Miedo cambia la rutina en Miami-Dade bajo ofensiva migratoria

La pareja venezolana fue interceptada alrededor de las 11:49 p. m. y quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según sus familiares, ambos ingresaron legalmente a Estados Unidos con visa en 2021, tienen solicitudes de asilo pendientes y carecen de antecedentes criminales.

Desde entonces, Daniela, de 21 años, intenta comprender un sistema que separó a su familia en cuestión de minutos. Una amiga abrió una campaña en GoFundMe para cubrir fianzas, honorarios de abogados y otros gastos del proceso. Hasta la tarde del martes 15, la colecta superaba los 23.500 dólares, aportados por casi 500 personas.

La escena dejó de ser un episodio aislado. Durante las últimas semanas, familias de Doral, Sweetwater, Miami, Miami Beach, Homestead y otras zonas del sur de la Florida han denunciado detenciones en carreteras, lugares de trabajo, estacionamientos y citas migratorias.

Los relatos tienen elementos comunes: personas con permisos de trabajo, licencias de conducir y solicitudes pendientes que, pese a no tener historial delictivo, terminaron detenidas, de acuerdo con el relato de familiares o personas allegadas.

Lo cierto es que no todos los avisos difundidos en redes sociales han podido ser corroborados y la palabra “redada” se utiliza con frecuencia para describir desde un arresto individual hasta un despliegue de varios agentes.

Sin embargo, los casos identificados, las declaraciones de familiares y el aumento nacional de las detenciones revelan una política migratoria más amplia que ya transformó la rutina de la comunidad.

De camino al trabajo

Pero hay más casos llamativos. Humberto Castro, venezolano de 59 años y residente de Doral desde hacía ocho años, conducía hacia su empleo cuando agentes migratorios lo detuvieron.

Según información proporcionada por su familia, Castro tiene una solicitud de asilo pendiente y un permiso de trabajo válido hasta 2030. Además, habría ingresado a Estados Unidos con visa y no tendría antecedentes criminales.

El arresto provocó temor entre sus familiares, quienes aseguraron haber recuperado una sensación de persecución e inseguridad que creían superada después de abandonar Venezuela.

Otro caso es el de Juan Sebastián Nava Mendoza, 22 años, estudiante de Arquitectura de Florida International University. Llegó a Estados Unidos en diciembre de 2013, cuando tenía nueve años, y pasó más de la mitad de su vida en el país.

Fue detenido en el área de los Everglades mientras se trasladaba en vehículo para una actividad relacionada con sus estudios, según la campaña organizada por su familia.

Durante el curso 2025-2026, Nava Mendoza recibió una beca de la Ciudad de Doral. También obtuvo en Miami Dade College un certificado como asistente de diseño computarizado. Sus familiares sostienen que no posee récord criminal y que mantiene asuntos migratorios pendientes.

Su campaña de GoFundMe, destinada a sufragar representación y trámites legales, acumulaba más de 23.400 dólares de una meta de 28.000.

Las solicitudes de ayuda pública se han convertido en otra consecuencia de los arrestos. A la ausencia repentina del principal sustento económico se agregan fianzas, consultas, comparecencias, traslados y honorarios que pueden alcanzar decenas de miles de dólares.

Casos pendientes bajo custodia

El abogado de inmigración John de la Vega confirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS que su oficina observa “una tendencia de aumento de detenciones por parte de ICE en Doral y también en la zona de Sweetwater”.

De la Vega aseguró conocer varios casos de personas arrestadas pese a tener solicitudes de asilo pendientes, permisos laborales vigentes y licencias de conducir al día.

“Estamos viendo hoy en día un número altísimo de personas sin récord criminal que el Gobierno está deteniendo”, aseveró.

Tener una petición migratoria pendiente o autorización para trabajar no equivale necesariamente a conservar un estatus migratorio vigente ni impide automáticamente una detención. Esa distinción, difícil de comprender para numerosas familias, se encuentra en el centro de la actual ofensiva.

