MIAMI.— La Comisión de Miami tiene previsto examinar el jueves una ordenanza que eliminaría programas municipales de diversidad y modificaría las funciones de su junta asesora LGBTQ para adaptar el código local a una ley de Florida que entrará en vigor el 1 de enero.
Miami propone eliminar programas de diversidad y reducir funciones de su junta LGBTQ
La Comisión examinará cambios para ajustarse a una ley estatal que entrará en vigor en enero, mientras el comisionado Damián Pardo anunció su oposición a la propuesta
La iniciativa figura entre las ordenanzas en primera lectura y su aprobación inicial no convertiría inmediatamente los cambios en definitivos, pues el texto tendría que regresar a la Comisión para una segunda votación.
Qué cambiaría en el Ayuntamiento
El proyecto derogaría las disposiciones que regulan los programas de igualdad de oportunidades y diversidad, la política municipal denominada “acción afirmativa” y la junta asesora de igualdad de oportunidades.
La acción afirmativa se refiere, en términos generales, a medidas destinadas a ampliar las oportunidades de grupos que han sufrido discriminación. En el código de Miami, la política incluye el compromiso de considerar a aspirantes y empleados sin distinciones por características como raza, religión, sexo, edad u origen nacional.
La junta LGBTQ, dedicada a asuntos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero, permanecería formalmente constituida, pero perdería atribuciones como presentar recomendaciones, promover negocios de esa comunidad y estudiar problemas que afectan a sus integrantes.
El texto también prevé trasladar a Recursos Humanos los procedimientos para recibir e investigar denuncias de discriminación y represalias laborales, conforme a las disposiciones permitidas por la legislación estatal.
Qué exige la ley de Florida
La norma estatal procede del proyecto SB 1134, impulsado por el senador republicano Clay Yarborough, que prohíbe a condados y municipios financiar, promover o adoptar determinadas iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, conocidas como DEI por sus siglas en inglés.
La ley prohíbe utilizar criterios como raza, sexo, origen étnico u orientación sexual para determinar la composición de las plantillas, otorgar beneficios preferenciales u organizar programas y actividades. La restricción no incluye las medidas destinadas a garantizar que la contratación de personal cumpla las leyes estatales y federales contra la discriminación.
También impide destinar fondos a oficinas o funcionarios encargados de esas iniciativas y permite que residentes demanden a gobiernos locales por incumplimiento.
Sin embargo, la legislación conserva excepciones para cumplir obligaciones estatales y federales, divulgar información contra la discriminación y determinadas actividades de organismos integrados por voluntarios no electos. La norma fue aprobada por 25 votos contra 11 en el Senado y 77 contra 37 en la Cámara.
Pardo anuncia su rechazo
Entretanto, el comisionado Damián Pardo anunció que votará en contra de la ordenanza y sostuvo que sus consecuencias alcanzarían tanto a los residentes como a la economía y a la imagen internacional de Miami.
En declaraciones al medio The Florida Trib, el legislador municipal, quien anteriormente integró la junta asesora LGBTQ, cuestionó la reducción de sus atribuciones.
En un comunicado, Pardo calificó la ley estatal como una intervención excesiva en asuntos municipales y pidió su derogación. A su juicio, la norma afecta específicamente a residentes homosexuales, personas transgénero y otros grupos.
La propuesta municipal incluye una disposición para restituir las atribuciones de la junta LGBTQ si la ley estatal fuera derogada o declarada inconstitucional. Por ahora, tanto la primera votación como una eventual aprobación definitiva permanecen pendientes.
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