cláusula restrictiva que cambia la discusión

Uno de los elementos más citados durante la sesión y la posterior rueda de prensa fue la existencia de una cláusula restrictiva —un restricted covenant— que limita el uso futuro de gran parte de la propiedad.

Según Coley, aproximadamente la mitad de las diez acres que conforman el complejo están sujetas a una condición aprobada por la Comisión en la década de 1970 que obliga a mantener el terreno como instalación de suministro de combustible de manera permanente.

La disposición sigue vigente y sólo podría ser eliminada mediante una decisión legislativa respaldada por una mayoría calificada de dos tercios de la Comisión.

Para los defensores de la expropiación, ese detalle resulta fundamental porque reduce significativamente las posibilidades de transformar el terreno para usos residenciales u otros desarrollos inmobiliarios de alta densidad. Y también influye en el precio de tasación de la propiedad.

El comisionado Oliver Gilbert dejó claro que la Comisión tiene la sartén por el mango.

“Estamos hablando de una propiedad que fue concebida para ser utilizada como depósito de combustible de manera indefinida. Estamos negociando con unas personas a quienes nosotros le tendríamos que decir, que no necesitamos más ese depósito de combustible, para que ellos puedan subir el precio de la propiedad y hacernos pagar más por ello. Eso no tiene sentido”.

Fisher Island y la batalla por un asiento en la mesa

La controversia también involucra a la Asociación de Residentes de Fisher Island, que mantiene litigios tanto contra el Condado como contra los desarrolladores.

Consultado sobre las demandas de la asociación para participar en futuras conversaciones, Coley evitó comprometerse.

Explicó que cualquier negociación posterior a la presentación formal del caso de dominio eminente estará protegida por requisitos de confidencialidad y que será necesario esperar para saber quiénes terminarán sentándose a la mesa.

Mientras tanto, la administración se prepara para iniciar un nuevo período obligatorio de negociaciones de 30 días exigido por la ley estatal antes de avanzar plenamente en los tribunales.

Gilbert: “No pueden tomar ventaja del condado”

Si hubo una figura que dominó la discusión política fue el comisionado, Gilbert III quien prometió no decir “se los dije”ya que él siempre fue partidario de utilizar el instrumento del dominio inminente.

Durante la rueda de prensa, Gilbert defendió con firmeza la decisión y cuestionó abiertamente las expectativas económicas de los actuales propietarios.

"No pueden simplemente tomar ventaja del Condado. No pueden tomar ventaja de la Comisión ni de los activos de la gente", afirmó.

El comisionado recordó que el inmueble fue adquirido por aproximadamente 180 millones de dólares y cuestionó que pocos meses después se pretendiera vender al gobierno por cerca de 400 millones sin mejoras sustanciales en la propiedad.

"Eso simplemente no tiene sentido", insistió.

Gilbert fue aún más lejos al describir la situación como un intento de utilizar una infraestructura estratégica como herramienta de presión.

"Compraron esta propiedad sabiendo que la necesitábamos y luego la mantuvieron como rehén", declaró.

En su opinión, si las partes no logran alcanzar un acuerdo razonable, corresponderá a un jurado determinar el valor justo del terreno.

El argumento económico: el costo de esperar

La discusión también giró en torno a una pregunta central: ¿qué cuesta más, adquirir la instalación actual o construir una nueva?

Gilbert sostuvo que todos los estudios disponibles apuntan a que rehabilitar el depósito existente resulta considerablemente más económico que desarrollar una terminal completamente nueva.

Además, vinculó directamente el funcionamiento del puerto con la economía regional.

"Si dañamos a la industria de cruceros, dañamos al aeropuerto", afirmó durante la sesión. "Miles de personas vuelan a Miami para embarcarse en esos cruceros".

La referencia conecta con un argumento repetido por los partidarios de la expropiación. PortMiami y el Aeropuerto Internacional de Miami forman parte de un mismo ecosistema económico.

Para Gilbert, seguir posponiendo la decisión sólo encarece el problema.

"La alternativa es esperar y pagar más", dijo.

Esa idea fue precisamente uno de los principales puntos de fricción con la comisionada Raquel Regalado.

La voz disidente

Regalado fue la única integrante de la Comisión que votó en contra.

La comisionada argumentó que el organismo legislativo aún no dispone de toda la información necesaria para tomar una decisión de tal magnitud y pidió regresar a la mesa de negociaciones.

"Estamos tomando una decisión importante sin la información suficiente", advirtió.

Regalado solicitó explorar ubicaciones alternativas para una futura terminal de combustible antes de seguir adelante con el dominio eminente.

"Yo pido, por favor, regresar a la mesa y tener una conversación real sobre otra ubicación antes de continuar con el dominio eminente", afirmó.

Posteriormente también expresó dudas sobre el estado de la instalación, llegando a describirla como un posible "dinosaurio" industrial cuya modernización podría resultar costosa.

Gilbert rechazó ese planteamiento y respondió que prolongar el proceso sólo incrementará el precio final para los contribuyentes. Varios especialistas presente en el pleno explicaron porqué era inviable buscar otro terreno en el area y el costo y las complejidades de construir un depósito de combustible nuevo sería superior.

Un amplio respaldo en la Comisión

Más allá de la oposición de Regalado, la resolución encontró respaldo entre la mayoría de los comisionados.

La comisionada Vicky López recordó que no formó parte de las discusiones iniciales de septiembre y octubre, cuando comenzaron las negociaciones y se autorizó la posibilidad del dominio eminente, pero afirmó que la relevancia estratégica del puerto hace difícil entender por qué el asunto sigue siendo objeto de debate.

"Estamos hablando del principal puerto de cruceros del mundo y de uno de los puertos de carga más importantes de Estados Unidos", señaló. "Se lo debemos a nuestra economía y a los trabajadores del puerto".

La votación deja ahora a la administración de Levine Cava lista para iniciar la siguiente fase del proceso. Se corresponde un nuevo período formal de negociación con los propietarios. Si no hay acuerdo, Miami-Dade se encamina hacia una batalla judicial que determinará cuánto vale realmente una instalación que, para la mayoría de la Comisión, es demasiado importante para dejarla escapar y demasiado costosa para seguir esperando.

cmenendez@diariolasamericas.com

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