Según el abogado, también se han registrado detenciones de personas con solicitudes de residencia pendientes, algunas casadas con ciudadanos estadounidenses, y de inmigrantes con trámites de visa U o peticiones bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, conocida como VAWA.

De la Vega recomendó mantener actualizados el permiso de trabajo y la licencia de conducir, cumplir las citas de huellas e inmigración y reforzar los expedientes con pruebas que respalden cada solicitud.

Advirtió, además, que las primeras horas posteriores a una detención suelen estar marcadas por la incertidumbre.

“Usualmente, cuando ICE detiene a un inmigrante, el proceso tarda de 24 a 48 horas para que aparezca en el sistema”, explicó. “Las primeras horas son críticas y el Gobierno está tardando demasiado tiempo” en facilitar la ubicación.

El jurista también alertó sobre presuntos problemas de capacidad en las instalaciones migratorias de Miramar. Dijo conocer casos de detenidos liberados durante el fin de semana anterior y citados para regresar días después.

“La cantidad de detenidos era una cosa impresionante y era visible que no había capacidad para tener a tantas personas presas allí”, recalcó, con base en testimonios recibidos por su oficina.

Republicanos elevan críticas

El concejal de Doral Rafael Pineyro, quien se identifica como republicano, consideró que pertenecer al partido que controla la Casa Blanca no le impide cuestionar la manera en que se ejecutan las políticas migratorias.

“El hecho de que seas parte de un mismo partido que está actualmente en la Casa Blanca no quiere decir que no puedas tener diferencias”, manifestó a este medio.

A su juicio, resulta “inhumano, injusto y no coherente” detener y tratar como criminales a personas que mantienen procesos migratorios activos y no registran antecedentes penales.

Pineyro remitió comunicaciones a funcionarios y legisladores federales y aseguró haber presentado información recopilada con el respaldo de abogados migratorios del sur de la Florida. De acuerdo con el concejal, los casos documentados en Doral corresponden a personas con trámites en curso.

“Aquí no se les está diciendo que dejen de llevar a cabo sus políticas migratorias, pero que sepan distinguir criminales de familias”, subrayó.

El dirigente también denunció que algunos detenidos habrían permanecido entre cinco y siete días sin poder bañarse y en condiciones que calificó de inhumanas.

Pineyro admitió que los operativos parecen haber disminuido durante los últimos días, pero aclaró que el gobierno municipal no ha recibido una comunicación de ICE que confirme un cambio de estrategia.

El concejal y la alcaldesa Christi Fraga han pedido revisar las detenciones de personas sin antecedentes. Pineyro advirtió que la continuidad de esas acciones podría tener consecuencias electorales para los republicanos en noviembre.

Como parte de su respuesta, su oficina anunció una jornada gratuita de orientación migratoria para el lunes 21 de septiembre, de 4:00 a 7:00 p. m., en Albizu University, con participación presencial y virtual.

Comercios bajo presión

El impacto ya se siente fuera de los hogares. El empresario Máximo 'Max' Álvarez, presidente de Sunshine Gasoline Distributors y propietario de El Arepazo, afirmó que “no he autorizado operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)” y “adoptaré medidas para impedir que ocurran dentro de la propiedad”.

“Si lo están haciendo, están en contra de mi voluntad y yo voy a asegurarme de que eso no pase ahí”, aseveró Álvarez en declaraciones exclusivas a este rotativo, tras ser consultado sobre versiones difundidas en redes sociales acerca de presuntas acciones de agentes migratorios en ese establecimiento.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que ICE haya ejecutado una redada dentro de El Arepazo. Sin embargo, residentes han reportado la presencia de agentes federales en diferentes sectores de Doral, mientras algunas familias modificaron sus actividades cotidianas por temor a posibles detenciones.

Entretanto, Álvarez manifestó su respaldo a la aplicación de las leyes migratorias, pero cuestionó que los operativos alcancen a trabajadores sin antecedentes criminales.

“Todos nosotros vivimos en un país de leyes y estamos de acuerdo con que los inmigrantes ilegales han violado la ley”, resaltó. No obstante, consideró que las autoridades “deben de concentrarse en buscar a los criminales”.

El empresario pidió que ICE no acuda a lugares de trabajo para detener indiscriminadamente a empleados. “Por favor, no deben de estar molestando a quienes están trabajando en Homestead o en las estaciones de gasolina o en los negocios pequeños, porque eso no es correcto”, sostuvo.

A su juicio, las autoridades deberían revisar individualmente la situación de quienes no tienen historial delictivo. “Bota al que ha cometido un crimen, ese lo tienes que botar mañana. Pero a los otros, eso es un caso, caso por caso, que tenemos que ver por qué llegaron, quiénes son, qué es lo que están haciendo”, expresó.

Álvarez agregó que “hay muchísima gente que está aquí que adora a este país, que es productiva, como fuimos nosotros cuando llegamos aquí”.

El empresario también alertó que los operativos podrían erosionar el respaldo electoral de sectores cubanos, venezolanos y nicaragüenses que se identifican con el Partido Republicano.

“Vamos a perder las elecciones; vamos a perder todo de verdad, inclusive a los inmigrantes”, opinó Álvarez, quien exhortó a los legisladores del sur de Florida a intervenir.

Periodista entre los detenidos

La ofensiva migratoria alcanzó el lunes 14 al periodista nicaragüense Luis Manuel Galeano, director del espacio Café con Voz, cuando trabajaba como conductor de Uber en Orlando.

Durante una comunicación de apenas unos segundos, avisó a su esposa, Deykell Santamaría: “Estoy detenido por ICE. No sé dónde estoy”. Luego pidió que contactara a su abogado y a otros periodistas.

Galeano salió de Nicaragua en 2018 tras una orden de captura emitida en medio de la persecución contra comunicadores independientes. Solicitó asilo en Estados Unidos en 2019 y continuó desde el exilio su trabajo crítico contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En 2023, el gobierno nicaragüense lo declaró “traidor a la patria”, le confiscó sus bienes y lo despojó de la nacionalidad. Posteriormente recibió la nacionalidad española por carta de naturaleza.

La Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas reclamaron su liberación, acceso a una defensa adecuada y garantías de que no sea enviado a un país donde pueda enfrentar persecución.

Una política nacional

La preocupación de Doral llegó hasta Tom Homan, zar fronterizo de la Administración Trump. Consultado sobre el temor existente en una comunidad venezolana que respaldó mayoritariamente al mandatario republicano en 2024, defendió la estrategia.

“Quienes apoyaron al presidente Trump votaron por él para que hiciera cumplir las leyes de inmigración y asegurara la frontera. Así que estamos cumpliendo las promesas del presidente Trump”, respondió.

“Tenemos la frontera más segura de la historia y operaciones de deportación como nunca antes se habían visto. Eso es lo que estamos haciendo en todo el país”, agregó.

Las cifras reflejan la magnitud del giro. Los arrestos migratorios alcanzaron casi 51.000 en agosto, el tercer récord mensual consecutivo, mientras las deportaciones se mantuvieron en unas 1.200 diarias, según datos gubernamentales.

Más de tres cuartas partes de las personas detenidas recientemente no tenían condenas criminales. Muchas contaban con solicitudes de asilo, residencia u otros recursos pendientes que impiden una expulsión inmediata. El Departamento de Seguridad Nacional niega que existan cuotas de arrestos.

La cooperación con agencias estatales y municipales también se amplió mediante el programa 287(g), que permite delegar funciones migratorias limitadas a agentes locales capacitados y supervisados por ICE.

Doral suscribió un acuerdo bajo el modelo de fuerza de tarea, aunque Pineyro remarcó que el Departamento de Policía local aún no cuenta con las credenciales necesarias para operar bajo ese esquema.

Así, una política diseñada en Washington se manifiesta en el sur de la Florida en escenas cada vez más próximas: una hija que espera a sus padres, un estudiante apartado de sus clases, un periodista que solo alcanza a realizar una llamada y comercios donde las mesas permanecen vacías.

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